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Crédito: Agencia UNO
La Tercera Sala de la Corte Suprema decidió retrotraer el proceso al Tribunal Ambiental de Antofagasta y será esta entidad la que deberá pronunciarse sobre “el carácter completo de los antecedentes del proyecto y la estricta evaluación ambiental del mismo y la refutación de los antecedentes técnicos esgrimidos por el Comité de Ministros para rechazar el proyecto”. En el mundo ambientalista y científico hay satisfacción. Así lo graficó Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana, quien señaló que “la sentencia de la Corte Suprema termina por sepultar el proyecto”. El fallo era esperado con expectación también en el Gobierno por su eventual impacto en la agenda “verde” que ha desplegado de cara a la COP25. [ACTUALIZADA]
En un fallo esperado hace meses, la Tercera Sala de la Corte Suprema acogió los tres recursos de casación presentados por ambientalistas y organizaciones ciudadanas, rechazó la reclamación de Andes Iron (la empresa controlada por Carlos «Choclo» Délano, amigo del Presidente Sebastián Piñera) y devolvió el caso al Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta para que se pronuncie respecto al fondo del tema.
La decisión fue adoptada por la sala integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Ricardo Blanco y Ángela Vivanco, y con el voto en contra del ministro Arturo Prado “quien estuvo por no emitir pronunciamiento en relación a los vicios formales acusados en la reclamación de Andes Iron SpA como tampoco disponer el reenvío al tribunal 184 de base”, señala la resolución.
En los hechos, el fallo del máximo tribunal retrotrae el proyecto que pretende extraer hierro y cobre en la comuna de La Higuera y que es resistido por organizaciones agrupadas en la Alianza de Humboldt, que han llevado a cabo una cruzada para proteger la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, un enclave invaluable de diversidad marina.
En definitiva, la resolución de la Suprema establece que será el Tribunal Ambiental el que debe decidir el fondo sobre “el carácter completo de los antecedentes del proyecto y la estricta evaluación ambiental del mismo y la refutación de los antecedentes técnicos esgrimidos por el Comité de Ministros para rechazar el proyecto”.
El fallo era esperado con expectación también en el Gobierno dado que una eventual luz verde para la iniciativa –resistida por organizaciones ecologistas y científicas- podría convertirse en un verdadero “fierro caliente” para el Ejecutivo de cara a la COP 25 de diciembre próximo.
En el mundo ambientalista y en la comunidad científica hubo satisfacción con la resolución judicial. Así lo graficó Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana, quien señaló a El Mostrador que “la sentencia de la Corte Suprema termina por sepultar el proyecto minero portuario Dominga porque rechaza que el Comité de Ministros y la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo hayan incurrido en algún tipo de vicio, que es lo que esgrimía Dominga. Ahora el Tribunal Ambiental tendrá que ver los temas de fondo que son la deficiencia en línea de base y donde prácticamente todos los científicos relevantes del país han señalado que es insuficiente”.
También el doctor Carlos Gaymer, biólogo marino de la Universidad Católica del Norte y director el Núcleo Milenio de Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas (ESMOI), se mostró satisfecho con la decisión de la Suprema, al señalar que la decisión fue acertada. «Es una decisión acertada por la Corte Suprema, me parece que va acorde a la fundamentación contundente que hay sobre la importancia de esta área y los fundamentos que hubo para rechazar el proyecto que tenía deficiencias muy grandes que no se hacían cargo de la importancia de esta área, que es un área de importancia mundial».
Gaymer agregó que «me parece que el hecho de que esto se devuelva al Tribunal Ambiental, donde el Tribunal Ambiental realmente no hizo un análisis del proyecto en sí, sino que vio el tema de forma, me parece apropiado que el análisis que se tenga que hacer revise justamente el fondo, y el fondo tiene que ver con las deficiencias del proyecto, y que obviamente justifican ampliamente en base a la información cientifíca disponible. El rechazo que ocurrió tanto por la Comisión Regional, como por el Comité de Ministros».
«Claramente yo esperaría que el Tribunal Ambiental que tenga que ver esto, revise realmente los argumentos de fondo y no falle por la forma, sino que por el fondo, y en el fondo los argumentos son contundentes para rechazar un proyecto que desde el inicio sabemos que es deficiente», finalizó.
También manifestó su satisfacción la presidenta del Consejo Consultivo de la Reserva Nacional Pinguino de Humboldt y presidenta del Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera (MODEMA). «Para nosotros, aunque (la Corte Suprema) haya mandado ésto al Tribunal Ambiental de vuelta, le hace ciertas exigencias, y esas exigencias fueron las que ellos no tomaron en cuenta, como fue el tema ambiental, como temas científicos que son de gran relevancia. Esto ya es otra pata más que hemos ganado en esta batalla, y para nosotros esto es muy importante porque significa que sí tenemos razón con lo que hemos defendido siempre».
Rojas consideró que con el fallo de la Suprema, la situación de Dominga queda cuesta arriba. «Creemos que ahora se le va a ir muy cuesta arriba a la minera, porque esto no creo que demore menos de un año, y por lo tanto creemos nosotros que la empresa va a tener ciertas dificultades. Ya hace cinco años que estamos en esto. Además, ahora viene la COP (…) en la cual nosotros vamos a denunciar todo lo que hemos tenido que hacer, porque si no en este minuto tendríamos tres termoeléctricas, una minera y cuatro megapuertos».
Otro de los que reaccionó al fallo fue César Villarroel, miembro de la Alianza de Humboldt y director del documental
«Archipiélago de Humboldt, paraíso en peligro». «El fallo de la corte suprema en relación al proyecto Dominga, al menos en el voto del ministro Claro, recoge nuestra opinión en el sentido de que el proyecto no cuenta con una línea de base marina seria. Esperamos que el tribunal ambiental, integrado por ministros no inhabilitados, se haga cargo de las deficiencias de fondo del proyecto y que se confirme el rechazo del mismo», sostuvo.
«Lo hemos repetido, siempre ha sido evidente qué hay una deficiencia en la línea base , se tomaron muestras en invierno, cuando no es el momento en que transitan los cetáceos por la zona. Cualquiera que vaya hoy al área se encontrará con delfines y ballenas», complementó.
Para el director nacional de Greenpeace, Matías Asún, el fallo de la Corte Suprema representa un paso relevante, pero no definitivo, para preservar el Archipiélago de Humboldt.
Para Asún, llama la atención «que nuevamente sea la Corte Suprema la que señale el camino que se debe seguir en materia de protección ambiental. Ojalá el gobierno comprenda que debe estar más cerca de las personas y el cuidado del patrimonio medioambiental del país y más lejano de las empresas y la defensa de proyectos que en el momento de emergencia climática que enfrentamos resultan completamente inadmisibles».
El presidente ejecutivo de la compañía minera Andes Iron, Iván Garrido, manifestó respecto al fallo de la Corte Suprema que la compañía «reitera su compromiso invariable de cumplir con los más altos estándares en materia ambiental. Por eso valoramos positivamente, tal como lo dispone la sentencia del máximo tribunal del país, que los tribunales ambientales deban pronunciarse sobre el fondo de los aspectos jurídicos ambientales del proyecto, pues tenemos plena confianza acerca del carácter completo, exhaustivo y sólido de la evaluación ambiental que se hizo a Dominga».
Garrido recordó que «el Servicio de Evaluación Ambiental, una vez culminado un riguroso proceso de evaluación ambiental, procedió a dictar el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), resolución que recomienda a la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo, aprobar el proyecto minero Dominga, precisamente por cumplir rigurosamente con la normativa ambiental vigente en el país».
Finalmente, el Alto Ejecutivo de la Compañía, señaló que «tenemos la convicción que las características de este proyecto son plenamente compatibles con los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en lo relativo a la protección del medio ambiente y a la biodiversidad existente en la zona, así como cumple totalmente con la legislación nacional medioambiental. Tenemos la certeza de que podremos reafirmar ante los tribunales ambientales que el proyecto concilia, en base a los mejores estándares, el desarrollo minero -con implicancias locales y nacionales- con la protección del medio ambiente».
