Opinión
Así, se mostraba una propuesta con un profundo sentido humanitario, pero su efecto concreto era la liberación de los más crueles violadores de derechos humanos.
La Sala del Senado rechazó, por 23 votos en contra y 21 a favor, un proyecto de ley presentado por un grupo de senadores de Chile Vamos (Chahuán, Cruz-Coke, Galilea, Kuschel y Van Rysselberghe) que proponía un sistema de reemplazo de las penas privativas de libertad (cárcel) por reclusión domiciliaria total, para personas que padecen una enfermedad terminal; dependencia severa (no pueden valerse por sí mismas) y para los hombres mayores de 70 años o mujeres mayores de 65 años. La propuesta de los senadores era aplicable en cualquiera de estos casos, independientemente de la condena que hubiera recibido el potencial beneficiario, el grado de cumplimiento de la misma y del delito cometido.
Esta mala propuesta era una paradoja, una oportunidad perdida y un ardid. La paradoja está en que, por un lado, la derecha puja por subir las penas, encarcelar migrantes, restringir la libertad provisional y adoptar otras medidas restrictivas de la libertad y, al mismo tiempo, promueve que salgan de prisión personas que pueden haber cometido crímenes atroces, sin poner ninguna condición para ello; ¿cómo se entiende esto?
No podemos negar que existen situaciones en que la acción punitiva del Estado puede y debe ceder en favor de derechos subjetivos y bienes sociales de mayor valor. La sociedad y los Poderes Públicos deben hacer esta ponderación y determinar las situaciones en que aplica esta subordinación del interés público, sus bordes y los casos de frontera. Se trata de un debate necesario que afecta a personas que se encuentran en situaciones límite y que requieren con urgencia una respuesta institucional frente a casos que exigen un trato humanitario que haga realidad el valor de la dignidad humana. Haber llevado a votación este proyecto de ley sin el más mínimo nivel de acuerdo fue una frivolidad de quienes promovieron esta idea. Con esta decisión se ha perdido una importante oportunidad.
El ardid está en que la derecha quiso pasar “gato por liebre”. Este proyecto de ley fue tramitado y aprobado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, donde la derecha tiene una mayoría relativa circunstancial; aprovechando esta situación, se puso en discusión el proyecto, fundado en su aparente carácter humanitario y asegurando que estaba alineado con los convenios y estándares internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, los impulsores de esta iniciativa omitían que los principales beneficiarios de esta ley, en caso de ser aprobada, serían las personas condenadas y encarceladas por graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar, situación que es contraria al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Así, se mostraba una propuesta con un profundo sentido humanitario, pero su efecto concreto era la liberación de los más crueles violadores de derechos humanos.
En democracia ningún debate puede estar vetado y tampoco debería ser clausurado, pero los actores políticos debemos actuar con particular responsabilidad en aquellos temas que afectan la dignidad, el dolor y la memoria de las víctimas. Desde el Senado debemos trabajar para construir los consensos técnicos y políticos que permitan abordar estos temas de manera serena y ponderada, y alcanzar los más amplios acuerdos; ese es el rol de la política.
