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Crédito: Agencia UNO
Ad portas de la votación de la reforma en la Sala del Senado mañana miércoles, en la oposición ya se activaron las alertas y emplazaron a La Moneda a no trabar el proyecto. “Resulta imperioso que el Gobierno no sea un obstáculo, ni el Presidente un escollo”, señalan los partidos de la Convergencia Progresista –que agrupa al PS, PPD y PR–, ante la posibilidad de que el Gobierno se decida por las opciones de vetar el proyecto o enviarlo al Tribunal Constitucional. En Palacio, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, insistió esta mañana en criticar la iniciativa, pero sin dar mayores luces respecto a los pasos venideros. En tanto, el Congreso está disponible para acelerar la tramitación y el presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker (DC), sostuvo que en la Cámara de Diputados están en condiciones de despachar la reforma el jueves para su promulgación.
Tras su aprobación en general y en particular en una maratónica sesión en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, la reforma que autoriza el retiro de fondos de pensiones será vista en la Sala del Senado mañana, donde ya se ha anunciado que contará con 5 votos de senadores oficialistas a favor, lo que garantiza su aprobación.
En ese escenario, y tomando en cuenta que el Gobierno aún tiene sobre la mesa las opciones de vetar el proyecto o enviarlo al Tribunal Constitucional (TC), en la oposición ya se activaron las alertas y emplazaron a La Moneda a no trabar la reforma.
En ese marco, los partidos de la Convergencia Progresista –que agrupa al PS, PPD y PR– emitieron una declaración en la que recalcan que “resulta imperioso que el Gobierno no sea un obstáculo, ni el Presidente un escollo para la urgente tramitación de una reforma que beneficiará, por razones excepcionales de emergencia, a millones de familias. Es la voluntad mayoritaria del pueblo de Chile”.
El texto suscrito por los timoneles Heraldo Muñoz (PPD), Álvaro Elizalde (PS) y Carlos Maldonado (PR) recalca que “el Gobierno no ha podido imponer su posición, que es minoritaria en todos sus aspectos. El retiro del 10% de los fondos de las AFP se ha transformado en una demanda mayoritaria de las y los ciudadanos, que constituye una medida de emergencia indispensable para suplir aquello que el Gobierno no ha sido capaz de hacer en todos estos meses: proteger a las familias”.
En esta línea ratificaron que los 24 senadores de oposición aprobarán el proyecto, añadiendo que “reiteramos el compromiso de todos nuestros senadores y senadoras para la aprobación de la ley sin mayor demora o dilación”.
Esta celeridad en el trámite también fue confirmada desde la Cámara de Diputados, donde el presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker (DC), sostuvo que si la reforma “se aprueba mañana en el Senado en general y particular, en la Cámara estamos en condiciones el día jueves de ratificar los cambios del Senado y si todo sale bien despacharla para su promulgación”.
“Yo espero que el Presidente no vete esta reforma que los chilenos están esperando con urgencia y que es aprobada por cerca del 90% de los ciudadanos. Sería un acto temerario. Espero que tampoco recurran al Tribunal Constitucional, porque el proyecto es absolutamente constitucional y así lo declaró el presidente de la Cámara de Diputados (Diego Paulsen), que es un diputado de Gobierno que votó en contra del proyecto, así lo han ratificado secretarios abogados de la Cámara y el Senado y numerosos profesores de Derecho Constitucional. Recurrir al TC es tratar de ganar por secretaría un partido que están perdiendo en la cancha”, dijo Walker.
En el Gobierno, el ministro del Interior Gonzalo Blumel insistió esa mañana en criticar el proyecto, y reforzó el llamado a “nuestra coalición a actuar con unidad sobre la base de los argumentos, de lo que es correcto, y no de hacer lo que es popular. Lo que es popular puede parecer correcto, pero no siempre lo es y puede terminar causando un daño”.
Blumel no dio luces de las opciones que se barajan en Palacio, que apuntan a una posible presentación ante el TC a raíz del quórum de votación. Dicha alternativa fue planteada derechamente ayer en la Comisión de Constitución por el senador RN Andrés Allamand, quien advirtió que introducirá una reserva de constitucionalidad si no se varía el quórum de tres quintos por el de dos tercios. Se trata de una maniobra que ya intentó –sin éxito– el diputado UDI Jaime Bellolio durante el trámite en la Cámara Baja.
Además, se evalúa el envío de un veto presidencial, como ha sido solicitado públicamente por personeros como la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe.
Sin embargo, ambas opciones son rechazadas de plano por algunos personeros del oficialismo, como el díscolo senador UDI Iván Moreira, quien advirtió esta mañana en Radio Cooperativa que «si el Gobierno actúa precipitadamente, se va a encontrar con un problema mayor, porque me parece que presentar un veto y que al mismo tiempo haya algunos parlamentarios que lleven esto al Tribunal Constitucional, verdaderamente es una ofensa para los chilenos, un golpe bajo (…). Sería el error más grave que nuestro Gobierno podría cometer».
En ese contexto, La Moneda además está concentrada en cerrar los flancos de críticas a su respuesta frente a la pandemia. Junto con el diseño de un proyecto de subsidio al empleo –dirigido a las empresas, para la contratación–, este martes se jugará otra carta con el anuncio de la distribución de nuevos recursos a las comunas en el contexto de la pandemia, en una actividad en la que estarán el Presidente de la República Sebastián Piñera, acompañado por Blumel, el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Juan Manuel Masferrer, y alcaldes y alcaldesas.
