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Los conflictos de intereses y la falta a la probidad en el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno que salpican al ministro Juan José Ossa

por 27 octubre, 2021

Los conflictos de intereses y la falta a la probidad en el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno que salpican al ministro Juan José Ossa
Conflictos de intereses, falta a la probidad y una peligrosa relajación en los sistemas de control reveló un reservado informe de la Contraloría General de la República (CGR), que pone el foco nada menos que en el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), una de las dependencias más estratégicas de la administración del Estado, debido al alto grado de información confidencial que maneja. El abierto caso de falta de probidad se destapó cuando la CGR cuestionó la contratación por "trato directo" que realizó el exsubsecretario de Justicia –hoy ministro secretario general de la Presidencia–, Juan José Ossa, de la firma de auditoría internacional Ernst & Young (EY), para realizar un "Análisis, Revisión Especial, y Generación de un Plan de Riesgo para Procesos Estratégicos en el Servicio Nacional de Menores y Gendarmería de Chile". El punto es que el director ejecutivo de la consultora EY, Jorge Vio Niemeyer, al momento de adjudicarse el contrato por parte de Ossa en su calidad de responsable político de la operación, era ni más ni menos que miembro del CAIGG, el único organismo que consolida a nivel de la Administración Central la información financiera y operativa de tipo estratégico, producto de los requerimientos de transparencia y austeridad de la Dipres. El caso reveló asimismo la "vulnerabilidad" del sistema de control y la completa discrecionalidad de criterios para designar los consejeros por parte de la institución de la Presidencia de la República, además de constatar la falta de un Reglamento del CAIGG que permitiera delimitar las conductas prohibidas para dichos consejeros durante el ejercicio de sus funciones. Sumado a lo anterior, se reveló igualmente el poder de EY al interior del Gobierno, ya que en los dos mandatos de Sebastián Piñera diversos funcionarios de alto rango de auditorías internas pasan de la consultora internacional a La Moneda y viceversa, sin control. Además de Vio Niemeyer, están los casos del actual auditor general de Gobierno, Eugenio Rebolledo Suazo, que participó como abogado senior en la consultora EY, y José Monsalve Assef, hoy consejero en el CAIGG, quien también fue socio líder de Ernst & Young.
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Un informe emanado desde la Contraloría General de la República (Investigación Especial n.989, de 2019), del 14 de enero del 2021, presentó el resultado de una investigación solicitada a raíz de una denuncia anónima por irregularidades en la contratación de la auditora internacional Ernst & Young (EY), realizada vía trato directo por el entonces subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, hoy ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres). En el documento se acusa falta de probidad del director ejecutivo de la consultora EY, Jorge Vio Niemeyer, pues al momento de adjudicarse el contrato era también consejero del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), una dependencia gubernamental estratégica para el Estado, debido al alto grado de información confidencial que maneja.

El estudio encargado a la señalada empresa por Juan José Ossa, cuando estaba en Justicia, con evidente conflicto de intereses, era ni más ni menos que el de realizar un “Análisis, Revisión Especial, y Generación de un Plan de Riesgo para Procesos Estratégicos en el Servicio Nacional de Menores (Sename) y Gendarmería de Chile". El gran problema es que la doble función que cumplió Vio Niemeyer, y el visto bueno de La Moneda, encendieron las alarmas de sus pares al interior del CAIGG, quienes, al ver que no se tomaban cartas en el asunto, decidieron hacer público el informe del ente contralor, acusando “lamentar profundamente que el conflicto de interés y la falta de probidad lleguen al máximo órgano de auditoría interna del gobierno (CAIGG)”.

Cabe consignar que el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno es el único organismo que consolida, a nivel de la Administración Central, la información financiera y operativa de tipo estratégico, producto de los requerimientos de transparencia y austeridad de la Dirección de Presupuestos (Dipres). De esta manera, los servicios públicos reportan trimestralmente información detallada al CAIGG sobre cuentas por pagar, licencias por recuperar, saldos contables, conciliaciones bancarias, entre otras, por lo que cualquier tipo de “ruido” en materia de probidad debiese ser de “extrema preocupación”, debido, principalmente, a lo sensible de la información que adentro se maneja y el interés público que arrastra, señalaron las fuentes consultadas.

Su función consiste en desarrollar, permanentemente, una coordinación técnica de la actividad de las unidades de auditoría interna de los Servicios Públicos dependientes o relacionados con el Ejecutivo, apoyar la generación y mantención de adecuados ambientes de control, elaborar documentación técnica, prestar orientación general y asesoría en materias de auditoría interna, control interno y probidad administrativa, y efectuar un seguimiento permanente de los objetivos de control definidos en cada nivel de la Administración.

En lo principal, el informe de Contraloría concluyó que Jorge Vio Niemeyer –quien en la actualidad ejerce como socio líder del área forense y servicios de integridad de la consultora EY– participó directamente en los servicios prestados por la misma empresa a la Subsecretaría de Justicia, lo que potencialmente afectaría el ejercicio de su entonces función también como consejero del CAIGG.

Aquello, debido a que el CAIGG está a cargo de la tuición técnica de los servicios en materia de auditoría interna, en este caso, de la misma subsecretaría que los contrató. En particular –y tal como consignaron las fuentes consultadas–, “dirige el proceso de generación de matrices de riesgo de los servicios sujetos a su control, aspecto que se vincula con el objeto del contrato de que se trata, por lo que este debió abstenerse de formar parte del equipo de trabajo que desarrolló la consultoría, como también, de haber participado en las reuniones sostenidas entre la consultora en la que trabaja de forma remunerada y la aludida cartera de Estado”.

En el mismo documento se considera a Jorge Vio –según dictámenes de la CGR– como "autoridad" en su rol de consejero del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, resultándole aplicables todas y cada una de las disposiciones sobre probidad administrativa y, en particular, el referido deber de abstención, cosa que no hizo en la consultoría prestada. Todo ello, bajo la anuencia y conocimiento de La Moneda.

Es más, Vio Niemeyer no solo es socio principal de la consultora contratada por Ossa sino que incluso fue también auditor general de Gobierno (secretario ejecutivo del CAIGG) en el primer Gobierno de Sebastián Piñera –periodo 2011-2014– y, posteriormente, consejero en el mismo organismo en el periodo 2018-2020, segundo mandato del Presidente Piñera. Según lo consignado, este personero solo habría renunciado al cargo de consejero después de que se iniciara la investigación, en enero de 2020, pero –según pudo verificar El Mostrador en documentos– la aceptación de su renuncia (mediante Decreto Supremo) solo se produjo un año después (enero 2021), lo que aumentó "la percepción de abierta corrupción" al interior del estratégico Consejo de la administración del Estado.

Contrariados, desde La Moneda aseguraron que, una vez que presentó su renuncia, nunca más habría oficiado en su rol de asesor.

La motivación primaria de quienes decidieron hacer público el documento fue –en sus palabras– que “potencialmente, a la consultora EY le interesaría obtener información financiera y operacional de las entidades del Estado, a nivel individual y agregado. Esta información es muy importante para generar futuros negocios en el sector público y privado”.

También, en el informe de la CGR se solicitó a la Subsecretaría de Justicia iniciar un proceso sumarial para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos descritos. En específico, se señala que dicha subsecretaría no acreditó la concurrencia de las circunstancias que comprueben que la consultora EY poseía las facultades especiales que permitieran asignarle la adquisición por trato directo, responsabilidad política exclusiva de Juan José Ossa, actual ministro secretario general de la Presidencia.

De esta manera –agregaron las fuentes consultadas–, se habría contravenido lo previsto el artículo 49 del referido decreto N° 250, de 2004, y que dispone que solo cuando concurran las causales establecidas en la Ley de Compras o en el artículo 10 de dicho reglamento, las entidades deberán autorizar el Trato o Contratación Directa, a través de una resolución fundada. En la ocasión, fue el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, encabezado por el ministro Hernán Larraín, el que dio el vamos a la acción dispuesta por el subsecretario.

Ernst & Young, ahora también conocida como EY, es una empresa multinacional y de las más importantes firmas de servicios profesionales del mundo –de acuerdo a lo que relatan varias biografías y testimonios que conocen de cerca su labor– y que incluyen auditoría, impuestos, finanzas, contabilidad, asesoría legal, servicios de cálculos y estudios actuariales y asesoramiento en la gestión de la empresa.

La multinacional es parte de las llamadas Big Four, las cuatro empresas más importantes del mundo en el sector de la consultoría y auditoría, junto con PricewaterhouseCoopers, Deloitte y KPMG. Según la revista Forbes, a finales del año 2013, por su tamaño, era la décima mayor compañía privada de Estados Unidos.

En el documento emanado desde el ente contralor, se constató también que el auditor ministerial de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Dan Muñoz Silva –quien en su momento fue designado como contraparte técnica del contrato de consultoría en revisión–, no se abstuvo de conocer ese asunto, situación que debió ocurrir según la CGR, ya que técnicamente estaba relacionado con el CAIGG y, por ende, pudo verse afectada la independencia e imparcialidad del mismo.

En el momento de la investigación realizada por Contraloría, se reveló la "vulnerabilidad" del sistema de control en esta área, dado que no se contaba con un Reglamento para el CAIGG, por lo que quedaban a completa discrecionalidad los criterios para determinar los consejeros y sin delimitar las conductas prohibidas para dichos consejeros durante el ejercicio de sus funciones. Tampoco se regulaban las sanciones. De esta forma, quienes conocen del quehacer de la institucionalidad estatal, reparan en que en modo alguno esta falta de control implica justificación, sino todo lo contrario, puesto que deja patente la “evidente falta a la probidad”.

Otro hecho de importancia incluido en el informe de la CGR, corresponde a la falta de dictación del Reglamento por parte del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG).

Respecto a por qué en el tiempo de Ossa se decidió hacer el negocio por trato directo, desde la Segpres –que actualmente dirige– señalaron que, si se hacía una licitación previa, el objeto de la auditoría contratada sería conocido por mucha gente, lo que pudo haber dado pie a que eventuales ilícitos o malas prácticas fueran ocultadas al conocerse que habría una consultoría en esos servicios. A eso agregaron que las razones que se entregaron fueron consideradas, por ellos mismos, como suficientes para configurar la causal mencionada, resguardándose en que la propia CGR, a pesar de no haber mostrado conformidad, no les habría formulado sanción alguna.

En torno a por qué se eligió a Ernst & Young y no otra, siendo que Contraloría señaló que la Subsecretaría de Justicia en su momento no acreditó la concurrencia de las circunstancias que comprueben que la consultora EY poseía las facultades especiales que permitieran asignarle la adquisición por trato directo, desde la misma repartición argumentaron que fue elegida porque, hasta donde conocían, era la única empresa que contaba con herramientas modernas en análisis masivos de datos y cruces de información, agregando que la consultoría tenía un foco forense, destinado a identificar eventuales fraudes en esos servicios.

Los "hombres" de EY en el Gobierno

El conflicto de intereses entre el mundo público y privado ha sido tema de debate constante desde el retorno a la democracia, y varias páginas se han escrito respecto a cómo la industria, en sus diversos ramajes, saca y devuelve personeros desde el Gobierno de turno, con el fin de comprar redes, influencia, pero, por sobre todo, información a la que no se tiene acceso tan fácilmente desde afuera.

En este caso, entre los dos gobiernos de Sebastián Piñera y la internacional Ernst & Young, existe una serie de idas y venidas, esto con el agregado de que es la institución del Presidente de la República la que está a cargo de la designación de los integrantes del CAIGG.

Tanto así que –más allá del caso de Jorge Vio– el actual auditor general de Gobierno, Eugenio Rebolledo Suazo, y tal como aparece mencionado en su currículo, también participó como abogado senior en la consultora EY. Rebolledo Suazo –según señalaron fuentes conocedoras del día a día de su trabajo–, es cercano a Vio Niemeyer, y habría sido este último el que lo recomendó para el actual cargo que desempeña.

En el caso de José Monsalve Assef, actual consejero del CAIGG (lo fue asimismo en el periodo 2011-2014), también fue socio líder de Ernst & Young, y quien recomendó a Vio Niemeyer, luego de su paso por el primer mandato de Piñera, para que se integrase al área de Gobierno y sector público de la consultora en cuestión.

Vio Niemeyer, una vez que dejó el Ejecutivo en su primera estadía, aterrizó inmediatamente en EY. Con él se llevó desde la entidad gubernamental a Rolando Muñoz Villa e Ignacio Valenzuela. Este último formó parte del trabajo que encargó la Subsecretaría de Justicia, como fue consignado por la Contraloría.

Iniciada la segunda administración del Presidente Sebastián Piñera, y con Jorge Vio Niemeyer como consejero del CAIGG, retorna también Muñoz Villa desde la consultora, asumiendo el cargo de coordinador general de la instancia.

Con todo ello, cerraron el círculo.

 

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