PAÍS
Crédito: Agencia UNO
La vista del proyecto, en tercer trámite constitucional comenzó este miércoles, pero aún quedan 39 parlamentarios inscritos para intervenir en el debate. El proyecto fue aprobado por el Senado con modificaciones, por lo que la Cámara debe pronunciarse respecto a estos cambios. Pero la oposición ha advertido que iniciativa del Gobierno podría ser derivada a Comisión Mixta e incluso terminar en el Tribunal Constitucional.
La votación del polémico proyecto de ley antisaqueos y antibarricadas, que incluye sanciones a “el que baila pasa” fue postergada para mañana en la Cámara de Diputados. La jornada estuvo marcada por dos hechos: el ministro del Interior Gonzalo Blumel no logro cuadrar los votos de la DC para conseguir el despacho de esta iniciativa en el tercer trámite y aún quedan pendientes 39 parlamentarios para intervenir en el debate.
El proyecto fue aprobado por el Senado con modificaciones, por lo que la Cámara debe pronunciarse respecto a estos cambios. Pero la oposición ha advertido que el proyecto podría ser derivado a Comisión Mixta. Incluso, algunos sectores, como el Frente Amplio, ya anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional para impugnar la iniciativa.
Durante el debate de este miércoles, en el oficialismo se cuadraron con el proyecto que forma parte de la agenda de seguridad del Gobierno. “Me temo que en este Parlamento hay parlamentarios que justifican la violencia como forma de expresión ciudadana”, dijo Patricio Melero (UDI).
También hay algunos parlamentarios DC que se comprometieron a votar a favor, tal como lo hizo el diputado DC Matías Walker. «Una mujer, madre de familia, se ha obligado a bajarse de un auto para bailar cuando está con sus niños, con sus guaguas, dentro del auto. ¿Eso no tiene que tener una sanción? Por supuesto que tiene que tener una sanción. Acá tenemos que fijar un principio, ¿estamos o no de acuerdo en que abusar de la protesta para generar hechos de violencia tiene que tener un desvalor o no? Claro que tiene que tener un desvalor», justificó.
Pero en el resto de la oposición, el rechazo es absoluto. Andrea Parra (PPD) señaló que “no vamos a estar disponibles para que un mal proyecto hoy meta gente presa por años de años, incluso con penas más gravosas que un homicidio simple”, mientras su colega Claudia Mix (Comunes) sostuvo que “a través de este proyecto de ley el Gobierno busca perseguir y legalizar los abusos que las policías han llevado a cabo durante estos casi tres meses de protestas y manifestaciones”.
También hubo reclamos airados con los cambios introducidos por el Senado, como lo hizo ver Marcelo Schilling (PS). “Yo no voy a apoyar un proyecto que es devuelto de la Cámara Alta, que lo único que le falta es que pidan pelucas para parecerse a la Cámara de los Lores, de Gran Bretaña”, indicó.
Este jueves vence la discusión inmediata establecida por el Gobierno para este proyecto que en su paso por el Senado también cambió de nombre al de “modifica el Código Penal para tipificar acciones que atenten contra la libertad de circulación de las personas en la vía pública a través de medios violentos e intimidatorios y que fija penas para el saqueo en casos de calamidad y alteración del orden público”.
El Senado además introdujo un nuevo artículo que sanciona al que, sin estar autorizado, interrumpa completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia, intimidación o con la instalación de obstáculos.
La pena para esto será presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días), la que se aplicará también a quienes interpongan sus vehículos en las vías. Cabe recordar, que en el primer trámite en la Cámara, el proyecto señalaba una sanción de reclusión menor en su grado medio a máximo (541 días a cinco años).
El proyecto despachado por la comisión establece una pena de 61 días a tres años para quienes lancen utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales, a personas o vehículos que se encuentren en la vía pública.
Por otro lado, el proyecto aumenta en un grado las penas privativas de libertad cuando los delitos de saqueos se registren con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público, sea que se actúe en grupo o individualmente pero amparado en éste, se aumentará la pena privativa de libertad respectiva en un grado.
