PAÍS
Crédito: Agencia Uno (Contexto)
En el balance diario realizado desde La Moneda, el ministro de Salud, Enrique Paris fue cuestionado por dos de las situaciones que se han dado a conocer en estos días: el de la tienda de ropa Fashion’s Park, quien saca permisos colectivos para más de 70 personas, con giros como «empresa de seguridad», y el del Sporting Club Valparaíso, quienes transmiten carreras internacionales, por lo que abren oficina para recibir apuestas con tarjetas de prepago. Debido a esto, 20 a 25 cajeras acuden a oficina diariamente con permiso obtenido con RUT diferente al de empleador, bajo rubro no esencial de «telecomunicaciones hípicas». Al respecto, dijo que está «en contra de aquellas empresas que se disfrazan de empresas esenciales y que obtienen permisos inadecuados», por lo que solicitaron a la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell endurecer las fiscalizaciones. En tanto, la presidenta de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Gael Yeomans, citó a una sesión para abordar esta situación, adelantando que «el Gobierno culpa a las y los porfiados en la pandemia, cuando en realidad la gran cantidad de personas que sale a la calle está siendo obligada a trabajar».
El Gobierno se fue en picada contra las empresas que han abusado de los salvoconductos para sus trabajadores, debido al aumento de denuncias de compañías que operan en medio de las cuarentenas no siendo esenciales.
En concreto, en el balance diario realizado desde La Moneda, el ministro de Salud, Enrique Paris, fue cuestionado por dos de las situaciones que se han dado a conocer en estos días: el de la tienda de ropa Fashion’s Park, que saca permisos colectivos para más de 70 personas, con giros como «empresa de seguridad», y el del Sporting Club Valparaíso, que transmite carreras internacionales, por lo que abre oficina para recibir apuestas con tarjetas de prepago. Debido a esto, 20 a 25 cajeras acuden a oficina diariamente con permiso obtenido con RUT diferente al del empleador, bajo rubro no esencial de «telecomunicaciones hípicas».
Al respecto, el ministro Paris dijo que están «en contra de aquellas empresas que se disfrazan de empresas esenciales y que obtienen permisos inadecuados».
En esa línea, adelantó que la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, «hoy día mismo está iniciando una fuerte fiscalización en contra de todas las empresas o de algunas empresas que están incumpliendo estos instructivos, y estamos haciendo una correlación entre el rubro de la empresa y el Servicios de Impuestos Internos para tratar de ubicar las que están actuando de forma inadecuada».
Finalmente, advirtió que en estos hechos «el trabajador no es el culpable, de ninguna manera queremos que la persona pierda el trabajo, no esa la finalidad de la inspección, sino que es controlar aquellas empresas que, utilizando documentos, falsean la información para poder obtener permisos que no deben ser utilizados en estas circunstancias».
Desde una tienda de Fashion’s Park, una de las empresas denunciadas, la subsecretaria Katherine Martorell, para realizar una fiscalización, se apersonó junto a la PDI y la seremi de Salud.
En el lugar, dijo que “una empresa que está en una comuna en cuarentena no puede abrir para vender ropa porque no es una empresa esencial. Por lo tanto, si hace delivery desde acá, está cometiendo la misma falta que hoy es un delito, y que establece penas para los empresarios de hasta tres años de cárcel. Lo que puede hacer una empresa es generar deliveries sobre ciertos productos que son esenciales, cuando están fuera de las comunas que están en cuarentena. Esto es alimentación, remedios, cosas para el hogar relacionadas con su funcionamiento”.
En ese sentido, anunció que mañana estará disponible una plataforma donde se puede denunciar a empresas por mal uso de permisos.
Para esta jornada, la presidenta de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Gael Yeomans, citó a una sesión para abordar esta situación. A la sesión están invitadas la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, el general de Carabineros Mario Rozas y la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa.
Hasta el momento, esta situación estaría ocurriendo por dos factores que urge corregir, según Yeomans: “No se están cumpliendo en Chile los criterios que aplica la OIT sobre lo que se entiende por empresas estratégicas o esencial, como también hemos visto casos de empresas que, posterior a decretar el Estado de Emergencia, cambiaron sus giros para seguir operando. Eso tampoco debió ocurrir y debe ser investigado. No puede ser que se relativicen las medidas de confinamiento decretadas por las autoridades sanitarias”.
«El Gobierno culpa a las porfiados y los porfiados en la pandemia, cuando en realidad la gran cantidad de personas que sale a la calle está siendo obligada a trabajar. Esto impide bajar la movilidad en Santiago, una de las capitales más golpeadas del mundo por el COVID. Por eso hoy le pediremos respuestas, pero hago el llamado a hacerse cargo de su descoordinación entre las políticas laborales y sus metas en materia sanitaria, porque no puede ser que las trabajadoras y los trabajadores más vulnerables sigan pagando, incluso con su vida, los costos de esta pandemia”, finalizó.
Por otro lado, el diputado PPD, Rodrigo González, exigió a la Seremi del Trabajo y a la Inspección del Trabajo una inmediata fiscalización al Sporting Club Valparaíso, por lo que pide además la aplicación de multas en caso de ser necesario, por los permisos otorgados a decenas de trabajadores, incumpliendo las normativas sanitarias.
«Esta denuncia demuestra un actuar malicioso e irregular de la empresa que debe ser sancionado, no es posible que en tiempos de pandemia se esté exponiendo a decenas de trabajadores para recibir apuestas en las oficinas, no es posible ni tolerable, y la sanción debe ser ejemplar para evitar que se reitere en otras empresas», sentenció.
