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En la Sala de la Cámara de Diputados, entre todos los proyectos que tenían que votarse este miércoles, hubo uno que desapareció de la tabla, y eso que contaba con urgencia. Se trata de una iniciativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para concesionar terrenos que pertenecen al Estado y que en la actualidad están en desuso, para construir casas y edificaciones para los beneficiarios con el subsidio de arriendo. Pero el porcentaje de esto es menor, ya que dispone que el resto del terreno podrá ser usado por la inmobiliaria para ser explotado «comercialmente por un período determinado». Esto, según el diputado frenteamplista y presidente de la comisión de Vivienda, Gonzalo Winter, pasaría a llevar incluso las regulaciones comunales.
Durante la jornada, todos los ojos han estado puestos en el Senado, donde los parlamentarios votan la Ley Corta Antiterrorista impulsada por el Gobierno tras el último atentado a una comisaría en Huechuraba. Mientras eso sucedía en la Cámara Alta, en la otra Sala, en la de diputados, hoy votaban una modificación al Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes, la creación de la asignatura de Memoria y Derechos Humanos, y la desconexión digital de los trabajadores, entre otras materias. Pero había otro proyecto, catalogado con urgencia por el Gobierno y que, sin embargo, fue retirado a última hora de la tabla.
Se trata de un proyecto de ley que permitía a los Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu) concesionar el uso de inmuebles del Estado que no se utilicen, con el objetivo de construir y administrar viviendas destinadas a beneficiarios del subsidio de arriendo. La idea, a priori, es fantástica, confiesan algunos parlamentarios, tal como se describía en el documento.
«El desafío de enfrentar el déficit habitacional existente no puede ser abordado únicamente mediante la entrega de subsidios para la adquisición de viviendas. Lo anterior es una herramienta muy poderosa para potenciar la movilidad social y habitacional, especialmente de aquellos hogares que, por diversas razones, han postergado la decisión de adquirir una vivienda propia», detallaba parte de la introducción del proyecto.
Sin embargo, el Gobierno, a través de un oficio firmado por Sebastián Piñera, le quitó la urgencia, lo que terminó con la iniciativa siendo sacada de tabla hoy.
Si dicho proyecto era tan bueno, ¿por qué lo retiraron?, se preguntaban en el Congreso. La razón emitida desde el Gobierno era que no contaban con apoyo, ya que la Democracia Cristiana y el resto de la oposición pidieron más tiempo para su estudio, porque, en caso contrario, lo rechazarían.
La decisión fue valorada por el presidente de la comisión de Vivienda, Gonzalo Winter (Convergencia Social), quien desde un inicio, cuando la iniciativa recién estaba en análisis, ya lo rechazaba porque, según él, era un «cheque en blanco» a favor de las inmobiliarias.
El proyecto en cuestión facultaba al Serviu a «concesionar, mediante licitación pública, el uso y goce de terrenos de su propiedad o de otros órganos o servicios que integren la Administración del Estado con quienes suscriban un contrato de mandado para tales efectos».
Lo anterior, con el objeto de que el ganador de la licitación esté obligado a «construir, operar y mantener viviendas u otras edificaciones, obteniendo como contraprestación el derecho a explotarlas comercialmente por un período determinado, bajo la condición de contemplar un porcentaje de viviendas destinadas a beneficiarios del subsidio de arriendo».
Es decir, los terrenos pertenecientes al Estado que no estén siendo utilizados en estos momentos, podrían entregarse a cualquier inmobiliaria, las que podrán construir en dichos lugares, dejando solo un porcentaje de viviendas para los beneficiarios del subsidio de estas. Un «cheque en blanco» literal, como lo catalogó Winter.
«El Minvu está utilizando un concepto positivo, como integración urbana, para llevar adelante una iniciativa que pretende entregarle terrenos públicos y beneficios normativos al sector privado a cambio de prácticamente nada», agregó Winter.
Según el parlamentario, «este es un proyecto que solo beneficia al sector inmobiliario y fomenta la desregulación urbana al pasar por sobre los planos reguladores establecidos por los municipios y las comunidades. Es como un anillo a la medida de las inmobiliarias: terreno público y sin regulación». Es decir, estas concesiones pasarían por sobre los planes reguladores de los municipios, por orden del nivel central.
En la iniciativa se destaca que, a pesar de la concesión a la respectiva inmobiliaria, el Serviu no se desprende de la propiedad del suelo, sino únicamente de los derechos de uso. Por lo que, una vez finalizada la concesión, «el terreno y las viviendas y edificaciones allí construidas serían restituidos al Servicio, el que podría disponer de dichos bienes en conformidad a la legislación vigente». Después los podrá volver a licitar si lo considera, con la plusvalía de ese momento.
«Ya le hemos advertido al Gobierno que, tal como está, es muy difícil que se apruebe este proyecto. Por eso, ayer le retiraron la urgencia, no tenían los votos», agregó Winter. Y el Gobierno tendrá dificultades para dar vuelta la situación, asegura el diputado.
