PAÍS
Crédito: La Clave en El Mostrador
La directora de Espacio Público, Andrea Sanhueza, se refirió a lo que será la llegada del Presidente electo, Gabriel Boric, en materias medio ambientales. Sin ir más lejos, el Acuerdo de Escazú, firmado por 12 países fue desestimado por el Presidente Piñera, quien a pesar de haber estado de acuerdo en primera instancia, luego desestimó ser parte del tratado medio ambiental. Con la llegada de Gabriel Boric, esto cambiará rotundamente, ya que el futuro Presidente evidenció una diferencia con el actual mandatario, ya que retomará las conversaciones para que Chile pueda ser parte del acuerdo, desmarcándose así de la decisión adoptada por el Presidente Piñera. Al respecto, Sanhueza señaló que el acuerdo busca establecer una serie de derechos para la población. «El convenio de Escazú es un convenio que aborda el tema de la democracia ambiental. Es decir, como se toman las decisiones en materia ambiental. Y cuando decimos democracia nos referimos a tres derechos humanos fundamentales: el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia», señaló. Consultada respecto a los desafíos del próximo Gobierno, Sanhueza declaró que se basará en tres ejes prioritarios. «Sin duda va a tener dos o tres grandes temas. El tema de la transición energética y todo el proyecto de descarbonización. Toda la agenda de cambio climático, de poder implementar los planes que Chile ya se ha comprometido a nivel internacional. Luego empezar todo el proceso de implementación del código de aguas y que desde los grupos ambientalistas y también técnicos y científicos se considera que es un avance importante en la región», sostuvo.
La directora de Espacio Público, Andrea Sanhueza, se refirió a lo que será la vuelta de Chile al Acuerdo de Escazú, el cual fue desestimado por el Presidente Sebastián Piñera a pesar de haber estado a favor en primera instancia. El hecho, dejó a Chile fuera de un pacto con otros 12 actores de la región para abordar las problemáticas medioambientales, será retomado por el futuro Presidente, Gabriel Boric, quien mostró su compromiso con ser parte del acuerdo.
En conversación con El Mostrador en La Clave, Sanhueza señaló que este tratado permitirá a las personas tiene participación en una denominada «democracia ambiental», en donde se abordan tres derechos fundamentales para la ciudadanía.
«El convenio de Escazú es un convenio que aborda el tema de la democracia ambiental. Es decir, como se toman las decisiones en materia ambiental. Y cuando decimos democracia nos referimos a tres derechos humanos fundamentales: el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia. Es decir, cualquier persona bajo ese convenio una vez que se comience a implementar en Chile, que quiera tener información, sobre un proyecto, sobre un plan de descontaminación, pueda tener esos derechos de mejor forma garantizados», señaló.
En cuanto a las apuestas que propone este convenio, Sanhueza anticipó que la participación de Chile en este acuerdo, permitirá que se solucionen diversas problemáticas que son parte de las decisiones medioambientales, tales como la forma de que la población pueda hacer llegar sus consultas y que se entregue una información no tan técnica, como se acostumbra hoy.
«Por un lado, va a disminuir los conflictos medioambientales, que como bien sabemos Chile tiene varios, porque si las personas tienen la información que quieren sobre el proyecto, la entienden y luego tienen una vía institucional, con eso quiero decir un procedimiento instalado por el Gobierno donde puedan hacer llegar sus observaciones y estas se tomen en cuenta en forma oportuna que es lo que hoy día no sucede, eso debiera disminuir la conflictividad, porque muchos de los conflictos hoy día están asociados a no entender de qué se trata, a no recibir la información que en general es muy técnica y sobre todo a no poder influir en la decisión sobre ese proyecto», aseveró.
«En segundo lugar, la gran apuesta también que incluye este convenio por primera vez, es artículos sobre la protección de los defensores ambientales. Afortunadamente Chile no es un país que tenga una realidad grave al respecto, pero si hemos ido empeorando», planteó.
«De eso se trata el convenio, de cómo las personas a través de la información, la podamos entender y canalizar nuestras propuestas, inquietudes, críticas, de una forma de que el Estado se haga cargo de eso», agregó.
Luego de que la abogada Constance Nalegach haya sido nombrada como la jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, deja en claro la intensión del futuro Gobierno de retomar el ingreso nacional al acuerdo.
Al respecto, Sanhueza anticipó cuales serán los principales desafíos medioambientales que tendrá el gobierno entrante, en donde hay especial atención en la reciente aprobación de la termoeléctrica «Los Rulos», sumado a la implementación del código de aguas, entre otros.
«Sin duda va a tener dos o tres grandes temas. El tema de la transición energética y todo el proyecto de descarbonización y por eso ha sido tan infeliz la decisión de aprobar esta termoeléctrica “Los Rulos” porque es precisamente seguir produciendo energía con carbón. Ese es un gran tema y un compromiso de este gobierno», aseguró.
«Toda la agenda de cambio climático, de poder implementar los planes que Chile ya se ha comprometido a nivel internacional, luego empezar todo el proceso de implementación del Código de Aguas y que desde los grupos ambientalistas y también técnicos y científicos se considera que es un avance importante en la región», agregó.
A modo personal, Sanhueza señala que uno de los principales desafíos del Gobierno entrante, tendrá relación con como la población puede ser parte más activa en la discusión de materias medioambientales.
«El cómo se toman las decisiones ambientales y poder al menos canalizar de mejor forma y ojalá reducir la conflictividad socio ambiental que hay en el país, que es importante. Hoy la ciudadanía no tiene muchos canales más allá que protestar, a conocer los proyectos y poder ser parte de las decisiones de ella y que haya transparencia sobre los impactos que estos proyectos van a tener», expresó.
«Va muy asociado a las amenazas y amedrentamientos que han sufrido los defensores ambientales en el país», concluyó.
