Una de las integrantes de la comisión, la economista Jeannette von Wolfersdorff, conversó con Al Pan, Pan de Mirna Schindler y apuntó a la Contraloría General de la República: “Uno podría decir que llegó tarde o no llegó el control interno, la auditoría interna, sino también la auditoría externa”, la que “no funcionó de forma adecuada”. En ese sentido, para mejorar la contabilidad y que, por eso, Contraloría pueda tomar cartas en el asunto, dijo que se necesita “un clasificador presupuestario distinto”. Otra medida que valoró fue la creación de un Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas en Chile.
Este pasado lunes, la Comisión Asesora Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) y el Estado entregó los resultados de su trabajo, la que tuvo como objetivo mejorar la agenda de probidad del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, en medio del escándalo por las transferencias que han recibido fundaciones como Democracia Viva o Urbanismo Social —ligadas al partido frenteamplista Revolución Democrática— de parte de entidades estatales.
Precisamente, sobre el caso Convenios se refirió una de las integrantes de la comisión, la economista Jeannette von Wolffersdorff, quien apuntó a la Contraloría General de la República: “Uno podría decir que llegó tarde o no llegó el control interno, la auditoría interna, sino también la auditoría externa”, la que “no funcionó de forma adecuada”.
Según su relato a Al Pan, Pan de Mirna Schindler, el ente regulador no tenía “auditorías sobre procesos identificados como los más riesgosos. Pero para que esto pasara, una función de Contraloría es la contabilidad, la función contable de la Contraloría. Uno ve que los registros contables hoy día no son tan funcionales para el control ex-post, porque si no registrar bien en los libros contables lo que te sirve en el control ex-post, no va a poner foco en estos procesos más críticos”.
En ese sentido, para mejorar la contabilidad y que, por eso, Contraloría pueda tomar cartas en el asunto, dijo que se necesita “un clasificador presupuestario distinto, porque hoy en día, lo que son todas las cuentas en la Ley de Presupuestos, han permitido registros presupuestarios que son sumamente abiertos y que mezclan distintos tipos de conceptos. Puedes ver asesorías registradas como transferencia de capital de inversión, y otras transferencias de capital que no contaron con evaluación ex-ante“.
“Contraloría podría haberse dado cuenta ex-ante de los riesgos a través de transferencia de capital, para ser auditoria financiera, o hacer auditoría de cumplimiento de clasificación presupuestario”, añadió.
“Ojalá, tal como proponemos, se hará un trabajo entre Dirección de Presupuestos y Contraloría para mejorar los registros de la Ley de Presupuestos, porque si no están bien, toda la transparencia de la ley va a ser bastante relativa. Y a la vez, me pregunto cómo Contraloría podría tener más foco en la contabilidad a través de los estados financieros”, agregó.
La idea, finalmente, es que Contraloría “tenga más foco en la contabilidad, darle más valor a la contabilidad”, pero en la actualidad, tiene un foco “excesivamente legalista, formalista”.
Otra arista que comentó fue una de las medidas que fueron anunciadas ante el Mandatario: la creación de un Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas en Chile.
“El país sí tiene que avanzar en una medida que afecta a todas las personas jurídicas, con o sin fines de lucro”, dijo.
En ese sentido, dijo que el objetivo de esta medida en particular “es crear un registro de los dueños finales que en última instancia poseen la propiedad o el control sobre personas jurídicas en un registro centralizado al alero del Servicio de Impuestos Internos (SII), con gobernanza mínima, con presupuesto mínimo, con autonomía en su funcionamiento, para que esto pueda resultar bien, con sanciones adecuadas”.
“Además, naturalmente, incorporando en este registro reglas de acceso, por ejemplo, o acceso abierto en general, o el acceso diferenciado, que es una propuesta, que por ejemplo va más en línea con el Fondo Monetario Internacional, que sería una segunda alternativa donde actores como prensa y sociedad civil deberían tener -acorde a la 4.ª directiva antilavado de dinero de Europa de 2015- acceso preferencial a la respectiva data para hacer análisis acorde a ello y deberían considerarse otros grupos de la sociedad como la banca, proveedores que deberían acceder a ciertos datos en contenido mínimo”, agregó.
“A raíz del caso Convenios, creemos que es el momento para hacer este paso incorporando fundaciones, corporaciones pero naturalmente todo tipo de persona jurídica que opera en el país” que quiera tener tratos con el Estado.
