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Los ministros de Energía, Diego Pardow, y de Justicia, Luis Cordero, además de la abogada Nicole Nehme –socia de Ferrada Nehme Abogados, donde antes trabajaron Pardow y Cordero–, son mencionados como sus “padrinos” en materia política.
Jorge Grunberg Pilowsky (43) lleva ocho meses en el cargo, pero su nombre no suena más allá de los círculos del Derecho Económico, pese al rol fundamental que cumple la entidad que ahora encabeza: la Fiscalía Nacional Económica (FNE), encargada de velar por la libre competencia en el mercado. Sin embargo, no es un desconocido en ese mundo. Esto porque, además de su experiencia en el sector público, ha trabajado en algunos de los más importantes estudios jurídicos de Sanhattan, lo que no pocos ven con algo de recelo, dado que estos atienden a grandes empresas que terminan litigando en una u otra vereda en las causas de la FNE y ello queda en evidencia en la docena de causas en que ya ha debido inhabilitarse de conocer, debido a potenciales conflictos de intereses.
En efecto, recién titulado trabajó en Carey Abogados, donde fue aprendiz de Claudio Lizama. Luego, en Claro & Cía, donde tuvo de jefe a Cristóbal Eyzaguirre. Más avanzado en su carrera formó parte de Cariola, Díez, Pérez-Cotapos.
Sin embargo, en el ambiente lo respetan por su formación, experiencia y por su labor académica, como profesor de las universidades de Chile y Adolfo Ibáñez. También por haber estado en “tres dimensiones” del mundo de la libre competencia: el de las grandes empresas, el público (en la misma FNE) y en el político (tramitando la reforma legal del DL 211).
Es el noveno abogado en ocupar el cargo de fiscal nacional económico. Sucedió a Ricardo Riesco Eyzaguirre, quien dirigió la institución entre 2018 y 2022.
Grunberg fue elegido por el Presidente Gabriel Boric de una cuaterna seleccionada por Alta Dirección Pública, donde también estaban Francisco Agüero Vargas (director del RegCom y académico de la U. de Chile), Juan Ignacio Donoso Stegen (asociado de Baker McKenzie y exfuncionario de la FNE) y Marta Herrera Seguel (profesora de la U. Finis Terrae y exdirectora de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público).
El nuevo titular de la Fiscalía Nacional Económica es abogado de la Universidad de Chile, máster en Derecho de la Universidad de Harvard y máster en Regulación y Competencia de la Universidad de Nueva York. Fue asesor en Derecho de la Libre Competencia en la Oficina de Asuntos Internacionales de la Federal Trade Commission de EE.UU. y trabajó también como abogado de la División Litigios de la FNE. Asimismo, continúa como profesor de Derecho Económico y Derecho de la Libre Competencia en la Facultad de Derecho de la U. de Chile.
Pero además de su currículum, lo que lo llevó a la cabeza de la FNE fue la fuerza de sus “padrinos”: el ministro de Energía, Diego Pardow (CS), y el ministro de Justicia, Luis Cordero, como señala una fuente. Otra fuente agrega que otro gran respaldo detrás de él es “Nicole Nehme, socia de Ferrada Nehme Abogados. Ella controla gran parte de quienes trabajan en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y en la FNE. Mucha gente trabajó en su estudio antes o después de estar en estas instituciones”.
Los ministros Pardow y Cordero fueron, hasta antes de entrar al Gobierno, director y socio –respectivamente– del estudio Ferrada Nehme.
“De hecho, Diego Pardow siempre trabajó en regulación, fue parte del equipo económico de la campaña de Gabriel Boric. Era el candidato ‘natural’ para Economía, pero terminó en el segundo piso. Además, es amigo del Presidente desde la Facultad de Derecho, lo mismo que del exjefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía. En Ferrada Nehme (2008-2020) veía temas de regulación y competencia”, añade la misma fuente.
Sus colegas destacan su capacidad analítica, intelectual y sus conocimientos en libre competencia, donde es un abogado fogueado. Otros destacan su origen: “Viene de una importante familia judía, pero no es parte de la oligarquía, tampoco está vinculado al poder económico”, puntualizan.
Agregan que es muy útil que conozca la FNE por dentro –entre 2012 y 2014 trabajó como abogado de la División Litigios– y que sepa de la lógica de funcionamiento y la cultura interna.
En el segundo Gobierno de Michelle Bachelet asesoró al entonces ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, en temas de libre competencia y protección al consumidor, cumpliendo un importante rol en la tramitación de la Ley N° 20.945, que perfeccionó el sistema de defensa de la libre competencia. A ese cargo llegó recomendado por el exministro de Hacienda, precandidato presidencial y expostulante a senador, Andrés Velasco, de quien es cercano –sin embargo, en la red X, Grunberg reposteó un llamado a votar en segunda vuelta por Gabriel Boric–.
También llevó adelante la ley de fortalecimiento del Sernac (2014), pero se salió antes de terminar el proceso. “Abandonó el proyecto cuando no se había terminado de tramitar. Eso no fue bien visto y le valió críticas de sus pares, porque se embarcaron en una tremenda reforma (contemplaba otorgarle facultades sancionatorias al Sernac), que creó grandes expectativas y no flotó… Quizá no tenía la experticia para eso. Los temas de consumidor son muy distintos a los de libre competencia. El perfil de abogados es bien diferente. Hay que tener otro manejo. Y, bueno, eso terminó declarado inconstitucional en 2018 por el Tribunal Constitucional, en el ejercicio de su facultad de control preventivo. Un fracaso”, sostiene una fuente.
Grunberg también participó en la discusión del proyecto de ley Anticolusión y el de fortalecimiento de la FNE (que formaba parte de la agenda “antiabusos” del segundo Gobierno de Sebastián Piñera), analizando, entre otras materias, la acción penal por el delito de colusión. Entonces manifestó su rechazo a esa propuesta, argumentando que el Ministerio Público “ha sido poco eficaz en la persecución de delitos económicos complejos (lo que contrasta con los índices de eficacia de la FNE)”. Asimismo, señaló que el persecutor penal había soslayado la voluntad del Congreso al entorpecer el uso de la facultad sancionatoria por parte de la Fiscalía Nacional Económica (el órgano especializado), señalando como ejemplos los casos Colusión de las Farmacias y Tissue, en los cuales se habría puesto en peligro la figura de la delación compensada.
No llevaba aún una semana como fiscal nacional económico, cuando Jorge Grunberg ya se había inhabilitado en 12 causas de las que llevaba adelante la FNE. Cabe mencionar, sin embargo, que es una especie de “tradición”. Su antecesor en el cargo, Ricardo Riesco, se inhabilitó en 24 investigaciones en 28 días, en los mercados de retail, telecomunicaciones, transportes y banca. Y en el caso de Felipe Irarrázabal, fiscal que dirigió el organismo durante ocho años, se inhabilitó de la misma cantidad de casos (24) en el lapso de un año y ocho meses.
Y si bien es lo que corresponde, esta acción retrata totalmente el panorama de la libre competencia y otras materias anexas en Chile.
“No sé si se trata de falta de voluntad política o cierto dogmatismo, pero quienes han desarrollado el derecho a la competencia en Chile son básicamente abogados que pertenecen a grandes estudios y los grandes estudios defienden los intereses de las grandes compañías. De hecho, la Comisión de Libre Competencia del Colegio de Abogados está formada, en su mayoría, por abogados que pertenecen a estos sectores. Obviamente van a tener una tendencia a tratar de quitarle la mayor fuerza tanto al fiscal como al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia”, señala un especialista que pide reserva de su nombre, junto con indicar que el currículum de Grunberg responde a este estereotipo y añadiendo que “es curioso que haya estado en tres grandes estudios, de los que se retiró sin hacer la carrera para ser socio. Hay algo ahí que no se explica. Por qué tres veces lo mismo. No sé si no cuajó, si tuvo problemas con los jefes, porque él tiene su personalidad, o simplemente pareciera que ese mundo no lo convencía del todo”.
Antes de asumir como fiscal nacional económico, estaba dedicado a su estudio Grunberg Puyol, que fundó junto a Jaime Puyol Crespo, con quien trabajó en Cariola, Díez, Pérez-Cotapos. “En el ambiente dicen que Puyol no supo que Jorge se iba de la sociedad hasta que fue elegido como fiscal”, confidencia un observador.
Parte de las causas por las que Grunberg se inhabilitó al asumir vienen de ahí. En la lista figuran las relacionadas con el mercado de medios de pago (tarjetas), con Entel y la venta de sus negocios de fibra óptica, además de una en contra de Apple y Google por presuntos abusos en el mercado de app stores, entre otras. También está inhabilitado en un caso confidencial de la División Anticarteles.
Entre sus exclientes están Laboratorios Andrómaco, la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, WOM y el empresario Nadeem Ali Najarali.
“Hay que esperar más tiempo para evaluar el desempeño del fiscal, porque es un abogado muy preparado y conocedor de cómo se maneja el sistema, pero ha estado mucho del lado de los grandes grupos, no de los consumidores”, comenta una abogada.
“Históricamente los fiscales se han identificado con los intereses de los regulados, porque se han formado defendiendo esos intereses y eso crea sesgos. Grunberg tendrá que demostrar con hechos que su caso no es así. En general los fiscales han estado muy lejos de los consumidores, de las asociaciones que los agrupan”, agrega.
“Tiene una gran oportunidad. Durante cuatro años puede hacer muchas cosas. Investigar colusiones, abusos, hacer sugerencias de cambios de norma, estudiar mercados. Mi impresión es que el fiscal antiguo, teniendo mucho poder, no hizo todo lo que podía. Se tomó todo con mucha lentitud y eso internamente ha generado mucha frustración”, señala un litigante.
