PAÍS
Crédito: ATON (Contexto)
En su edición 25, el estudio que comenzó a medir año a año la situación del país desde 1995, hace hincapié en los detonantes del estallido social y cómo han evolucionado durante este tiempo. Para ello, se realizaron 1.200 entrevistas cara a cara entre el 28 de octubre y el 26 de noviembre del año pasado, detectando malestar social, temor a la recesión económica debido a la pandemia y una crisis de representación política como algunos de los puntos más importantes del informe. «Se equivocaron los que habían calificado a Chile como un país exitoso y una excepción en América Latina porque olvidaron preguntarle a la población qué opinaba e ignoraron la evidencia que estaba frente a su ventana», dice parte del informe. Desigualdad, discriminación, sentimiento de que no hay ley pareja y predisposición a protestar para cambiar las cosas marcan estos últimos años.
«Se equivocaron los que habían calificado a Chile como un país exitoso y una excepción en América Latina porque olvidaron preguntarle a la población qué opinaba e ignoraron la evidencia que estaba frente a su ventana». Así parte el último informe Chile elaborado por la Corporación Latinobarómetro sobre el año 2020, marcado por el Covid-19 y también por las repercusiones del estallido social, como el plebiscito del 25 de octubre.
En su edición 25, el estudio que comenzó a medir año a año la situación del país desde 1995, hace hincapié en los detonantes del estallido social y cómo han evolucionado durante este tiempo. Para ello, se realizaron 1.200 entrevistas cara a cara entre el 28 de octubre y el 26 de noviembre del año pasado, detectando malestar social, temor a la recesión económica debido a la pandemia y una crisis de representación política como algunos de los puntos más importantes del informe. «No es el objeto de este informe hacer un recuento ni resumen de estas crisis superpuestas que sufre Chile al momento de publicarse, sino más bien entregar información que ayude a comprender los fenómenos y pueda servir para la toma de decisiones que apunten a entregar soluciones a ellas. Es por ello que sólo enunciamos el contexto histórico político en que nos encontramos», detalla.
Tras 25 años de medición, el estudio comienza asegurando que en Chile «no hay espacio de tolerancia con la desigualdad. Según el Informe Latinobarómetro 1995-2020, en una escala de 1 a 10 donde uno es completamente inaceptable y 10 es completamente aceptable, los chilenos califican la desigualdad con 2,32 puntos». Según Marta Lagos, Directora Ejecutiva de Corporación Latinobarómetro, «esta intolerancia se ha ido construyendo a lo largo de los años en la medida que la ciudadanía veía que esta no se desmantelaba, mientras algunos alcanzaban la clase media el resto se quedaba atrás”. Para los chilenos las tres peores expresiones de desigualdad son en el acceso a la salud (79), oportunidades de educación (69) y acceso a la justicia (64).
En esa línea, en estos 25 años, los chilenos se han sentido más discriminados. Por ejemplo, en 2009 un 14% de los encuestados se sentía discriminado, al año 2020 esta cifra alcanza el 34%. «Para poder hacer frente a esta situación los gobiernos futuros deberán enfocarse en los pobres, los indígenas, los viejos, las mujeres, la salud y la educación», dice el estudio.
Además, detecta que en Chile sigue predominando la clase baja (entre 68% y 57%). La clase media si bien ha crecido un 10%, situándose en 39%, no es la que predomina. Según Lagos, «esta discrepancia entre el discurso público y la autoclasificación de clase social, es otro de los desencuentros entre los que mandan y el ciudadano en general, y está en el piso del estallido social, el enfrentar la realidad que viven los chilenos con la realidad que se cree que viven”.
Más allá de los indicadores de pobreza, Lagos asegura que estos números muestran «las desigualdades que hoy son intolerables en la realidad chilena. Otra dimensión no considerada y que forma parte de las razones del estallido social”.
El estudio, que puede leer completo en el siguiente link, resume que la gente cree que hay que ir a votar siempre para cambiar las cosas (45%). Esto va de la mano en que el concepto de democracia como tal goza de uno de los más altos niveles de apoyo desde que comenzó la medición. Este indicador en Chile aumenta desde el año 2016 continuamente desde un 54% a un 61% en 2020. Sin embargo, apoyar la democracia como sistema de gobierno, no significa que los chilenos consideren que la que se vive actualmente es una democracia plena, al contrario. Sólo el 2% declara que tenemos una democracia plena, mientras que el 53% señala que nuestra democracia tiene grandes problemas.
Esto último se ve acentuado por otro fenómeno, ya que hay otro sector que si bien ratifica que el voto es importante para cambiar su situación, también avala las protestas, con un 32%.
«El capital de protesta existente en la ciudadanía es muy superior al capital de los partidos políticos y no se ve vínculo entre ellos. En una escala de 1 a 10, donde 1 es nada y 10 es mucho, los chilenos se ubican en el 6 o más de la escala en esta disposición. Las causas por las que protestarían son para mejorar la salud y la educación; por una sociedad más igualitaria, para luchar contra el abuso y la corrupción, por mejores salarios y mejores condiciones de trabajo, por la defensa de los derechos democráticos y por el cambio climático», detalla el informe.
Otro de los datos relevantes que presenta el estudio es que la gran mayoría de los chilenos, un 89% para ser más exactos, considera que no todos somos iguales ante la ley, disparándose la cifra en 17 puntos porcentuales desde el año 2018.
Según el informe, “la desigualdad básica es la desigualdad ante la ley que siempre ha sido casi unánime y que nunca es objeto de la agenda informativa, o de política pública explícita”. Para Lagos “esto, se podría decir que es la base de la percepción de desigualdad en que se basa el estallido social”.
Frente a los que cumplen las leyes también se perciben grandes diferencias. Un 43% dice que los miembros de “su” familia cumplen con las leyes y otro 46% dice que nadie las cumple. Existe la percepción generalizada de que todos los que tienen poder no cumplen con las leyes.
Además, los encuestados aseguran que en Chile gobiernan “grupos poderosos en su propio beneficio”, no para la mayoría, no para el pueblo. Solo un 8% considera que se gobierna para todo el pueblo y un 86% para los grupos poderosos en su propio beneficio.
Al ser consultados sobre quién tiene más poder en Chile, el 48% señala que las grandes empresas, 44% el gobierno y 39% los empresarios. A lo largo de estos 25 años, los chilenos siempre han considerado que las grandes empresas tienen más poder que el gobierno. Para Lagos, “las democracias deben ser percibidas, al menos, gobernando para “todo el pueblo”., lo que no es el caso de la democracia chilena”.
«De acuerdo a los datos, es posible plantear que los chilenos quieren mejor y más democracia de su sistema político y que saben muy bien el estado decrépito en que se encuentran muchas instituciones, sin embargo eso no los desalienta que el proceso de cambio que estamos viviendo pueda resultar en un mejoramiento sustantivo”, dice el estudio.
Entre estas instituciones, las que han perdido la confianza de los chilenos destaca la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas, la Policía (Carabineros y la PDI) y el mismo Gobierno y el poder político.
Sobre los primeros, se observa que la caída en la Iglesia Católica chilena es de los declives de confianza más altos de toda América Latina, cayendo de 77% en 1996 a 31% en 2020. Durante este cuarto de siglo, se observa cómo se han desplomado las religiones en Chile. Si en el año 1995 el 74% de los chilenos se declaraban católicos, el 6% evangélico y el 7% no declaraban religión alguna, hoy vemos un desplome del catolicismo en diez puntos porcentuales entre 2010 y 2020 bajando de 61% a 51% al mismo tiempo que se observa el declive de los evangélicos de 18% en 2010 a 8% en 2020.
Las Fuerzas Armadas, en tanto, habían logrado mantener estable su nivel de confianza. Sin embargo, entre 2018 y el 2020 sufrió una abrupta caída, marcada por los hechos de corrupción de altos miembros del Ejército, cayendo a un 32%. La Policía tenía una imagen que llegó al 63% en 2007, pero durante el 2020 alcanzó su mínimo histórico, de un 32%. La corrupción y las violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido fueron los detonantes.
Finalmente, la confianza que los chilenos sienten hacia la figura del Presidente de la República cayó a un 16% el 2020, misma cifra que tiene el Gobierno.
