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Crédito: ATON
En la entrega de su primer informe del cumplimiento de Seguimiento a las Recomendaciones del INDH, que busca identificar los principales avances y retrasos en el cumplimiento de obligaciones del Estado en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, la evaluación del Instituto Nacional de Derechos Humanos es que la situación está al debe. De hecho, solo una víctima, de las 2.926 personas que denunciaron vulneraciones de derechos en 2019 a dicha entidad, obtuvo una condena. “Cuando lleguemos al 18 de octubre habrán pasado dos años desde la crisis social de 2019, un tiempo más que suficiente para que el Estado democrático y de derecho chileno, demuestre resultados mucho más sustantivos de los que hoy puede exhibir”, acotó el director del organismo, Sergio Micco.
«Al día de hoy, estamos más cerca de la impunidad que de la verdad y de la justicia”. Esta es la desoladora evaluación que hizo esta jornada el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, del estado de avance de las recomendaciones formuladas por la entidad tras las violaciones de derechos humanos en Chile durante el estallido social, catalogadas por el mismo organismo como las más graves desde el retorno de la democracia.
De hecho, solo una víctima, de las 2.926 personas que denunciaron vulneraciones de derechos en 2019 al INDH, obtuvo una condena. Se trata de Esteban Carter, quien el 13 de diciembre de 2019 participaba de una manifestación en el centro de Rancagua, cuando recibió el impacto de una bomba lacrimógena en su cabeza. Sufrió una fractura de cráneo y tuvo que ser operado de urgencia. El carabinero, miembro de las Fuerzas Especiales, disparó su escopeta lanzagases a menos de nueve metros de distancia. El Juzgado de Garantía de Rancagua lo condenó por homicidio frustrado, a 5 años de presidio menor en su grado máximo.
Esteban Carter fue parte de la entrega del primer informe del cumplimiento de Seguimiento a las Recomendaciones del INDH en su Informe Anual 2019, presentado por el organismo esta jornada en Rancagua.
El primer informe analiza 5 de las 15 recomendaciones realizadas por el INDH en 2019 y corresponden a las propuestas más urgentes que se dirigen al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y a la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, y que buscan “poner fin a las graves violaciones a los derechos humanos”, “asegurar una efectiva justicia y la no impunidad”, y “llevar a cabo medidas concretas para la reparación en favor de las personas cuyos derechos han sido vulnerados”.
Sin embargo, el estado de avance está al debe. En estado “pendiente de cumplimiento” se encuentra la recomendación al Poder Ejecutivo, en específico a Interior, que está a cargo de Carabineros, en torno a “ajustar al respeto de los derechos humanos el uso de agentes químicos (no lanzarlos al cuerpo y revisar su composición, asegurando que no provocará daño a la salud de las personas)”.
En tanto, como “cumplimiento parcial” del Poder Ejecutivo se encuentra el correcto uso de las escopetas antidisturbios (apego a los protocolos y los principios de proporcionalidad, gradualidad y necesidad).
Al respecto, el director del INDH explicó que hoy existe una “imperiosa necesidad de realizar una profunda e integral reforma a Carabineros de Chile, cuya esencia es su subordinación al poder civil”. Pero Micco fue más allá y acotó que “la reforma de la Policía tiene que ser integral”, e incluir a la PDI, recordando lo sucedido con Héctor Espinosa a propósito del fallido operativo en la comunidad de Temucuicui.
“Cuando un Director General de la Policía, a propósito de los acontecimientos de Temucuicui, se enfrenta a los parlamentarios y a la Defensoría de la Niñez, y al Instituto Nacional de Derechos Humanos… Nosotros decimos que se está deliberando y eso nos preocupa y mucho”, indicó.
También está pendiente de cumplimiento, en el caso de la Fiscalía Nacional, el “fortalecer el trabajo de fiscales en la investigación de los delitos y establecer medidas de especial atención y protección de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos”.
En el caso del Poder Judicial y la sugerencia de “velar por la garantía de un recurso judicial efectivo y oportuno”, el INDH señala que “la información disponible no es suficiente para evaluar el cumplimiento”. “Nosotros nos hemos reunido tres veces con el Presidente de la Corte Suprema y hemos valorado el autoacordado para el funcionamiento de los tribunales de justicia en tiempos de pandemia, que otorgó, en términos generales, prioridad a las materias referidas a derechos humanos. Sin embargo, estamos lejos de alcanzar justicia a través de los procesos penales que conocemos”, añadió.
En cuanto al Poder Ejecutivo, asimismo, las acciones para alcanzar la verdad de los hechos ocurridos en Chile y la garantía de no repetición de las violaciones de derechos humanos está “pendiente de cumplimiento”. En tanto, el generar medidas de reparación pertinentes y adecuadas al daño provocado a las víctimas tiene un avance de “cumplimiento parcial”.
De hecho, el informe plantea que el Estado “no informó sobre medidas que apuntan a garantizar la no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos”. “La verdad de las cosas es que, al preguntar la información al Estado de Chile, nos encontramos más bien con un silencio”, admitió Micco.
“El Estado tiene una responsabilidad no solamente por acción, cuando sus agentes violan los derechos humanos, sino que también hay una responsabilidad por la omisión del Estado. Es decir, cuando sus agentes no cumplen con su deber de garantizar derechos fundamentales… Cuando lleguemos al 18 de octubre habrán pasado dos años desde la crisis social de 2019, un tiempo más que suficiente para que el Estado democrático y de derecho chileno, demuestre resultados mucho más sustantivos de los que hoy puede exhibir”, acotó el director del INDH.
