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Luz verde al primer “gallito” legislativo de marzo: Cámara admite a trámite proyecto de tercer retiro del 10% de diputados regionalistas PAÍS Crédito: Aton

Luz verde al primer “gallito” legislativo de marzo: Cámara admite a trámite proyecto de tercer retiro del 10% de diputados regionalistas

El proyecto pasará ahora a la Comisión de Constitución para iniciar su discusión, donde también está radicada otra iniciativa similar, la impulsada por la diputada humanista Pamela Jiles. La tramitación pone presión al Gobierno que por todas las vías ha notificado que se trata de una idea inconstitucional. De hecho el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, ratificó que “por supuesto que el Gobierno recurrirá al TC en su oportunidad” para desactivar este proyecto. La secretaría de la Cámara propuso dar lugar a la tramitación “por considerar que las restricciones de admisibilidad, o constitucionalidad formal o procedimental, que el Presidente puede argumentar para rechazar un proyecto de esta naturaleza, simplemente no tienen cabida en este caso”. [ACTUALIZADA]


La Sala de la Cámara de Diputados dio luz verde para su tramitación al proyecto presentado por la bancada regionalista, que permite un tercer retiro del 10% de los fondos de ahorros previsionales, y que incluye a las rentas vitalicias y contempla la entrega de un bono compensatorio.

El proyecto pasará ahora a la Comisión de Constitución para iniciar su discusión, donde también está radicada otra iniciativa similar, la impulsada por la diputada humanista Pamela Jiles.

De acuerdo a la secretaría de la Cámara, este proyecto debe ser admitido a trámite, por lo que propone al Presidente de la Corporación, dar lugar a la tramitación “por considerar que las restricciones de admisibilidad, o constitucionalidad formal o procedimental, que el Presidente puede argumentar para rechazar un proyecto de esta naturaleza, simplemente no tienen cabida en este caso”.

“Si se estimare que esta moción incurre en los mismos vicios que la declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, un tercio de los miembros de esta Corporación o del Senado o el Presidente de la República, deberá volver a recurrir a esa instancia, ello porque el trámite de admisibilidad no apunta a cuestiones de fondo, sino, como se ha dicho, meramente sobre asuntos formales o procedimentales y que esta moción cumple cabalmente”, señala el texto firmado por el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros.

La tramitación de este proyecto pone presión al Gobierno que por todas las vías ha notificado que se trata de una idea inconstitucional. De hecho, en la entrevista concedida ayer el Presidente Sebastián Piñera dijo a Canal 13 que “un eventual tercer retiro (de fondos de AFP) es para los ricos y no va a favorecer en nada a los más vulnerables».

Entre los candidatos presidenciales, el tema también está instalado. El fin de semana, la senadora DC Ximena Rincón, dio un giro a su postura original y entregó su respaldo a la iniciativa, y la socialista Paula Narváez, emplazó a Piñera a usar los recursos del cobre “o no quedará otra opción que aprobar.

El proyecto impulsado por el diputado regionalista Jaime Mulet, también lleva las firmas de René Alinco (independiente), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Esteban Velásquez (FRVS), Patricio Rosas (independiente), Maya Fernández (PS), Gastón Saavedra (PS), Amaro Labra (PC), Camila Vallejo (PC) y Luis Rocafull (PS).

“Este proyecto de reforma constitucional es más amplio, contempla un bono de reconocimiento para no dañar las pensiones futuras y contempla una fórmula similar para jubilados por rentas vitalicias. Se tiene que fusionar con el otro proyecto que está y esperamos que la Comisión de Constitución lo tramite lo antes posible”, dijo el diputado Mulet.

“¿Se trata de hacer un punto político en año de elecciones?”

Consultado al respecto, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, ratificó que el Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC). “Nos parece que se trata de una política inconstitucional, así ya ha sido zanjado en una situación extremadamente similar por parte de quienes les corresponde determinar estas materias que es el Tribunal Constitucional (…)  por supuesto que el Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional en su oportunidad», declaró.

En este sentido, añadió que «la inmensa mayoría de los parlamentarios sabe que una política como ésta, tiene altas posibilidades de ser impugnada por el TC, si así es entonces, ¿por qué la impulsamos?, ¿se trata de hacer un punto político en año de elecciones?”.

Asimismo recalcó que “se trata de una mala política pública, se trata de una política pública que lo único que hace es que cualquier reforma a las pensiones no logre el objetivo que es mejorar y las pensiones de los chilenos, los adultos mayores y mujeres”.

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