El abogado Rodrigo Ríos, miembro del comité editorial del Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública, expuso en el programa Al Pan Pan sobre el sesgo de clase social, racial y de nacionalidad en el sistema judicial chileno. Destacó el caso de Nardy Ribera como ejemplo de falencias, donde se aplica de manera automática la prisión preventiva a una persona extranjera, sin considerar otras medidas cautelares menos restrictivas. Ríos subrayó la falta de reflexión y la presunción de culpabilidad desde el inicio del proceso, generando un escenario perjudicial para los imputados que en varios casos resultan ser inocentes.
Nardy Ribera, una joven boliviana, vivió una pesadilla durante seis meses después de ser detenida por tráfico de drogas. Mientras viajaba en autobús, sus cremas de queratina para uso capilar fueron sometidas a una prueba de campo en la aduana y dieron positivo por cocaína. Fue formalizada y enviada a prisión preventiva sin que su familia en Bolivia supiera. Sin embargo, el Instituto de Salud Pública confirmó más tarde que las cremas no contenían droga. Después de tres meses con arraigo nacional, finalmente se dictó su sobreseimiento definitivo el 25 de noviembre.
El abogado Rodrigo Ríos, miembro del comité editorial del Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública y profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad Finis Terrae, abordó este y otros casos similares en un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler. El académico confirmó que en el sistema judicial chileno existe un sesgo de clase social, racial y de nacionalidad contra los imputados. A su juicio, “se aplica una respuesta altamente represiva por parte del sistema”.
Cabe mencionar que, según la cuenta pública del defensor nacional Carlos Mora, hubo 66 mil acusados que finalmente fueron declarados inocentes o no condenados en 2022. Esto representa casi un 25% de las causas ingresadas. Además, casi 6 mil personas que estuvieron en prisión preventiva terminaron sentenciadas a penas sin cárcel, y 1.782 estuvieron privadas de libertad, pero eran inocentes.
El caso de Nardy Ribera, para el abogado Rodrigo Ríos, “evidencia ciertas falencias en el sistema”. Por ejemplo, mencionó la demora de los servicios públicos en entregar una opinión para establecer si hay o no un delito que va de la mano con la gravedad que significa privar de libertad a una persona a la espera de ese resultado.
“Lo que se cruza es el perfil, desde el punto de vista de que la imputada es de nacionalidad extranjera. Y es que allí muchas veces el sistema entrega como primera respuesta la prisión preventiva. No está disponible utilizar otros mecanismos de cautelares de menor intensidad para asegurar que (Nardy Ribera) pudiera comparecer a las actuaciones futuras del proceso teniendo en cuenta que tiene una irreprochable conducta anterior, pero su única diferenciación es que es extranjera. Bajo esa lógica, bajo imputación de un delito grave, porque inicialmente se le imputa la posesión de droga, pues bien, la respuesta es automática: prisión preventiva”, explicó el académico.
El punto a reflexionar, apuntó el abogado Rodrigo Ríos, es la espera de seis meses para adoptar esa decisión, pudiendo haber tomado otra medida cautelar de menor intensidad ante el posible margen de error. En ese sentido, consultado por si hay un sesgo de clase social, racial y de nacionalidad hacia los imputados, el integrante del Proyecto Inocentes lo confirma.
“Confirmo lo que se señala, adicionando cuando se imputa además el delito de tráfico de drogas. Se aplica una respuesta altamente represiva por parte del sistema, donde no está disponible reflexionar sobre otras posibilidades de menor intensidad”, reiteró, junto con afirmar que “se conjuga un escenario completamente perverso para quien ingresa allí porque no tiene lo que sería la lógica del sistema, que se le presuma inocencia, sino que parte casi como si fuese presumido culpable desde el día uno”.
El abogado Rodrigo Ríos reconoció que “hay un problema en torno al empleo de la prisión preventiva” y recalcó que el único responsable de las investigaciones es el Ministerio Público. Ante la incertidumbre, “lo primero que hay que hacer en Chile es reformar el Código Penal”, declaró.
El Proyecto Inocentes surge como una idea de la Defensoría Penal Pública que, inspirada en trabajos realizados por organizaciones como Innocence Project (Proyecto Inocencia) de Estados Unidos, busca imponer nuevos desafíos para mejorar ciertas prácticas, hábitos y rutinas de trabajo de los principales actores del sistema de justicia.
