Crédito: Agencia UNO
Tras culminar una reunión con alcaldes de comunas donde hubo comisarías atacadas en las últimas jornadas, el ministro del Interior Gonzalo Blumel fue consultado por las nuevas revelaciones sobre el polémico informe big data realizado por la empresa española Alto Analytics y los nexos del Grupo Quiñenco –del empresario Andrónico Luksic- en la trama.
Sin embargo, lejos de despejar las interrogantes, el ministro se ciñó al libreto sobre el cuestionado reporte, que en su momento catalogó como "información extraordinariamente sofisticada a partir de análisis con tecnología de Big Data, que dan cuenta de antecedentes que son importantes para la investigación penal”.
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Hoy, Blumel insistió en limitar la responsabilidad del Gobierno, y reiteró que el reporte fue entregado a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) e insistió en que la ley de inteligencia establece que esta entidad puede “recopilar” información y “procesarla”.
“Las actividades de inteligencia se rigen por un marco normativo y se tratan con prudencia. Las acciones de inteligencia se ejecutan y no se comentan", añadió, al ser consultado por el rol cumplido por el exministro Rodrigo Hinzpeter (actual gerente Legal de Quiñenco) o el entonces subsecretario Rodrigo Ubilla en este episodio.
Consultado si el informe fue “gratis” o quién pagó por el reporte, insistió también, como lo ha venido señalando el Gobierno, que no hubo desembolso de recursos públicos. “Lo relevante y lo sustantivo es que no significó recursos públicos ni hubo desembolso del Estado", dijo.
Respecto a la calidad del informe, y los dichos del fiscal nacional, Jorge Abbott, quien indicó que "no hemos encontrado ningún valor”, el ministro indicó que "si ustedes leen sus declaraciones a continuación el fiscal también dice que puede contener información que podría ser relevante para las investigaciones penales, yo en esto prefiero llamar a la tranquilidad y dejar que las instituciones funcionen".
