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Crédito: Agencia Uno
Mientras el debate sobre los contenidos de la futura Constitución todavía no se instala en plenitud en la agenda pública, la encuesta Criteria arrojó algunas luces sobre lo que la ciudadanía espera de la nueva Carta Magna. En simple, “la gente quiere participar de plebiscitos, presentar proyectos de ley y no pasar todo ante el Parlamento”, y además espera que los derechos a la salud y a la educación sean garantizados y no solo reconocidos en el nuevo texto fundamental, explica Cristian Valdivieso, director de Criteria En tanto, mientras el Gobierno –como dice el experto- “sigue pegado a su agenda previa al estallido”, algunos datos del sondeo revelan el nivel de crítica a la figura presidencial, al punto que un 72% se declara favorable a aplicar en su contra para su destitución una acusación constitucional, una herramienta que siempre despierta polémica.
Los resultados de la encuesta Agenda Ciudadana de Criteria correspondiente a febrero no solo arrojaron datos en torno a la evaluación presidencial y preferencias de cara al plebiscito del 26 de abril: además, dieron luces sobre los contenidos que la ciudadanía quiere ver reflejados en el texto de la nueva Carta Fundamental, que se resumen en menos presidencialismo y más participación.
En términos generales, Cristian Valdivieso, director ejecutivo de Criteria, explica a El Mostrador que los temas preferidos por la gente reflejan de buena manera la crisis y las demandas desde el estallido social.
“Hay una tendencia de las personas a preferir que el Estado “garantice” más que «reconozca» los derechos, quiere que el Estado tenga mayor injerencia en los servicios sociales, pensiones y en la salud”, explica.
En efecto, un 80 por ciento cree que “es preferible que la solución de problemas sociales esté principalmente en manos del Estado” mientras el 20% se juega por la carta de los privados. Además, un 78% dice que “es preferible que los derechos a la salud y a la educación sean garantizados por la Constitución”.
A su juicio, “los dilemas potenciales a discutir en una Constitución llevadas a una ciudadanía, reflejan bien la crisis social por la que estamos atravesando. La gente por una parte quiere mucha más participación de las personas, que se le traspase poder a la gente, quiere participar de plebiscitos, quiere presentar proyectos de ley y no pasar todo ante el Parlamento. O sea quiere más democracia directa y participación”, añade.
En este contexto, la encuesta revela que un 70% asegura que “es preferible que un amplio número de leyes se aprueben mediante plebiscitos y referéndums”, y un 71% está a favor de que cualquier ciudadano pueda presentar proyectos de ley.
Estas demandas se reflejan también a la hora de consultar por las atribuciones del Ejecutivo. “La gente demanda menos presidencialismo, prefiere presidentes que no tengan reelección, con periodos cortos e incluso que sean destituidos por acusaciones constitucionales y que no haya tanto poder centrado en una sola persona”, comenta.
Así, un 64% está a favor de los períodos presidenciales de 4 años, como rige actualmente, y un 36% considera “preferible que el presidente o presidenta gobierne por 5 ó 6 años”. Un 60% también se inclina contra una eventual reelección y el mismo porcentaje prefiere un “sistema político en donde la centralidad es compartida por el Presidente y el Parlamento”. Pero el Legislativo no puede cantar victoria, porque un mayoritario 57% dice que “es preferible un Congreso unicameral, eliminando el Senado y dejando sólo la Cámara de Diputados”.
La figura presidencial está en entredicho también, si se considera la alta aprobación a aplicar en su contra una acusación constitucional, una herramienta que siempre despierta polémica en el Congreso. Un 72% considera que “es preferible que el Presidente o Presidenta sí pueda ser destituido por una acusación constitucional”.
Los contenidos preferidos por la gente no calzan con lo que hasta el momento ha expresado el Presidente Sebastián Piñera, quien ha intentado –sin éxito- adelantar cuáles son los temas que a su juicio deberían ser incluidos en la futura Carta Magna.
Según Valdivieso, “el Gobierno tiene la orientación en su propia agenda y pareciera que sigue pegado a la agenda previa al estallido, en la que buscaba reactivar la economía y priorizar el orden y seguridad. Los veo poco convencidos de reconocer que el problema del país son las grandes brechas de desigualdad y esa es la sensación que se instaló y el problema que hay que atacar”.
Asimismo, donde aparecen mayores controversias en el sondeo es respecto de la necesidad de un Tribunal Constitucional, un ente que ha sido foco de conflicto por sus decisiones que han revertido las leyes aprobadas en el Congreso. Un 51% dice que “es preferible que no exista” un TC, versus un 49% que opina por mantener su funcionamiento.
En materia de quórums, la opinión está dividida, porque un 52% considera “preferible un sistema donde baste el 50 por ciento más uno para aprobar cualquier ley”, mientras el 48% considera mejor que “las leyes importantes se aprueben con altos quórums en el Parlamento”.
En cuanto a la participación en el proceso constituyente, Valdivieso menciona que los chilenos ahora tienen más ganas de incidir, aun cuando existe una desconfianza generalizada: “El ciudadano sí tienen ganas de participar y los políticos deben convencerlos de que el proceso constituyente será real y cumplirá con sus expectativas de cara al proceso constituyente, ya que la percepción que tiene la gente es que el proceso sea cooptado por la clase política, la gente tiene ganas de ir a votar y de participar, pero lo que tiene es desconfianza».
