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9 ex uniformados fueron condenados por el delito de homicidio calificado. Uno de ellos, el teniente (r) Alberto Fernández Mitchell fue condenado además como autor y enfrente el presidio perpetuo. El resto son encubridores y cuentan con penas efectivas de 5 años y un día, las que los querellantes buscan aumentar.
Se espera que en los próximos días, los querellantes en el caso Laja-San Rosendo presenten las apelaciones contra la sentencia a nueve ex carabineros por el homicidio de 19 trabajadores de Ferrocarriles y la papelera en 1973.
Los ex miembros de Carabineros condenados todavía no han sido notificados como los responsables de la masacre contra los 19 trabajadores, a un mes de la sentencia del ministro Carlos Aldana.
En esa línea, el abogado Mauricio Araneda, hijo de una de las víctimas de la matanza de Laja-San Rosendo, está a la espera de que se complete el trámite y señaló que ya decidió que va a apelar con el objetivo de aumentar las sanciones, informó Bío Bío.
Los 9 ex uniformados fueron condenados por el delito de homicidio calificado. Uno de ellos, el teniente (r) Alberto Fernández Mitchell fue condenado además como autor y enfrente el presidio perpetuo. El resto son encubridores y cuentan con penas efectivas de 5 años y un día, las que los querellantes buscan aumentar.
Además, la apelación busca revocar la absolución de los tres exejecutivos de la CMPC acusados, Pedro Jarpa, Alejandro Aguilera y Rodolfo Roman. Según Araneda, «es un tema que hemos estado siempre manteniendo como una convicción, que en el caso de los civiles a la papelera de Laja, que fueron absueltos en la sentencia definitiva, se revoque en aquella parte que los absuelve y se les condene como autores, cómplices o encubridores».
En tanto, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) apeló la parte del fallo que obliga al Fisco a pagar 3,5 millones de dólares en indemnización a los familiares de los ejecutados.
