La fórmula colombiana contra secuestros y extorsiones: “Yo no pago, yo denuncio”

Considerado uno de los principales expertos a nivel continental en la materia, el coronel de la Policía Nacional de Colombia Elver Vicente Alfonso Sanabria fue uno de los expositores que participó esta semana en la XII versión del Congreso Internacional contra el secuestro y la extorsión, que efectúan los países agrupados en la CIPSE (Comunidad Internacional Policial contra el secuestro y la extorsión, de la cual Chile es parte) y que en esta ocasión se realizó en Santiago, organizada por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros (BIPE) de la PDI.

Explica que el secuestro y la extorsión “son dos delitos que de una u otra forma vienen presentando un incremento casi en toda la región de Latinoamérica. Colombia no ha sido ajena a esta situación”, así como tampoco Chile, pero precisa que la extorsión ha mutado, entre otras cosas, “por su facilidad en la materialización a través de los entornos digitales”. En ese sentido, advierte de una nueva tendencia, que hoy, en el caso de Colombia, ya es la mayoría: “Hoy vemos que un 53% de la extorsión denunciada en nuestro país se dinamiza a través de los entornos digitales. Entonces, a usted le llega el mensaje a través de su WhatsApp, del Facebook, a través de todas estas aplicaciones que hoy conocemos”, luego de lo cual se utilizan sistemas de monederos virtuales para girar dinero y permitir, de ese modo, facilitar el pago de los actores criminales.

Cómo bajar los secuestros

Relata que en el caso de los secuestros, en Colombia han logrado bajar en forma importante las cifras, pues recuerda que “en la década de los 90 llegamos a tener 3.500 secuestros cada año. Hoy tenemos 220 secuestros”, refiriéndose a aquellos de carácter extorsivo (a la fecha, en la Región Metropolitana ya van cerca de 50).

Asegura que “lo más importante es lograr concientizar a la comunidad que tiene que denunciar. Esto es muy importante. Nosotros manejamos una línea que la denominamos la línea 165”, cuyo objetivo es atender a las víctimas y, además, lograr “que la comunidad se concientice de la importancia de denunciar y no acceda a esa pretensión de ese actor criminal frente a la exigencia económica”.

En dicho sentido, quizá ajeno a la polémica que se desató en Chile luego de que la ministra del Interior diera a conocer que se había pagado un rescate en el caso del empresario secuestrado en Rancagua, indica que ellos además implementaron “un eslogan que yo creería, sin temor a equivocarme, que un alto porcentaje de la comunidad en Colombia lo tiene interiorizado, lo tiene apropiado”, que es “yo no pago, yo denuncio”.

Para ello, precisa, se implementó una línea telefónica exclusiva para atender secuestros y extorsiones, la 165, que “es administrada por personal nuestro, profesional capacitado, psicólogos que le permiten hacerle un asesoramiento y un acompañamiento y orientar a esa potencial víctima qué debe hacer”.

Según puntualiza, al mismo tiempo que se asesora a las víctimas, se echa a andar un aparataje destinado a buscar evidencias, a fin de conseguir, de parte de la Fiscalía, las órdenes de aprehensión en contra de los responsables.

En el caso de los secuestros, explica que la atención a las familias de los secuestrados es durante las 24 horas del día, entre otras cosas “para acompañarlos y para que, una vez que resultan las primeras exigencias económicas, se genere el asesoramiento en la negociación de ese caso y eso nos permite ir recogiendo esa evidencia física, ese elemento material probatorio para lograr la judicialización de los responsables de ese secuestro.

-¿El Estado colombiano aconseja pagar en alguna circunstancia?
-No, bajo ninguna circunstancia. Nosotros no auspiciamos, no motivamos, no incentivamos el pago. La negociación que nosotros hacemos es precisamente sobre cómo ganar ese tiempo que nos permite ir adelantando el trabajo de los investigadores destacados en terreno, para lograr la pronta liberación de esa persona cautiva, pero no incentivamos eso, porque desde luego se van a fortalecer las finanzas criminales de estos actores criminales.

-En los últimos años, en Chile hemos vivido la llegada de muchas organizaciones mafiosas que no existían acá. Entre ellas, la que ha estado más asociada al tema de los secuestros ha sido el Tren del Agua y todas estas facciones que lo componen. ¿Cómo ha sido el combate de ustedes hacia esa organización en Colombia?
-Nosotros no hemos sido ajenos a ese actor criminal denominado el Tren del Agua, que especialmente está enquistado en la ciudad de Bogotá, no tanto con el secuestro, sino más bien con la extorsión, donde quieren afectar distintos segmentos económicos, empresariales, comerciales que mueven la economía de la ciudad capital. Sin embargo, lo hemos afectado de manera sistemática, pues hemos logrado caracterizar este actor criminal y ver sus modalidades delictivas y especialmente aquellos microterritorios donde estarían enquistados. De hecho, en días pasados logramos capturar en Ecuador a un cabecilla, que era el segundo de Niño Guerrero, que es alias “Satanás”, que formó una estructura nueva que se denomina “Los Satanás”, una disidencia del Tren del Agua. Logramos capturarlo a través de un trabajo articulado de cooperación internacional de Ecuador. Allá ya se encontraba conformando una nueva estructura, denominada “Los 300 demonios”.

-¿Cuáles son los resultados del trabajo en la línea 165?
-Trabajos como en el caso de este cabecilla vinculan absolutamente a todos los actores; es decir, la comunidad que denuncia y que nos aporta la información a través de la línea 165; desde luego, la Fiscalía, como directores de la investigación, y la Policía Judicial, los investigadores que están en territorio recogiendo todo ese acervo probatorio para lograr una judicialización. Producto de ese trabajo articulado logramos las cifras más elevadas en cuanto a efectividad, pues en el 92%, en el caso de secuestro, los delincuentes terminan con medida de aseguramiento en centro carcelario, y en el caso de la extorsión, el 84%. Es una cifra bien importante, porque eso permite evidenciar la efectividad y el trabajo juicioso y profesional de las autoridades, pero también genera un impacto muy positivo hacia la comunidad a través que nos aporte esa información, y que genera una credibilidad y una confianza. También, nosotros siempre lo decimos, los medios de comunicación han sido un aliado, especialmente en lo que yo les indicaba, en ese eslogan, y en lograr concientizar a la ciudadanía y a la comunidad en general y a los distintos segmentos económicos, empresariales, comerciales en orden a que “yo no pago, yo denuncio”, porque pagar a un actor criminal no garantiza que dejen tranquila la víctima. Por el contrario: se incrementa la capacidad de violencia de los actores criminales a través de esa financiación criminal.