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Fotos: Agencia Uno.
Después de tres meses de negociación entre partidos sobre la composición de un futuro órgano constituyente, las conversaciones están en el mismo punto de partida: si el órgano será 100% electo o mixto y si los expertos designados por el Legislativo tendrán facultad de votar. Este lunes, a las 08:00 horas, las fuerzas representadas en una “mesa chica” se vuelven a reunir en el ex Congreso, tras un fin de semana donde a Amarillos se le acusó de boicotear el acuerdo, al oponerse a que los redactores de la Constitución fueran elegidos democráticamente. Su propuesta es que sean designados a dedo por el Parlamento.
Este lunes se cumplen 99 días desde la realización del plebiscito del 4 de septiembre y el triunfo –con 61,9% de los votos– de la opción Rechazo a la propuesta de Constitución. Durante la mañana de esta jornada está citada “la mesa chica”, es decir, un comité con cuatro representantes por cada lado: la alianza de Gobierno y la oposición. ¿El nudo? El mismo con el cual partió este segundo tiempo constituyente: la composición del futuro órgano redactor de la Carta Magna, y si los expertos designados tendrán o no derecho a voto. En tres meses, los negociadores del Congreso no han logrado desenredar el nudo inicial.
El comité –o «mesa chica»– está integrado, por un lado, por Alberto Undurraga (DC), Paulina Vodanovic (PS), Diego Ibáñez (CS) y Lautaro Carmona (PC). En tanto, la oposición está representada por Javier Macaya (UDI), Gloria Hutt (Evópoli), Francisco Chahuán (RN) y Zarko Luksic (ex DC, actualmente de Amarillos).
Esta cantidad de representantes se configuró luego que el oficialismo pidiera que se achicara la mesa, y porque había parlamentarios que tenían complicaciones para asistir, ya que este lunes se vota en el Congreso una nueva prórroga del Estado de Excepción para el Bíobío y La Araucanía.
“El lunes tiene que haber acuerdo, si no, no hay nada”, dijo uno de los negociadores de la alianza de Gobierno en los pasillos del ex Congreso Nacional el viernes, pasadas las 21:00 horas, antes de que se supiera que de nuevo no habían firmado un entendimiento.
“Esperábamos esta semana llegar a acuerdo, de hecho, el presidente de la UDI (Javier Macaya) fue claro respecto de los plazos que estaban corriendo, y el propio Presidente Boric, en un llamado que yo valoro, reiteró la necesidad de establecer un acuerdo, nos instó a establecer un acuerdo. Lamentablemente ha primado la intransigencia”, señaló este domingo el senador y presidente de la Cámara Alta, Álvaro Elizalde.
Tomando en cuenta que el Servicio Electoral (Servel) aconsejó que la próxima elección se llevara a cabo en 2023 e informó que necesitaba al menos 140 días para organizar lo que tiene que ver con el padrón electoral; que el acuerdo que se suscriba en el ex Congreso todavía debe tramitarse allí como una reforma constitucional, con un quórum de 4/7; y que se había fijado el 16 de abril como la fecha idónea para las elecciones de integrantes del órgano, los partidos políticos están atrasados. Por esto, aseguran que este lunes es crucial para llegar a una determinación.
Quedan dos caminos que han sido legitimados durante las tratativas. Uno es el último que propuso la izquierda y que también fue apoyado por Demócratas: 70 electos –sin listas de independientes– y 30 expertos designados por el Parlamento con incidencia en normas transitorias y armonización.
La segunda alternativa es la que impulsa la oposición: propone que los expertos designados tengan voz y voto durante todo el proceso. Desde Chile Vamos se interpretó que el Presidente Gabriel Boric lo validó con sus palabras el miércoles 7 de diciembre.
Después de que las negociaciones se centraran en la proporción de expertos durante el martes, tendiendo el oficialismo a avanzar a una fórmula mixta, el miércoles en la mañana el Mandatario manifestó que “es preferible un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo”.
Sin embargo, desde el oficialismo –que ese día propuso un órgano 100% electo de 50 integrantes– no se leyó de esa forma, sino que interpretaron el mensaje como que todos los grupos debían ceder, y en esa nueva fórmula ellos proponían una cantidad de integrantes mucho menor a la que originalmente buscaban.
Además de que la mixta fue una alternativa estudiada el miércoles por el oficialismo, ya antes representantes del Gobierno habían dado espacio a un órgano de tales características. La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, argumentó en octubre –durante un programa de CNN– que la línea del partido era la de un mecanismo 100% electo, pero que no había que «cerrarse a alternativas, como, por ejemplo, que pudiera haber una Convención 80-20”.
Durante el fin de semana algunos dardos, especialmente desde los partidos de izquierda, fueron directamente hacia el partido en formación Amarillos.
“El poder es la influencia que tienen sobre Chile Vamos para empujarlos a rechazar una opción que ellos mismos propusieron (Chile Vamos): 50 personas electas como el Senado, y con paridad; escaños indígenas supranumerarios. Y hoy es lo que nosotros estamos pidiendo que podamos firmar”, aseguró el domingo el diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, en el programa ‘Mesa Central’ de Tele 13. Con su frase recordaba las consecuencias, en su opinión, del peso de Amarillos en las tratativas del pasado miércoles.
Según negociadores del oficialismo, el miércoles 7 de diciembre, cuando izquierda y derecha estuvieron cerca de consensuar una postura bajo la idea de 50 electos, la cabeza del partido en formación Amarillos, Cristián Warnken, sostuvo que estaban por que el órgano fuera nombrado 100% por el Congreso y que, si se abría una campaña y se lograba que sean 100% electos, «nosotros no vamos a firmar y vamos a hacer campaña en contra».
Ese día, más temprano, Warnken aseguró ante la prensa que, si el acuerdo contemplaba una Convención completamente elegida y no una designada por los parlamentarios en ejercicio, “se está invalidando al órgano representativo y democrático que es el Congreso, se está instalando una suerte de dictadura de facto, esos son los caminos populistas”.
También en ‘Mesa Central’, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, dijo que “Amarillos está sentado a la mesa porque tiene un poder de influencia mediático”.
En el mismo programa, Warnken respondió a las acusaciones: “¿Alguien puede creer que este pequeño partido, este pequeño David de la política chilena, va a ser el obstáculo para llegar a un acuerdo constitucional? Me parece impresentable y poco creíble esa afirmación”. “Somos un partido en formación. Nosotros ni siquiera vamos a alcanzar a llevar candidatos a convencionales, no vamos con la calculadora electoral”, agregó. “¿Cómo va a arrastrar Amarillos a Chile Vamos?», planteó.
“Lo que vemos son avances que terminan siendo torpedeados por Amarillos, que su único interés es que no haya elecciones (…), ellos quieren expertos designados y no quieren democracia”, fue lo que señaló la timonel del PS al bajar del tercer piso tras el fin de la serie de reuniones del viernes.
Cuando los distintos representantes empezaron a salir ese viernes, integrantes de Amarillos se acercaron a miembros del oficialismo para preguntarles por qué se les estaba asignando la responsabilidad de haber boicoteado el proceso. “Eso es lo que está diciendo la prensa”, decían.
Desde el oficialismo explicaban, en reserva, que se debía principalmente a lo sucedido el miércoles y a que un integrante del partido en formación, Zarko Luksic, había sido quien tomó la palabra para rechazar la oferta del oficialismo el viernes.
“Hoy día no tenemos acuerdo por la presión de Amarillos y la resistencia de Renovación Nacional”, aseguró la presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, casi a las 22:00 horas.
Pasada esa hora, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, llegó a decir que estuvieron «muy cerca de llegar a un acuerdo”.
Y es que, después de que el bloque Chile Vamos más Amarillos insistiera en la propuesta con la que llegó el segundo grupo la mañana del viernes –que decía relación con un órgano de 50 electos y 25 expertos–, según asistentes, se creó un ambiente hostil.
La izquierda argumentaba que no estaba conforme con la proporción electos/expertos, por la “legitimidad social del proceso” y que, por un tema de “legitimidad democrática», la cantidad de electos debía ser considerablemente mayor a la de designados. Y porque un número como el 50 elegidos solo lo apoyarían sin expertos, por ser un sacrificio electoral para el bloque progresista: conformado por partidos pequeños y que tienen más éxito en las grandes regiones.
Explicaron que, para evitar que se estancaran las conversaciones, y por la tensión en la sala general, decidieron crear la “mesa chica” antes señalada. En esa instancia el oficialismo propuso un órgano de 70 electos y 30 expertos designados por el Congreso, con incidencia en normas transitorias y armonización. Dos de los representantes del oficialismo que estuvieron presentes detallaron que parecía haber acuerdo en dicha dirección. Tanto así que un negociador de la mesa general describió que pidieron “ir a buscar las corbatas”.
Sin embargo, ya en la mesa general y después de que los representantes de la reunión más pequeña hablaran con sus bloques, Zarko Luksic –el exdiputado, quien fuera DC y que hoy pertenece al partido en formación Amarillos– tomó la palabra para anunciar que Chile Vamos y Amarillos rechazaban la propuesta.
Esto –explican desde la oposición–, debido a que los expertos no podrían conversar sobre el fondo de las normas constitucionales al no poder influir con su voto en la elaboración. Suman a esto el considerarlo un “diseño conceptual poco coherente”, ya que los expertos podrían tener votos para algunas cosas y otras no.
Este domingo el único parlamentario de Amarillos, Andrés Jouannet (ex DC y elegido en cupo del Partido Radical), en entrevista con ‘Meganoticias’, aseguró que no tendría problemas con un plebiscito para definir el mecanismo. A diferencia de él, Cristián Warnken y Zarko Luksic, del mismo partido en formación, negaron estar de acuerdo con dicha alternativa.
“Se puede hacer un plebiscito de entrada. (Pero) ahí corremos el riesgo de, imagínense, que Republicanos diga: ‘Se deja la Constitución actual o una nueva’. Retrocederíamos, y quién puede invalidar eso”, puntualizó Warnken en ‘Mesa Central’, argumento que fue criticado al interior de la alianza de Gobierno, a partir de la postura de que no se podía pasar por encima de la opinión mayoritaria de la ciudadanía.
La primera en deslizar la idea del plebiscito fue Paulina Vodanovic (PS), el miércoles de la semana pasada. Sin embargo, fuentes oficialistas admitían que no era una alternativa real, sino más bien una forma de meter presión a las tratativas.
Pero el viernes la opción empezó a ganar fuerza, cuando los representantes de la izquierda comenzaron a ver cada vez más difícil arribar a un acuerdo.
La cabeza de Renovación Nacional y senador, Francisco Chahuán, aseguró que no hay piso en su colectividad para un plebiscito de entrada.
Aunque hoy las fuerzas políticas estén inmersas en un nudo, antes llegaron a definiciones comunes. Una es el establecimiento de doce bases institucionales, de las cuales el debate no podría salir. Algunos ejemplos son que el Estado de Chile es unitario y descentralizado, y que el país tiene tres poderes “separados e independientes entre sí, como son, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, con jefe de gobierno e iniciativa fiscal de gasto; el Poder Judicial, con unidad jurisdiccional y con pleno respeto de las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas; y el Poder Legislativo compuesto por Cámara de Diputados y Senado».
Otra es la elaboración de un comité técnico, paritario, compuesto por 14 juristas designados por el Congreso. Su objetivo sería el de ser un árbitro que puede declarar inadmisibles las normas que se aparten de las bases.
