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En el contexto de una auditoría interna al Departamento de Administración de la Educación Municipal, se emitió un informe en el que se detalla que para diciembre de 2019 se registraban más de $9 mil millones “faltantes en caja”, los que corresponderían esencialmente a $4 mil millones de fondos SEP y $1.600 millones en deudas del FAEP. Las conclusiones destacan que durante el segundo semestre de 2019 se cargaron a la Ley SEP giras educativas a otras regiones, además de incorporar las remuneraciones de 301 funcionarios del programa PIE, sin justificación. El documento concluye que son fondos gastados en educación, “pero no de la forma correcta” y que deben ser restituidos por el municipio. El alcalde Gerardo Espíndola (Partido Liberal) asegura que no se puede referir a un “preinforme” de una auditoría en proceso y que aún falta la respuesta del ex DAEM, aunque de todas formas remitió la información a Contraloría y a la Fiscalía, que llevan adelante una investigación por los fondos de la señalada entidad entre 2012 y 2016.
El ex Departamento de Administración de la Educación Municipal (DAEM) de Arica pasa por un complejo momento. Esto, después que un informe interno del Departamento de Auditoría del municipio –dirigido por el alcalde Gerardo Espíndola– revelara que el organismo cuenta con un “faltante en caja” de $9.068.476.585. Déficit de recursos que corresponderían a la mala ejecución de los fondos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) durante el segundo semestre de 2019, además de una deuda de arrastre de los Fondos de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) desde el año 2016, que involucra a la anterior administración municipal y a la actual. Ambos programas están enfocados en mejorar la calidad educativa para los estudiantes más pobres del país.
El Mostrador tuvo acceso al informe de la auditoría interna municipal, que fue elaborado por Silvia Ahumada, jefa del Departamento de Auditoría Interna del municipio. En el documento se establece que el faltante en caja de los $9 mil millones puede significar “una eventual malversación de caudales públicos, provocado por inconsistencias entre los registros contables, los hechos económicos y la legalidad involucrada en la ejecución de los recursos”.
El alcalde Gerardo Espíndola (Partido Liberal) señala que este es un “informe preliminar” y que se debe esperar la respuesta del DAEM para dar por cerrada la auditoría interna. La autoridad comunal remitió la información a la Fiscalía y a la Contraloría Regional, las que tienen en curso una investigación por los gastos de la señalada entidad entre los años 2012 y 2016.
La auditoría interna se da en el marco del cierre del DAEM, que desde enero de 2020 no está a cargo de los colegios públicos de la comuna de Arica, debido a la ejecución de la Ley de Nueva Educación Pública, que creó el Servicio Local de Educación Chinchorro, el cual administra las escuelas públicas de la Región de Arica y Parinacota.
Dicha auditoría, que incluye 380 horas de investigación, señala que los recursos faltantes se deben a la mala rendición y utilización de los fondos SEP y FAEP, además de la proyección errónea de ingresos extra bajo el ítem de “subvención normal” para el año pasado. Según el informe, el DAEM inició con el pie atrás el 2019 y reconoció una deuda de $584 millones, lo que no se ajustaba a la realidad, pues la deuda total que se arrastraba correspondía a $3.203 millones. El error fue que el monto informado inicialmente por el DAEM correspondía a las deudas del último trimestre del año 2018, no las totales.
Luego, en octubre del año pasado, el DAEM informó un incremento en el presupuesto del año 2019 debido a la proyección del alza en la “subvención normal” de $3.544 millones, la que recibiría desde el Ministerio de Educación. De acuerdo al informe, esta proyección incrementada se hizo con “el solo argumento que llegarían esos recursos”, sin mayores detalles y además fueron aprobados por el Concejo Municipal. Tras la investigación, se dio cuenta de que DAEM recibió solo $286 millones extra del presupuesto original por ese ítem y no corrigió el faltante de recursos que no fueron asignados desde el Mineduc.
En el documento además se detallan algunos gastos cargados a los fondos SEP que llamaron la atención de la auditora. Uno de ellos es la “Gira Patrimonio Cultural” a la X Región, que incluyó a un grupo de 72 personas (31 docentes y 41 alumnos) entre los días 21 y 27 de octubre de 2018. La gira tuvo un costo de alojamiento y alimentación de $18.272.688, con cargo a Yessica Mardones de Agencia de Viajes. Estos recursos fueron cargados el 11 de noviembre de 2019 a los fondos SEP, a pesar de que los docentes que asistieron no tenían carga horaria SEP, y no todos los estudiantes eran beneficiarios de los recursos de la Subvención Escolar Preferencial.
Tras advertir el error, el gasto se cargó al fondo municipal. “Costó mucho para que le pagarán al proveedor, casi un año, sin embargo, se volvió a hacer y se cometieron las irregularidades. Nadie les dijo que no se podía, pero la forma en cómo la registraron no se hacía”, explicó Silvia Ahumada en la Comisión de Educación del Concejo Municipal.
El documento también incluye una serie de pagos con cargo a la Ley SEP de la empresa Alquimed, por la compra de metros de toldo, jardineras, libreros y palmetas de goma para las escuelas, que también han sido objetados. En una auditoría interna del 2018 del DAEM, se registraron precios abultados, como libreros a $450 mil por unidad, cuando tienen un costo de $30 mil; jardineras compradas a $50 mil cada una, cuando costaban $5 mil en el mercado y metros de toldo a $70 mil por metro, a pesar de que no superan los $4 mil su valor real.
“La realidad nos mostró que se construyeron verdaderas obras de infraestructuras encubiertas, sin las medidas necesarias para este tipo, poniendo en riesgo a los estudiantes, y con el beneplácito de los directores de los colegios, quienes con su recepción conforme, validaban las adquisiciones”, detalla el informe. La empresa Alquimed presenta facturas por un total de $448.461.917.
“Aquí se cometió un ilícito grave”, apuntó Silvia Ahumada en la Comisión de Educación. La auditora explicó que en 2017 los gastos SEP no permitían financiar cambios en infraestructura. Actualmente el municipio está en proceso judicial con el proveedor y “los registros en lo que confiere a Alquimed aún no están saneados”, agregó Ahumada.
El informe de auditoría destaca que en junio de 2019 se identifica un punto de inflexión respecto a la distribución del gasto de Subvención Escolar Preferencial, la cual está normada en la Ley 20.248 y que fue flexibilizada por la Superintendencia de Educación, en el contexto de la aplicación de Nueva Educación Pública. Se traspasó a 301 funcionarios del Programa de Integración Especial (PIE) con cargo de subvención SEP, lo que llevó a duplicar el gasto en Recursos Humanos de los colegios.
La ley SEP asigna recursos extras a las escuelas sobre la base de la cantidad de estudiantes en vulnerabilidad que tiene y a partid del Programa de Mejoramiento Educacional de cada escuela. El fondo permite que un 10% de los recursos sean ocupados en administración y el 90% restante debe ser dividido en partes iguales entre recursos humanos y gastos. Durante el periodo auditado, el DAEM de Arica excedió en casi $4 mil millones los ítems de “gastos” y RRHH de los fondos SEP asignados.
Para el año 2019, el ingreso total SEP fue de $5.826.789.634. El 90% asignado para gastos y RRHH era de $5.244.110.671, la mitad, $2.622 millones, era para financiar cada área, pero la Municipalidad de Arica gastó $4.360 millones en “bienes y gastos” y $4.882 millones en recursos humanos. Del total de colegios, 16 establecimientos sobrepasaron el 100% de los gastos, y 18 superaron el 50% del ingreso para remuneraciones. Solo una escuela cumplió con el 50% de ambos ítems. Según el informe: “El gasto en exceso es un gasto rechazado (por el Mineduc), son platas que no deberían haber salido de la cuenta corriente SEP, por lo tanto, es un faltante de caja”.
La auditoría destaca que se deben reingresar $2.260 millones por exceso de pagos en RRHH de la Ley SEP y $1.738 millones en exceso por gastos SEP, dando un total de $3.999 millones a restituir por la Municipalidad de Arica, a lo que se agregan otros ítems, dando “un faltante de caja de $5.069 millones” de los fondos SEP.
El argumento que se entrega por haber cargado a los funcionarios PIE a la Ley SEP es que la Superintendencia de Educación habría permitido flexibilizar los gastos en el contexto del traspaso de los colegios desde los municipios a Nueva Educación Pública, de lo cual no habría constancia según la auditora. Esto “no quiere decir que esto no se pagó, se pagó, pero sin apego a la normativa”, explicó Ahumada ante la Comisión de Educación del Concejo Municipal.
Un problema que se advierte en el informe y que –según fuentes del mundo alcaldicio– se repite en varios municipios durante el 2019, fue un grave problema de financiamiento que resintieron los Departamentos de Educación, debido a la baja en la asistencia a los colegios por el estallido social de octubre. En el caso de la Municipalidad de Arica, la merma en los recursos habría llegado a los $444 millones de la subvención entregada por el Ministerio de Educación, lo que habría resentido las arcas del DAEM, razón por la cual se podría haber cambiado el uso de los fondos SEP.
Con respecto a la deuda de los Fondos de Apoyo a la Educación Pública, el informe detalla que el proceso de 2016 está cerrado y que el DAEM no presentó el detalle del 2017 ante el Mineduc, por lo que tendría que restituir $959 millones que demanda el ministerio, más un compromiso de $477 millones. Para el 2018 la deuda llegaría a $216 millones y para el 2019 se deberían restituir $110 millones, más $310 millones por no ejecución del programa Movámonos por la Educación Pública, el cual ya no puede ser aplicado porque el DAEM ya no administra los colegios públicos. La deuda total por ítem FAEP sería de un total de $1.694 millones, «estos recursos deben ser provistos por fondos municipales, independiente de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que hubieran», puntualiza el documento.
El alcalde Gerardo Espíndola sostiene que este es un proceso que no está finalizado, pues aún no se han recibido las observaciones del DAEM. “En relación al tema puntual de las conclusiones de la auditoría, no podría referirme hasta que no esté realizado a cabalidad», explicó. Para esto faltaría el visado de Administración y Finanzas, y de Auditoría y Control de la municipalidad, departamento en el que trabaja la auditora que hizo el informe. “Mientras no esté la contraparte no puedo emitir una opinión”, agrega el jefe comunal, quien señala que sí podría referirse al informe de la Contraloría Regional que indaga las finanzas del DAEM desde el año 2012.
“Este preinforme me lo entregan la semana pasada, el equipo está trabajando ahora para dar respuesta a esto, debido a que en el preinforme se indica que hay situaciones que podrían ser constitutivas de hechos reñidos con la ley. Yo entregué a la Fiscalía estos informes, a objeto que sean revisados, a la Fiscalía y si los quiere sumar a una investigación que ya lleva el Ministerio Público por el DAEM. Fueron extrabajadores del DAEM que hicieron la denuncia en 2018 para investigar el faltante de caja entre el 2012 y 2016”, explica Espíndola.
Cabe destacar que hay un informe previo respecto al primer periodo del 2019, el cual ya habría sido respondido por el DAEM, según indica el alcalde Espíndola, quien explica que durante el año pasado, tras el cambio de dirección del DAEM, se empiezan a transparentar una serie de situaciones, incluido un posible déficit, en cuyo contexto se solicita una auditoría interna, además se agrega otra auditoría para revisar el traspaso a Nueva Educación Pública y una auditoría externa que aún no está en proceso.
En el informe correspondiente a los últimos meses de 2019, la auditora destaca que el uso incorrecto de los fondos SEP y la falta de rendición de los FAEP del DAEM ya había sido advertidos en dos informes anteriores, sin existir cambios. “En opinión del auditor, el resultado 2019, representa una ilegalidad del gasto, ocultando el desequilibrio negativo, y que se realizaron una serie de movimientos a nivel de traspaso entre cuenta corriente, sin aplicar el principio de devengado, ni de exposición, y como existen recursos financieros públicos involucrados y esta falta fue previamente advertida, el actuar se configura como una negligencia inexcusable por parte de los funcionarios que tenían a cargo este procedimiento y todos aquellos a quienes les asiste la respectiva responsabilidad”, consigna el informe.
El alcalde Espíndola asegura que “no es la primera vez que pasa esto (el informe), solo que esta vez se hizo más pública. Hay que ver el año en que estamos, que es un año electoral, entonces, sin duda esta información se hace más pública, cuando son procesos internos que en general se llevan dentro de las municipalidades”.
El jefe comunal asegura que este no es solo un problema de Arica, que son varias las municipalidades que se han empobrecido debido a la administración de la educación pública, y que municipios como Santiago y Valparaíso arrastran deudas de imposiciones u otros ítems millonarios. “En Arica, entre el 2016 y 2019, dejamos de recibir $2.160 millones por la subvención de los programas del PIE. Si el cuestionamiento es porque estamos financiando a los niños del PIE, que lo cuestionen», plantea la autoridad. Espíndola explica que además la municipalidad dejó de recibir $3 mil millones en asignaciones para educación rural, lo que da un total de $5 mil millones menos para la educación pública durante su periodo, lo que habría mermado las arcas del DAEM.
El Concejo Municipal de Arica ha convocado a una sesión especial para trabajar el tema y conocer la rendición de los funcionarios de la ex DAEM, varios de los cuales hoy trabajan en el Servicio Local de Educación Chinchorro. En el concejo esperan que el monto de lo adeudado pueda ser rebajado, ya que restituir $9 mil millones, en el contexto de la pandemia, podría afectar sobremanera las arcas fiscales de la comuna.
