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Aldo Mascareño (CEP) y percepción de corrupción: “El caso audios solo confirma las expectativas” PAÍS

Aldo Mascareño (CEP) y percepción de corrupción: “El caso audios solo confirma las expectativas”

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Francisca Castillo
Por : Francisca Castillo Periodista El Mostrador TV
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El sociólogo profundiza sobre las cifras que arrojó el sondeo conocido esta semana, donde la preocupación por la delincuencia, la baja identificación con los partidos y la mala evaluación de la política son algunos de los temas que marcan la percepción ciudadana.


En entrevista con El Mostrador, el investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), Aldo Mascareño, aterriza los datos relativos a la preferencia por la restricción de libertades en ciertas circunstancias y la trayectoria de valoración al sistema democrático en los últimos años, en un contexto determinado por la agenda de seguridad y el próximo plebiscito constitucional.

En esa línea, para el experto es importante ponderar las cifras en su totalidad, destacando, por ejemplo, al 52% de la población que prefiere la democracia por sobre cualquier otra forma de gobierno. Al mismo tiempo, advierte que “la gente a la que le da lo mismo un régimen autoritario o democrático (hoy un 24%) ha crecido lenta pero consistentemente desde 2008. Incluso supera al autoritarismo en la medición de 2017 e incrementa la distancia después”.

Esta indiferencia por la forma de gobierno, la asocia “primero, a la decepción y desconfianza creciente con la capacidad de la democracia para enfrentar momentos críticos (estallido, incremento de la delincuencia común, crimen organizado, etnonacionalismo) y, segundo, también las dudas de un grupo de la población sobre si un régimen autoritario podría ser más efectivo ante estas circunstancias”.

El investigador además profundiza sobre los “reveladores” datos respecto a la percepción de conflictividad en el ámbito político, y las cifras que evidencian preocupación ante el fenómeno de la corrupción, donde, por ejemplo, un 73% opina que casi todos en el servicio público están involucrados en este tipo de casos.

-Un 45% de las personas es cercana a la idea de que “se deben suprimir todas las libertades públicas y privadas para controlar la delincuencia”. ¿Cómo leer esta cifra en el contexto de la actual crisis de seguridad y la respuesta del sistema político ante esta demanda?
-Con respecto a esta cifra, es interesante observar la distribución de las respuestas, no solo el porcentaje de una de ellas. Primero, son muy pocos los que responden ‘no sabe o no contesta’: un 3%. Esto quiere decir que la pregunta hace mucho sentido a las personas. Segundo, la pregunta no propone opciones cerradas, sino una escala de 0 a 10, donde los encuestados tienen que ubicarse respecto de dos posiciones polares: garantizar las libertades es 0 y suprimir las libertades es 10. El 45% corresponde a personas que se ubican entre 7 y 10. Pero hay un 36% que se sitúa entre 4 y 6. Si uno atiende al sentido de la escala, ese 36% piensa que algunas veces hay que garantizar las libertades y en otros casos hay que suprimirlas. Y entre 0 y 3 hay un 16% de personas que piensa que hay que garantizar todas las libertades. Si uno los suma, obtiene un 52% de personas que opina que hay que garantizar todas las libertades o que en ciertos casos se podrían suprimir algunas. Es decir, la opinión sobre la supresión de libertades es más matizada al ver las cifras en su conjunto. Ese 52%, por ejemplo, es el mismo 52% de gente que opina que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno.

Esto no le quita importancia al 45%, pero indica que la respuesta del sistema político tiene que ser efectiva y focalizada. Últimamente se ha hablado de establecer un estado de excepción en la Región Metropolitana. Eso es justamente lo contrario de ‘efectivo y focalizado’, pues tiene demasiados efectos secundarios para el funcionamiento de la vida cotidiana y las libertades públicas. La función de seguridad del Estado no se ejerce a la bandada, sino contra quienes delinquen. Esto exige recursos de inteligencia, conocimiento de operaciones y decisión por parte del Gobierno para imponer el Estado de derecho y la igualdad ante la ley.

-En esa misma línea, ¿cómo profundizar respecto a las cifras sobre la valoración a la democracia como forma de gobierno, ya que existe un porcentaje de la población (17% y 24%) que prefiere un régimen autoritario o en algunas circunstancias o le da lo mismo? ¿Cómo han ido evolucionando estas percepciones respecto a las versiones anteriores de la encuesta?
-Aquí nuevamente es preciso observar todas las cifras. Un 52% dice que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno –el mismo 52% que se obtenía sumando a las personas que opinan que hay que garantizar todas las libertades o que en ciertos casos se podrían suprimir algunas–.

Al menos para la mitad, la democracia ha sido siempre preferible a otra forma de gobierno de manera regular. Esta opción llegó a su mayor nivel en la medición de diciembre de 2019 (64,2%), poco después del estallido social. Las cifras continuaron en rangos altos incluso en agosto de 2021 (61%). Porcentajes sobre el 60% se habían registrado una década antes, durante el primer Gobierno de Michelle Bachelet, luego de las repercusiones de la crisis financiera de 2008 y previo a las protestas de 2011. En el transcurso del segundo Gobierno de Bachelet, el apoyo a la democracia por sobre otras formas de gobierno descendió cerca de 10 puntos porcentuales (51,9%). Los números recientes (49,1% en 2022 y 52% en 2023) muestran un retorno a la situación preestallido.

En las últimas décadas, el apoyo a la democracia por sobre otras formas de gobierno oscila de manera más o menos correlativa a la preferencia por el autoritarismo. Es decir, cuando desciende la preferencia por la democracia, se incrementa aquella por el autoritarismo. Esto es evidente desde 2019 en adelante. Una lectura posible es que la inestabilidad asociada al estallido, tanto en la violencia contra la propiedad pública y privada de grupos específicos, los enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública, así como la posibilidad de una militarización del conflicto, incrementaron el valor de la democracia sobre formas alternativas de organización política. Del mismo modo, cuando esas amenazas se disiparon, y especialmente cuando se incrementa la violencia delictual en la experiencia cotidiana, la preferencia por alternativas autoritarias ‘en algunas circunstancias’ crece. Esto corresponde a un 17% de personas en la medición actual.

La gente a la que le da lo mismo un régimen autoritario o democrático (hoy un 24%) ha crecido lenta pero consistentemente desde 2008. Incluso supera al autoritarismo en la medición de 2017 e incrementa la distancia después. Parte del último descenso en la preferencia por la democracia es atribuible también a esta indiferencia por la forma de gobierno.

Lo que esto revela es, primero, una decepción y desconfianza creciente con la capacidad de la democracia para enfrentar momentos críticos (estallido, incremento de la delincuencia común, crimen organizado, etnonacionalismo) y, segundo, también las dudas de un grupo de la población sobre si un régimen autoritario podría ser más efectivo ante estas circunstancias. La alternativa de indiferencia no implica directamente optar por el autoritarismo, sino que expresa una distancia con la política en general que es más bien posdemocrática, una actitud muy común hoy en Chile, en la que se reducen los compromisos valóricos con la democracia y emerge una relación puramente instrumental y esporádica con las instituciones.

-¿Cuáles son las alertas más relevantes respecto a la evaluación ciudadana sobre la política y la caída con la identificación de los partidos?
-La primera alerta es justamente la baja identificación con los partidos. Esto es un síntoma de esa situación posdemocrática que mencionaba. Los partidos son una pieza clave de la democracia, pero hoy están debilitados, carentes de orgánica territorial, sin mucha perspectiva doctrinaria y muy fragmentados, por tanto, con poca capacidad de llevar adelante agendas de largo plazo. Hay un 62% de personas que no se identifica con ningún partido. Tener un 7% de adhesión, como el Partido Socialista o el Partido Republicano, no puede ser motivo para celebrar, pero puede mostrar que colectividades con mayor consistencia doctrinaria y con base social generan algo más de apoyo.

Una segunda alerta en los datos de la encuesta es que la identificación con posiciones de izquierda (22%) y derecha (15%) es menor que quienes se ubican al centro (37%) y también menor a quienes no saben o no contestan (26%). Es importante no creer que los que se sitúan en el centro tienen adhesión a partidos de centro. De hecho, la DC tiene 3% de adhesión, el PDG 1%, Evópoli y el Partido Radical 0%. El centro de hoy es oscilante. Tiene intereses más particulares que universales, por tanto, se puede mover donde esos intereses se vean representados. Esto también es típico de una situación posdemocrática, y explica también que los partidos se fragmenten en tantos grupos como sucede hoy. Y el alto porcentaje de personas que no sabe o no contesta (26%) revela distancia con la política. Seguramente muchos de ellos votan nulo o blanco en elecciones con voto obligatorio, o no votaban cuando había voto voluntario.

Y una tercera alerta es que el 70% de las personas prefiere que los líderes políticos privilegien los acuerdos antes que no tenerlos por defender posiciones dogmáticamente. Impresiona cómo aumentó esta cifra en pocos meses: del 59% en junio de este año al 70% en octubre. Seguramente los enfrentamientos en el proceso constitucional incrementaron estas cifras. A la gente en general no le gusta la política adversarial ni la de amigos y enemigos. A los partidos, sí. Alguna vez deberían reflexionar sobre esto.

-Si a lo anterior sumamos la percepción sobre los niveles de conflictividad (donde por ejemplo un 50% identifica conflictos muy fuertes entre izquierda y derecha), ¿estamos lejos de revertir el distanciamiento entre política y ciudadanía?
-Los resultados de esa pregunta son muy interesantes y reveladores. Si uno suma las alternativas ‘Conflictos muy fuertes’ y ‘Conflictos fuertes’, las cifras son impresionantes, pues un 84% opina que hay conflictos fuertes y muy fuertes entre personas de izquierda y derecha; 85% entre Gobierno y oposición; 79% entre chilenos e inmigrantes; 75% entre población mapuche y no mapuche; y 73% entre pobres y ricos. Aquí hay percepción de alto conflicto político y de alto conflicto social.

El mayor conflicto es político entre personas de izquierda y derecha y entre Gobierno y oposición. Justamente como reacción a esto es que las personas prefieren que los líderes políticos privilegien los acuerdos en un 70%. Al final, la gente sabe que sin esos acuerdos las cosas continúan para ellos tan mal como están y no mejorarán. Mientras esto no suceda, no habrá mayor cercanía con los partidos.

Y el conflicto social –que se percibe entre chilenos e inmigrantes, población mapuche y chilena, pobres y ricos– revela las tensiones que la gente experimenta cotidianamente y que ve reflejadas en los medios. La política tampoco se ha hecho cargo bien de estos conflictos. Difícil revertir la distancia con la política si no hay acuerdo en los problemas urgentes, ni en los de largo plazo.

-¿Cómo interpretar las cifras sobre corrupción a propósito de los últimos acontecimientos (caso audios)? ¿Confirma la percepción ciudadana que constataron hasta el 2 de noviembre? ¿Podríamos proyectar cifras más elevadas respecto a qué tan extendido está el fenómeno de la corrupción en las instituciones públicas y privadas?
-Exacto. El caso audios no alcanza a ser evaluado en la encuesta. Seguramente varios porcentajes del módulo de corrupción se habrían incrementado con este caso. También estas cifras debieran alarmar a la política. Un 73% opina que casi todos en el servicio público están involucrados en casos de corrupción y solo un 25% piensa que el número es moderado o que casi nadie está involucrado. El Congreso (68%) y el Gobierno (65%) se perciben como las instancias más corruptas. Esto es consistente con la opinión sobre las prácticas más comunes entre autoridades públicas: ubicar a familiares y amigos en posiciones de poder (32%), uso de información y fondos públicos en beneficio propio (22%), aceptar sobornos en decisiones públicas (15%). La gente apunta a la política directamente. La institución que se percibe como menos corrupta es la PDI. Ahí un 30% cree que todos o casi todos están involucrados en casos de corrupción. Tampoco son números para celebrar.

-A su juicio, ¿cómo impacta en la ciudadanía el daño y descrédito a las instituciones que genera este tipo de casos y cómo esto se ha visto reflejado en las mediciones?
-Considerando las cifras anteriores, una situación como el caso audios solo confirma las expectativas de las personas de que hay mucha más corrupción de la que sale a la luz pública. Personalmente, me parece que este caso invita a dos tipos de cinismo que hay que tratar de evitar. El primero, es la sorpresa del tipo “nunca pensé que en Chile sucediera esto”; el segundo es decir “esto siempre ha sucedido en Chile, así que no me sorprende nada”. El primero tiene mucho de ingenuidad, el segundo tiene mucho de desidia. Es casi un deber ciudadano sorprenderse y reaccionar en estos casos. Ello otorga un sentido de urgencia institucional para esclarecer lo que hay de fondo.

Por supuesto que esto desacredita a las instituciones, pero las afecta más si reaccionan tibiamente o débilmente. No se puede tener dudas de que hay corrupción en Chile, pero tampoco se puede dudar de que la principal tarea de las instituciones es evitar la corrupción y protegernos de ella. Si las instituciones encargadas de esclarecer estos casos se demoran y las respuestas se diluyen, no estarán protegiendo nuestras expectativas y la confianza en ellas se seguirá reduciendo.

-Finalmente, dentro de las cifras destaca el alto porcentaje de indecisos en torno a la propuesta constitucional (que suman un 62%). ¿Cuál es su lectura respecto a la capacidad de adhesión de ambas opciones en estas poco más de tres semanas de campaña que quedan?
-Para comprender esto hay que mirar a los indecisos. El menor porcentaje de indecisos es de izquierda (38%). Consecuentemente, las personas de izquierda son las más decididas a votar ‘En contra’ (49%). Un 60% es de centro, pero ya sabemos que el ‘centro’ se mueve muy impredeciblemente en todas las últimas elecciones con voto obligatorio. Y un 49% de los indecisos son personas de derecha, que deberían estar más inclinadas a votar ‘A favor’. Es decir, el voto ‘A favor’ debería crecer comparativamente más que el ‘En contra’, si consideramos la cantidad de indecisos de izquierda y de derecha.

Pero la situación es más compleja que eso, porque del 20% total de personas que no sabe o no contesta, un 58% se concentra en los indecisos. Estos podrían tender a votar nulo o blanco, como lo han hecho en elecciones anteriores con voto obligatorio, y algunos podrían inclinarse por algunas de las opciones.

Según los datos de la encuesta, un 47% de personas declara estar desinteresada en el proceso constitucional, pero si uno suma el 24% de personas que están algo interesadas y el 24% de aquellos que están muy interesados, tenemos un 48% de personas que tienen un interés medio o alto en el proceso. Eso al menos puede anticipar que el interés crecerá con las campañas y con la información sobre el proceso.

La mayor parte de los votantes indecisos tienden a inclinarse por una opción muy cerca de la elección. Por ello, las campañas pueden ser importantes, los programas de discusión, las redes sociales y también las conversaciones con cercanos. Esta última es una fuente muy relevante de inclinación de voto que se intensifica a medida que se acerca la elección. Antes de ella, la gente está preocupada de la delincuencia, la salud, las pensiones y la educación, como muestra la encuesta.

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