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Amargo informe anual de Defensoría de la Niñez: 818 casos de víctimas de violencia estatal y necesidad de crear una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación

por 20 noviembre, 2020

Amargo informe anual de Defensoría de la Niñez: 818 casos de víctimas de violencia estatal y necesidad de crear una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación

Crédito: ATON

“La Defensoría de la Niñez sostiene responsablemente que el Estado de Chile ha violado grave y sistemáticamente los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en territorio nacional durante el período del estallido social”, sostuvo Patricia Muñoz, en una cuenta pública donde se difundieron los crudos testimonios de menores que fueron víctimas de torturas, apremios ilegítimos, desnudamientos, pérdida de la visión por impacto de perdigones, heridas por bala y heridas por perdigones, principalmente a manos de Carabineros. En la oportunidad, la Defensora de la Niñez hizo un frontal llamado al Estado a hacerse cargo, sobre todo porque el 92% de las acciones violentas ejercidas fueron cometidas por Carabineros, lo que redobla la necesidad de emprender una “reforma profunda a esa institución” [ACTUALIZADA]
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Un frontal emplazamiento al Estado formuló la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, en la presentación del informe anual 2020 de la entidad, que recoge 818 denuncias de graves vulneraciones a derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, cometidas por agentes estatales, principalmente Carabineros, durante el estallido social.

“La Defensoría de la Niñez sostiene responsablemente que el Estado de Chile ha violado grave y sistemáticamente los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en territorio nacional durante el período del estallido social”, dijo la funcionaria en una cuenta donde se difundieron los crudos testimonios de menores que fueron víctimas de casos que han implicado torturas, apremios ilegítimos, desnudamientos, pérdida de la visión por impacto de perdigones, heridas por bala y heridas por perdigones.

“Estos casos no son un número, son personas, son vidas truncadas afectadas por el accionar estatal destinado a proteger y a garantizar derechos”, señaló la Defensora de la Niñez, quien hizo un llamado “al Estado a hacerse cargo de las graves violaciones, crear una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, porque el sistema penal no ha sido capaz de responder”. Esto, porque solo en uno de los casos hay un funcionario policial formalizado.

Muñoz precisó que el 92% de las acciones violentas ejercidas fueron cometidas por Carabineros, lo que –remarcó– redobla la necesidad de emprender una “reforma profunda a esa institución”.

Estos actos –señala el informe– “reflejan el nocivo impacto que tiene la falta de control del poder civil sobre el quehacer policial, por lo que esperamos que sea un nuevo llamado de atención a las autoridades responsables para que, de una vez, la policía uniformada sea reformada estructuralmente, permitiendo erradicar comportamientos que, contrariando las exigencias que un Estado democrático de derecho impone a la función policial, han implicado actos de abusos en contra de la población civil, incluida aquella más vulnerable a la que el Estado debe proteger reforzadamente”.

Asimismo, el informe detalló que más del 50% de niños, niñas y adolescentes que sufrieron vulneraciones estaban bajo resguardo del Estado, en centros del Sename.

Además, el 53% de los afectados fue en contexto de marchas y manifestaciones, pero “el 26% estaba haciendo cosas cotidianas como encontrarse en una bencinera con su madre cuando fueron baleados por funcionarios policiales”, relató Muñoz.

Educación y proceso constituyente

A través de cinco capítulos temáticos, el informe revisa detalladamente los factores que afectan a los niños, niñas y adolescentes y remarca que “la crisis social y sanitaria han empeorado estas brechas que deben ser abordadas con urgencia”.

En algunos de esos ámbitos, la defensora también puso el foco en que, en el ámbito educacional, los niños y niñas “han sido invisibilizados”, por ejemplo, en la creación de un consejo experto para la vuelta a clases donde no han tenido ocasión de participar.

Respecto a los menores bajo resguardo del Estado, Muñoz recordó que es este, y no las entidades colaboradoras del Sename, el responsable de resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes. En ese marco, insistió en avanzar en la Ley de Garantías de Derechos de Niñez.

Otro foco del informe apunta a garantizar la participación de niños, niñas y adolescentes en el proceso constituyente, dejando de lado una mirada “adultocentrista”.

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