El «pronóstico reservado» de La Moneda tras el plebiscito

El plebiscito es el marco general, y existe una necesidad imperiosa de parte de Palacio de pasar este hito con números azules, ya que no solo se trata de un día histórico para el país, esa necesidad también guarda relación con dejar atrás los números rojos que acompañan a este Gobierno hace más de un año y que derivan en severos cuestionamientos al manejo político en materia de derechos humanos seguido de una aprobación muy baja a su gestión. Cualquier falla mayor podría transformarse en una “una tormenta” muy difícil de aguantar.

Pero este escenario que La Moneda tiene muy claro, no explica por qué el Gobierno decidió caminar esta semana en la punta de los pies, intentando evitar cualquier tipo de refriega con la oposición, y siempre en un tono más amable de lo acostumbrado. El otro factor que cierra la operación, tiene que ver con la posibilidad real de que avance la acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, y la que –estiman en el Gobierno– se definirá en gran parte a la hora del balance de seguridad pública tras el plebiscito de este domingo.

La estrategia de toda esta semana fue siempre la de evitar roces con los acusadores y, al mismo tiempo, evitar abrir flancos que se transformen en razones de unidad para la oposición, un sector indescifrable a estas alturas. Hasta ahora, la experiencia señala que la unidad opositora se ha logrado a través de una jugada mal calculada del Ejecutivo, siendo la más reciente la aprobación de la ley que permitió el retiro del 10% de los ahorros de las AFP y que trajo como consecuencia un duro golpe a la figura del Presidente Piñera y, como efecto secundario, uno de los más profundos cambios de gabinete.

Tras el aniversario del 18 de octubre, que en términos de seguridad pública terminó con dos iglesias quemadas en el centro de Santiago –que implicó la presión de sectores de la derecha más dura, como el que representa José Antonio Kast, quien le pedía al Mandatario dejar de observar lo que sucedía y tomar cartas en el asunto–, el ministro Víctor Pérez, si bien condenó los hechos, tuvo un tono menos duro que el acostumbrado, pese a que el escenario era propicio para desplegar la estrategia de tolerancia cero y así recobrar el electorado de derecha que se perdió durante el estallido.

En su intervención, flanqueado por las dos máximas autoridades de Carabineros y la PDI, además del subsecretario del Interior, Francisco Galli, Pérez hizo mucho énfasis en separar a los manifestantes de los violentistas, una bajada comunicacional que se venía plasmando hacía ya varios días, pero de la que no todos estaban seguros de que se iba aplicar en una jornada donde la noticia que se repitió sin cesar en la TV fue la imagen de las dos cúpulas de las iglesias incendiándose.

Pero no fue así, y fuentes de la casa de Gobierno así lo reconocieron. La baja de decibeles de su intervención habría tenido directa relación con los cuidados pertinentes, considerando el riesgo de encender los ánimos de sus acusadores, que deberían votar la acusación constitucional, la que si no es la próxima semana, será la subsiguiente.

Al día de hoy, las cuentas –según los cálculos del Ejecutivo– juegan a favor de los intereses del exsenador UDI, pero también están al tanto de que, más allá del trabajo de pirquineo ya desplegado desde hace semanas, sumado a la interpretación que se haga de los hechos relacionados con la seguridad pública que puedan ocurrir en esta jornada electoral, juega también un factor primordial y casi incontrolable “la temperatura ambiente” del día en que se vote, y aquello dependerá mucho del tono y las palabras empleadas por el acusado.

Precisamente ese es el riesgo que se busca aminorar con un mejor trato con la oposición “institucional”, como le han llamado desde Palacio a esa que firmó el Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución, y desde donde existen posibilidades reales de acercar posiciones a su favor. Principalmente, y como se ha vuelto una tradición, entre parlamentarios de la DC, el PR y los independientes, entre los que se cuentan a Pepe Auth, Fernando Meza, Carlos Abel Jarpa y René Alinco, entre otros, y que les han sido funcionales en diferentes instancias.

Para evitar el éxito de la iniciativa, La Moneda necesita quitarle seis votos a la oposición, dando por zanjado que todo el oficialismo está cuadrado detrás de su ministro.

Pero en la vereda contraria está el diputado democratacristiano Gabriel Ascencio, quien ha hecho bastante ruido a la hora de sacar los cálculos al interior de Palacio, porque, a diferencia de otras ocasiones, donde las acciones eran encabezadas por sectores de la oposición con los que Palacio ya había “tirado la toalla”, el hecho de que sea DC “podría complicar aún más las cosas”. Una de las reflexiones que se han hecho escuchar, es que se estaría entregando una señal de “racionalidad”, a diferencia de cuando los impulsores de la acusación son parte de los catalogados como “cabezas calientes”, y ese es un factor a tener en consideración, remarcaron en el Ejecutivo.

Por su parte, el exjefe de bancada falangista no ha claudicado en su intento por generar el ambiente propicio para obtener los votos suficientes, y durante la última semana ha tenido intervenciones del tipo “¿quién es Víctor Pérez?: es quien reitera casi a diario su respaldo al actuar de Carabineros cada vez que estos violan los DDHH. Es quien señala que es correcto que se suplante la identidad de un ciudadano, para unirse a grupos que cometen delitos, alentándolos a hacerlos”, dando a entender que ya no hay marcha atrás.

De esta manera, y siempre en el contexto de que se trata también de la semana del plebiscito, el propio vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, también “ha bajado un cambio” en sus intervenciones, lo que contrasta con lo sostenido hace semanas, cuando calificó al sector opositor de “patéticos”, recordándoles cuál sería su “triste legado”, en referencia a las múltiples y fallidas acusaciones constitucionales que, con la reciente, ya suman nueve. Ahora, en cambio, morigeró el calibre de sus palabras y también el tono, lo que va en línea con la idea de no abrir flancos innecesarios.

Otro que hizo ruido en medio de todo este despliegue fue el ministro de Salud, Enrique Paris, quien canalizó sus descargos por las manifestaciones ocurridas el domingo 18 de octubre en la figura del alcalde de Recoleta, y personero mejor posicionado de la oposición para las presidenciales, Daniel Jadue, al sindicarlo como uno de los responsables de un eventual rebrote en la pandemia.

Una eventual acusación constitucional exitosa para la oposición, significaría para La Moneda una grave derrota que abriría profundos flancos, como la que se produjo cuando el extitular de Interior, Andrés Chadwick, fue acusado, quedando inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años, lo que arrastró una batalla interna con la UDI que veía cómo su figura más influyente en Palacio caía, acusando una feble defensa del, en ese entonces, ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, que a la postre se convertiría en su sucesor.

En este sentido, una eventual salida de Víctor Pérez anotaría una nueva página negra en el historial de esta magullada administración, que perdería a su segundo jefe de gabinete, quebrando de pasada el diseño estructural del comité político, que se pensó no mover hasta finalizada la administración, y que apunta a revertir el desfonde del electorado de derecha con un “halcón” a la cabeza.

Una defensa que abrió flancos

Con la fe puesta en que el ambiente del potencial triunfo de la opción Apruebo remueva conciencias al interior de la oposición, y “descontamine el ambiente”, es que la defensa del ministro Víctor Pérez se adelantó a los hechos y no esperó que se cumpliera el plazo fatal para el ingreso de su respuesta a la acusación, la que hizo llegar al secretario de la Cámara, Miguel Landeros, a las 23:19 horas del jueves 22.

Lo que no consideró nadie del equipo legislativo ni político del jefe de gabinete del Primer Mandatario, fue que la argumentación de la misma abriera una serie de flancos, tanto internos como externos, y que expusieron nuevamente a la figura del Presidente, a quien no se le habría consultado respecto de la estrategia a seguir.

El problema mayor fue que se aludió directamente al Ministerio de Defensa, liderado por Mario Desbordes, como el responsable del actuar de la policía uniformada, al señalar que bajo un Estado de Catástrofe, como el que se mantiene vigente en el país, Carabineros no depende del Ministerio del Interior, sino que de los jefes de la Defensa Nacional, dependientes de la cartera de Defensa.

Esto generó una reunión entre el Jefe de Estado y los dos ministros involucrados, que luego de la cita tuvieron que salir a dar explicaciones, que ni en el propio oficialismo calificaron de satisfactorias, pues no se hicieron cargo del problema de fondo, ni en cómo se va a enfrentar ahora esta problemática, con dos potenciales ministros responsables.

Y si la idea principal apuntaba a apurar el tiempo de tramitación, otro de los efectos secundarios de la defensa del ministro fue precisamente lo contrario, ya que la diputada Jenny Álvarez (PS), miembro de la comisión revisora, pidió citar a jefes militares y al propio Mario Desbordes, el que deberá entregar su versión de los hechos el martes próximo a las 16.00 horas.

Una situación que no estaba en los planes de nadie y que ningún rédito a favor arrastra para el Ejecutivo. Durante la última sesión, expusieron los dos abogados del ministro Pérez, instancia en la que buscaron aclarar que lo que quisieron exponer en el escrito era más bien que, bajo el Estado de Catástrofe, la responsabilidad que le cabe al Ministerio del Interior sería de carácter institucional, pero no jerárquica, una respuesta que no habría convencido a muchos en la oposición.

Para el Gobierno fue un autogol por donde se le mire.