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Crédito: Via Twitter @IntendenciaXV
Si bien el intendente Ricardo Erpel ordenó detener la entrega de las cajas y decidió instruir un sumario, la Contraloría fue un paso más allá. El ente fiscalizador optó por hacerse cargo de la indagatoria y nombró a un fiscal instructor de un caso que puede ser la punta del iceberg de eventuales irregularidades en el programa “Alimentos para Chile” en otras regiones del país.
La Contraloría decidió instruir un sumario por el escándalo de la compra cajas de mercadería del programa “Alimentos para Chile” en Arica-Parinacota, tras la presentación del senador socialista José Miguel Insulza y el diputado del mismo partido Luis Rocafull.
La decisión del ente contralor de examinar a fondo lo sucedido en esta intendencia nortina puede ser la punta del iceberg y poner bajo la lupa las compras realizadas en otras regiones del país en el marco d este programa de emergencia, sostienen fuentes del ente fiscalizador.
En concreto, los parlamentarios socialistas denunciaron una “colusión para ofertar y defraudar” en la Intendencia regional de Arica-Parinacota en el proceso de compra de 22.375 canastas familiares adjudicadas vía trato directo a la empresa Tobar y Tobar, en un proceso marcado por las irregularidades.
El reclamo fue acogido por la Contraloría, que declaró ilegal el proceso, considerando sobre todo que la empresa que se adjudicó la compra no es del rubro alimenticio, sino que es prestador de “asesorías jurídicas, intermediación financiera, fabricación y reparación de componentes electrónicos y de iluminación, reciclaje de desperdicios y venta al por menor de artículos usados”.
Otra irregularidad manifiesta es que en una visita inspectiva de la Contraloría al inmueble fijado para la entrega de las cajas “los fiscalizadores fueron recibidos por el señor Juan Carlos Salgado Mc-Conell, quien es socio de la otra empresa cotizante en el proceso de contratación”, lo que da cuenta de la relación entre ambas empresas que participaron de la adjudicación, señala la resolución del ente fiscalizador.
Las observaciones de la Contraloría obligaron a la detención de la entrega de las cajas en la región, por decisión del intendente Ricardo Erpel, quien además ordenó instruir un sumario.
Sin embargo, la Contraloría fue un paso más allá y decidió tomar en sus manos la investigación del tema y nombró a un fiscal instructor para hacerse cargo de la indagatoria.
“Instrúyase sumario administrativo en la Intendencia Regional y en el Gobierno Regional, ambos de Arica y Parinacota, y en los demás servicios públicos pertinentes, a objeto de determinar la existencia de eventuales responsabilidades administrativas en los hechos a que se refiere el considerando de esta resolución, así como respecto de cualquier otro hecho irregular que se advierta durante el curso de su tramitación”, señala la resolución de Contraloría.
El escándalo tiene otras aristas dado que el Comité de Régimen Interno del Consejo Regional de Arica y Parinacota exigió las renuncias del intendente y del administrador regional Giancarlo Baltolú, a cargo del proceso de entrega de cajas, argumentando que “se ha perdido la confianza legítima en la capacidad de liderar y asegurar la transparencia del proceso de entrega de estas ayudas sociales, y por ende, la capacidad de enfrentar la grave crisis sanitaria y económica por la que atraviesa nuestra región”.
Para el senador denunciante, José Miguel Insulza, “hay demasiadas cosas extrañas por lo que, si es necesario, hay que perseguir la responsabilidad administrativa, el CORE ha hecho lo propio en relación a la responsabilidad política que le cabe al intendente y al administrador regional, pero al mismo tiempo el Gobierno nacional tiene que abrir una vía por la cual se repartan luego estas cajas de alimentos a la gente, se necesitan y la gente las está esperando. Nuestro objetivo en esto es que los ariqueños y parinacotenses reciban sus cajas al precio que corresponda y que nadie lucre de una tragedia como la que estamos viviendo”.
Según el parlamentario, “nos extrañó que hubiera una empresa que no era del rubro de alimentos la que se adjudicara en trato directo la compra de cajas que iban a ser entregadas a los ariqueños y parinacotenses, la Contraloría ya dijo que esa empresa no correspondía seleccionarla y veremos después en la parte administrativa o judicial por qué se seleccionó esta (…) en Arica hay distribuidoras que se dedican a esto y se pudo haber obtenido un buen precio, a las que se pudo haber recurrido para este trato directo y no a la persona que tiene una empresa consultora, hay que averiguar por qué se eligió a esta empresa consultora; qué experiencia tenía; qué la motivó a esto y quién dio su nombre”.
