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También apuntaron a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), a la que acusaron de no considerar el contagio de estos funcionarios como accidente laboral, a pesar de recibir a diario pacientes contagiados.
La Federación Nacional de Trabajadores de Farmacias (Fenatrafar) denunció que mientras los funcionarios reclaman atención y medidas de protección básicas para su desempeño, «los gerentes de las empresas los desmienten a través de comunicados».
«Pero los hechos hablan por sí mismos, demostrando que el criterio que termina por pesar es siempre el económico por sobre el sanitario. A la muerte de dos funcionarios, se suma la reducción de las licencias médicas y el llamado de los empleadores a las madres con derecho a sala cuna a reintegrarse al trabajo», sostuvo Fenatrafar mediante un comunicado.
El pasado 20 de mayo, los funcionarios de farmacias de las cuatro cadenas más importantes del país, Salcobrand, Cruz Verde, Ahumada y Doctor Simi, dieron a conocer la noticia del fallecimiento de uno de sus miembros. El caso
de Carlos Herrera, trabajador de Farmacias Salcobrand de Quilicura, hombre de 49 años, sin enfermedades de ningún tipo, que murió en el Hospital San José, después de ser contagiado de Covid19 en su lugar de trabajo.
Lo anterior -sostienen- «puede considerarse como prueba concreta de que el sistema no está funcionando. Sin embargo, el gerente general de la empresa aludida, Matías Vedugo, hizo llegar un comunicado desmintiendo la denuncia de los trabajadores, bajando la cobertura de la noticia en varios medios de comunicación. El texto señala que desde el comienzo de la crisis sanitaria, la empresa está trabajando con todas las medias de seguridad; que se encuentra coordinada con la Asociación Chilena de Seguridad, que aplican los protocolos de sanitización, que hacen el seguimiento de los casos positivos, que monitorean el estado de salud de quienes presentan problemas de salud y que las acusaciones de los trabajadores serían falsas».
En ese sentido, denuncian que «claramente se produce un juego de verdad o mentira que no se sostiene. Cuando la pandemia se desató, las farmacias estuvieron funcionando con escasas medidas de seguridad, hasta que de tanto denunciarlo las empresas tuvieron que aplicar un protocolo diseñado con la ayuda de los funcionarios, pero con poca o nula fiscalización».
También apuntaron a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), a la que acusaron de no considerar el contagio de estos funcionarios como accidente laboral, a pesar de recibir a diario «pacientes contagiados. Los derivan a los consultorios y no les extienden las licencias necesarias. No existe seguimiento de los casos positivos ni de sus contactos más cercanos».
«Cuando alguien manifiesta síntomas de Covid19, las farmacias no controlan a todo el equipo de trabajo del local afectado y no se activan los protocolos. Tampoco sanitizan las sucursales cada vez que llega un cliente positivo. La situación de los funcionarios empeora con el oficio enviado por el Minsal para rebajar de 14 a 4 días las licencias médicas de los contactos directos de casos positivos».
Aseguran que dicha medida «deja desprotegidos a los trabajadores, que pasados los 4 días deben retornar a sus lugares de trabajo o conseguir una nueva licencia hasta recibir los resultados de sus exámenes. Si el funcionario retorna y está contagiado, expone a sus compañeros y al público; si el trabajador sólo toma esos 4 días de licencia o la renueva por 4 días más, acusa el golpe en su remuneración».
“Una vez más el gobierno le mete la mano al bolsillo a los trabajadores con la reducción de 14 a 4 días de sus licencias. Con 14 días alcanzaban a recuperarse y cobraban su sueldo completo; con la modificación se les paga 1 día de 4. Sucesivamente, si renuevan licencia esperando el PCR, cobran 3 días de 6 ó 4 de 7”, explicó Mauricio Acevedo, presidente de Fenatrafar.
“Esto se repite en todas las cadenas de farmacias, unas más otras menos, pero lo cierto es que el sistema está fallando y no se consigue nada con tratar de tapar la verdad. Las farmacias están exponiendo a sus empleados y a toda la
población, privilegiando las ventas sobre la salud”, destacó Acevedo.
Finalmente, Fenatrafar exige «que las autoridades tomen cartas en el asunto y dejen de dilatar las decisiones. La ACHS debe hacerse cargo de los contagiados y del grupo de trabajo cercano. Se debe dar licencias acordes a la gravedad del asunto, resguardando también los sueldos. Las empresas deben sanitizar los locales con regularidad y los funcionarios de riesgo deben seguir en cuarentena.
