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«Lamentamos la forma, no la compartimos (…) La diligencia, tal como se concretó, pudo afectar no solo la proporcionalidad en la persecución penal, sino y más relevante los derechos de las personas imputadas y no imputadas”, sostuvo el Fiscal Nacional, quien estuvo en el foco de las críticas por el mediático procedimiento, y decidió pedir un informe al Fiscal Regional Sur Héctor Barros y oficiar al Director General de Carabineros, Ricardo Yáñez. El mediático allanamiento fue condenado por la oposición, pero también hubo críticas al interior del Ministerio Púbico, como la emitida por la Asociación de Fiscales, la cual expresó que “como gremio repudiamos absolutamente lo sucedido”. Los persecutores apuntan básicamente a lo desproporcionado del operativo y además a la filtración del mismo. La Asociación Nacional de Fiscales recuerda que “en diversas oportunidades ha planteado la necesidad de realizar las modificaciones legales necesarias para aumentar y fortalecer los controles funcionales del Ministerio Público hacia las policías, con la finalidad precisamente de evitar actuaciones como la ocurrida» [ACTUALIZADA]
El Fiscal Nacional Jorge Abbott finalmente rompió el silencio tras horas de cuestionamientos al accionar del Ministerio Público y Carabineros por el mediático allanamiento registrado en la tarde de ayer en la sede del Partido Comunes, como parte de las diligencias por el caso Karina Oliva.
A través de una declaración, publicada en las redes sociales del Ministerio Público, el Fiscal Nacional asumió que hubo un “desproporcionado uso de fuerza en el ingreso” a la sede del partido en el barrio Concha y Toro en Santiago, concretada ayer por un piquete de efectivos del GOPE y a solo horas de las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales de este domingo 21 de noviembre.
«Lamentamos la forma, no la compartimos», dijo Abbott. «La diligencia, tal como se concretó, pudo afectar no solo la proporcionalidad en la persecución penal, sino y más relevante los derechos de las personas imputadas y no imputadas”, sostuvo el Fiscal Nacional, quien “demandó un esclarecimiento urgente de los hechos y de sus razones”.
Por ello, pidió un informe al Fiscal Regional Sur Héctor Barros y ofició al Director Gral. de Carabineros, Ricardo Yáñez, según señaló el Ministerio Público.
El mediático allanamiento fue condenado por la oposición, con dardos a La Moneda, al Fiscal Nacional y a Carabineros, dado que si bien hay consenso en que se debe investigar a fondo el caso de fraude de subvenciones que involucra a Oliva y su círculo, es llamativa la diferencia entre este caso y otros de platas políticas.
Pero también hubo críticas internas en el Ministerio Público, porque la Asociación de Fiscales emitió esta jornada una declaración pública en donde es explícita en que “como gremio repudiamos absolutamente lo sucedido”.
Los persecutores apuntan básicamente a lo desproporcionado del operativo y además a la filtración del mismo, dado que se trató de una diligencia transmitida en vivo por los noticieros. Es más, asumen que “impresionan las imágenes poco criteriosas en cuanto al uso desproporcionado de la fuerza” por parte de los efectivos del Gope que participaron del allanamiento, y que rompieron candados y puertas para ingresar al inmueble.
En su comunicado, si bien señalan que se trató de “una diligencia autorizada judicialmente para encontrar y preservar medios de prueba en una investigación en curso de alta relevancia para el país”, recuerdan que “los fiscales no contamos con policía propia, debiendo por tanto instruir a alguna de las policías para que ejecute dicha orden judicial”.
“En este caso, se encomendó la diligencia a Carabineros de Chile, impresionando las imágenes poco criteriosas en cuanto al uso desproporcionado de la fuerza, al porte de armas de fuego de alto poder, y la difusión coetánea de esta diligencia, afectando el principio legal de reserva o secreto y la dignidad de las personas involucradas”, señala la declaración.
Los fiscales señalan que “desconocemos quién, vulnerando la obligación legal de reserva de la investigación, filtró la realización de esta diligencia, cuestión que es completamente improcedente, no solo por poner en riesgo la eficacia de esta diligencia intrusiva, sino que además implica una afectación innecesaria a los derechos de quienes están siendo investigados, cuestión absolutamente inaceptable en un estado democrático de derecho”.
La Asociación Nacional de Fiscales recuerda que “en diversas oportunidades ha planteado la necesidad de realizar las modificaciones legales necesarias para aumentar y fortalecer los controles funcionales del Ministerio Público hacia las policías, con la finalidad precisamente de evitar actuaciones como la ocurrida, y así poder garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales de todos nuestros ciudadanos, y de esta forma contribuir a sentar las bases de la nueva convivencia social que entre todos estamos construyendo”.
