HRW denuncia que deportaciones de venezolanos promovidas por el Gobierno no cumplen con las garantías del debido proceso: «Es contradictorio que condene con firmeza los abusos en Venezuela mientras ignora derechos”

Largas filas de extranjeros -principalmente venezolanos- vestidos de overoles blancos siendo escoltados por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI). Esa es la recurrente imagen que dejan las deportaciones del país, las que han causado polémica pues los expulsados y asociaciones, como el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) denuncian que no se hacen respetando el debido proceso. Es decir, sin derecho a ser oído, sin abogado y sin la opción de presentar pruebas para evitar las expulsiones.

Durante este año, la cifra de expulsados no ha parado de subir. En abril, el Gobierno anunció que tenía previsto deportar a 1.500 personas de distintas nacionalidades en 15 vuelos chárter durante el 2021. Según cifras oficiales obtenidas por el SJM, el Ejecutivo había deportado a 294 personas hasta el mes de abril; en la mayoría de los casos, sin control judicial. La mayor parte eran venezolanas. En junio del mismo año, expulsaron a 125 personas de distintas nacionalidades, entre las que se encontraban 53 venezolanos, incluidos 34 deportados de forma sumaria durante el fin de semana, cuando las Cortes de Apelaciones estaban cerradas. Los otros 19 venezolanos habían sido condenados por algún delito, lo cual puede ser base para una deportación en Chile como medida sustitutiva a la pena de prisión.

Desde Human Rights Watch están atentos a esta situación, exigiendo este miércoles que el Gobierno «debe poner fin a las deportaciones sumarias de venezolanos y asegurar que todas las deportaciones cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos». “Los tribunales de Chile han demostrado que muchos venezolanos que buscaban escapar de la devastadora crisis en su país de origen fueron deportados sin debido proceso, vulnerando estándares elementales del derecho internacional”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

“Es contradictorio que el gobierno chileno condene con firmeza los abusos en Venezuela mientras ignora los derechos de los venezolanos en su afán por deportarlos a un país donde sus vidas podrían correr peligro”, añade. A lo que hace referencia HRW, es que, junto con evidenciar la falta de debido proceso, en una serie de sentencias, la Corte Suprema y diversas cortes de apelaciones ordenaron a las autoridades chilenas poner fin, en casos específicos, a las deportaciones de venezolanos, debido a los graves riesgos que podrían enfrentar en Venezuela.

Los dos casos

Para ejemplificar esto, HRW examinó 21 sentencias judiciales que brindaron protección a un total de 80 venezolanos y más de 250 órdenes de deportación; entrevistó a activistas del ámbito humanitario y de derechos humanos; y documentó en profundidad dos casos ilustrativos de deportaciones que se produjeron en el mencionado vuelo de junio, a través de entrevistas a los deportados y a sus familiares en Chile.

El primer caso documentado es el de Darwin Daniel Sosa Piña, de 24 años, quien fue detenido el 5 de junio en su lugar de trabajo, transferido a una dependencia de la PDI y deportado en el vuelo del 6 de junio. De acuerdo al testimonio entregado a HRW, Sosa les dijo a los agentes de la PDI que su pareja, quien estaba embarazada, se encontraba en Chile, pero ellos siguieron adelante con la deportación de todas maneras.

Además, les dijo que aún estaba pendiente una apelación de la orden de deportación que había recibido en marzo. La Corte de Apelaciones de Iquique anuló la orden de deportación el 14 de junio, cuando Sosa Piña ya se encontraba en Venezuela.

El segundo caso es de una mujer de 58 años, que fue contactada por un oficial de la PDI, quien le dijo que se encontrara con él en un supermercado para discutir su situación legal en Chile. Cuando la mujer llegó al supermercado, el agente la esposó y le dijo que sería deportada conforme a una orden emitida casi un año antes que, según ella, nunca había recibido. Pudo hablar una vez con su hija, que vive en Chile y tiene una visa profesional, antes de que un agente le quitara el teléfono.

Para este caso, fue presentado un recurso por abogados de derechos humanos el 5 de junio, tras conversar con su hija, quien indicó que regresar a Venezuela podía poner en riesgo la salud de su madre, debido que no podría recibir tratamiento para dos hernias de disco, y que su hijo de 19 años, quien tenía una discapacidad y vivía con ella, necesitaba de su asistencia diaria. La corte dispuso que no fuera deportada, pero no sirvió ya que fue enviada a Venezuela en el vuelo del 6 de junio.

«Estos casos ponen de manifiesto un problema mayor: las deportaciones que han estado promoviendo intendencias regionales y la PDI no cumplen con las garantías de debido proceso», denuncia HRW.

Las falencias detectadas por HRW

Tras analizar la evidencia, HRW detectó diversas falencias en estas deportaciones. En primer lugar, y como ya había sido reconocido con anterioridad, explican que las expulsiones carecen del debido proceso.

«La PDI a menudo informa a los venezolanos que ingresan irregularmente al país que deben ‘autodenunciarse’ para regularizar su situación migratoria, y luego usa dichas denuncias como la única o principal prueba para su deportación. Adicionalmente, la PDI a veces no les informa a los migrantes por qué están siendo detenidos, o les dice que la detención forma parte del proceso para obtener estatus legal en el país. Esto no permite que los migrantes contacten a un abogado o adviertan a su familia acerca de su inminente deportación», aseguran.

Posteriormente agregan que «en la gran mayoría de los casos, los policías no permitieron que los migrantes objetaran su deportación antes de que se dictara la orden de deportación. De este modo, se menoscabó su derecho a ser escuchados y a presentar pruebas para impugnar la expulsión. En algunas oportunidades, las órdenes de deportación habían sido dictadas meses antes de la expulsión, pero en muchos casos la persona implicada no había sido debidamente notificada».

«El Gobierno privó a los migrantes de la posibilidad de ejercer plenamente los derechos garantizados por el derecho internacional. Diversas agencias de la ONU han manifestado que las deportaciones llevadas a cabo durante fines de semana en Chile limitan el ‘acceso a la justicia’, y el Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González, ha hecho críticas similares. Incluso en días hábiles, las deportaciones que llevó a cabo el gobierno no siempre otorgaron un plazo suficiente para que se pudiera dictar una resolución judicial que impidiera la deportación antes del vuelo a Venezuela», afirman.

El segundo problema detectado es que se trata de deportaciones colectivas y falta determinación individual. «Si bien se presentó una resolución administrativa por cada persona deportada en febrero, estas resoluciones no incluyeron análisis individuales de las circunstancias de cada caso, según señaló el Comité de la ONU de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. El lenguaje empleado en diversos casos fue prácticamente idéntico, y no se realizó un análisis caso por caso», dicen.

Finalmente, y no menos importante, HRW dice que con estas expulsiones, el Gobierno separa familias. «Para la gran cantidad de venezolanos cuyo estado civil o parental no está registrado ante el Estado chileno, las deportaciones sumarias no les permiten demostrar que tienen vínculos familiares en Chile. Probar estos vínculos puede resultarles difícil, ya que es complicado obtener documentos oficiales como certificados de matrimonio y de nacimiento tanto en Venezuela como en el extranjero, donde los servicios consulares venezolanos son limitados. Como las decisiones sobre deportaciones en Chile son adoptadas, consistentemente, sin conceder audiencias, los migrantes no cuentan con una oportunidad para presentar sus argumentos y las pruebas que les permitirían demostrar sus vínculos familiares», indican.

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