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Brito agregó que «el problema no consiste únicamente en una cuestión relativa a los sueldos, sino en el abandono de una sostenida política pública de remuneraciones, que ha producido -junto a otras decisiones- incuestionables progresos en el sistema de justicia».
El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, consideró como un tema «altamente complejo» la propuesta que busca rebajar en un 50% la remuneración de los funcionarios del Poder Judicial, y advirtió de las «consecuencias institucionales» que podría traer.
«En esta oportunidad muy brevemente, quiero compartir con ustedes nuestra preocupación por las consecuencias institucionales que podrían derivar de la propuesta parlamentaria de disminución de remuneraciones», partió diciendo Brito durante la ceremonia de juramento de abogados llevada a cabo este viernes.
Brito agregó que «el problema no consiste únicamente en una cuestión relativa a los sueldos, sino en el abandono de una sostenida política pública de remuneraciones, que ha producido -junto a otras decisiones- incuestionables progresos en el sistema de justicia».
Para Brito, esta política pública ha constituido «una condición fundamental de estabilidad para permitir el reconocimiento y protección de los derechos de todas las personas, cual es, precisamente, la función esencial encomendada a la judicatura por la Constitución Política de la República, y, por cierto, lo que esperan los ciudadanos y, también lo que queremos realizar los jueces».
«Sin duda se trata de un tema altamente complejo y difícil de abordar en una ocasión como ésta, con la detención que amerita», sostuvo.
Haroldo Brito es la segunda autoridad de la Corte Suprema que se refiere a este proyecto de rebaja de sueldos. El jueves hizo lo propio el vocero del máximo tribunal, Lamberto Cisternas, quien sostuvo que esta iniciativa «puede atentar contra la independencia de los jueces».
