PAÍS
Juan González/AgenciaUno
Según Gendarmería, al menos 14 delincuentes de alto perfil criminal se organizaron para generar desórdenes dentro del penal Santiago 1, por lo cual fueron enviados a distintas regiones. Corte Suprema revocó el traslado de uno de ellos.
La real dimensión del problema que Gendarmería estima que tiene la puesta en marcha de los sistemas de inhibición de señales de celular en distintas cárceles, quedó en evidencia durante la tramitación de un recurso de amparo presentado por uno de los sujetos que es considerado por la institución carcelaria como uno de los líderes negativos del Centro de Detención Preventiva Santiago 1, Alexis Beltrán Campos.
El 12 de marzo pasado, Beltrán –un sujeto que, de acuerdo con la escala de compromiso delictual de Gendarmería, está casi al tope de los más peligrosos– fue trasladado desde Santiago al Centro Penitenciario del Biobío. Ante ello, su abogada, Haslie Bustamante, interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Concepción, argumentando que la decisión de Gendarmería era ilegal y arbitraria y que se lo aislaba de su familia. Asimismo –según indicaba en la acción–, al llegar a la nueva unidad penal había recibido “serias amenazas”.
Ante ello, Gendarmería respondió que Beltrán es parte de “una organización criminal que posee un alto poder adquisitivo y trayectoria delictual, y quienes mantendrían el mando de sabotear los sistemas para inhabilitar señales de telefonía móvil“, identificando a 14 internos como parte de dicha organización.
En el informe que adjuntaron al respecto, se explica que, con motivo de la instalación de los inhibidores de señal al interior de las cárceles (partiendo con Santiago Sur), inteligencia de Gendarmería efectuó una serie de “informes técnicos” relativos a los internos que mantenían una postura hostil frente a la nueva tecnología. Ante ello, explica el documento, “se establece que un grupo de internos se encuentran en coordinación y planificación de desórdenes colectivos, alteraciones al régimen interno y boicotear la puesta en marcha del sistema de inhibidores de telefonía móvil que será instalada en esta unidad (sic)”.
Según Gendarmería, la organización delincuencial está formada por reos que “son sindicados como líderes negativos dentro de la población penal, además de controlar los espacios físicos y territoriales, manipulando a su antojo a internos de menor jerarquía, quienes son los que cometen las transgresiones al régimen interno”.
El propio Beltrán posee un historial criminal muy violento. En 2015, junto a otros sujetos, asaltó una casa en Ñuñoa, con sus habitantes en el interior. Con un arma de fuego, amenazó de muerte a los habitantes del inmueble, luego de lo cual robaron una serie de especies que cargaron en un vehículo de sus víctimas, pero cuando huían llegó Carabineros. Ante ello, Beltrán comenzó a disparar en contra de los uniformados, utilizando para ello una pistola Famae que había sido robada desde la casa del entonces alcalde de Maipú, Christian Vittori.
Sin embargo, aunque la Fiscalía había pedido condenarlo como autor de homicidio frustrado en contra de Carabineros, el Tercer Tribunal Oral de Santiago desestimó ese cargo, condenándolo como autor de robo con intimidación, a 7 años y un día, y como autor de receptación y porte ilegal de arma de fuego, a 3 años y un día. Previo a ello, tenía ya una condena por el robo de un cajero automático, en la misma comuna, y en 2014 fue condenado por el homicidio de un rival en Puente Alto.
Entre los demás imputados que fueron trasladados junto con él a penales de distintas regiones del país, se encuentran Francisco Javier Contreras Quintanilla, quien fue condenado por robo con intimidación en el marco de la “Operación Houston” (una de las mayores internaciones de armas desde EE.UU. a Chile); Claudio Garrido Ruiz, quien estuvo implicado en un violento asalto contra una sucursal de Chilexpress en Talagante y en otro hecho similar en una vivienda de Las Condes, donde los delincuentes se hicieron pasar por funcionarios de la PDI; Vladimir Elgueta Valdebenito, quien recibió una condena de 10 años y un día por el robo en contra de tres viviendas en Vitacura; y Gabriel Alarcón Roa, condenado por un robo con homicidio ocurrido en La Serena.
El recurso de amparo interpuesto ante la Corte penquista fue rechazado en la Segunda Sala de dicho tribunal de alzada, en fallo dividido. Mientras la ministra Viviana Iza y el abogado integrante Marcelo Matus estuvieron en contra, el ministro Rodrigo Cerda concordó con la defensora, en orden a que el traslado del delincuente sería ilegal y arbitrario.
Ante ello, la defensa de Beltrán recurrió ante la Sala Penal de la Corte Suprema, la cual revocó lo obrado en Concepción. En un fallo dividido, el amparo fue acogido la semana pasada con los votos a favor de los ministros Leopoldo Llanos y María Teresa Letelier, y el de la abogada integrante Andrea Ruiz, por lo cual Beltrán debe ser devuelto a la brevedad posible a su penal de origen. En contra votaron el ministro Jean Pierre Matus y el abogado José Valdivia.
Cabe mencionar que a fines de la semana pasada el ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que el sistema israelí de inhibición de telefonía celular ya comenzó a funcionar en tres penales (Santiago Sur o ex Penitenciaría; Santiago 1; y el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad, REPAS), todos ubicados en Santiago, con lo cual el 20% de la población penal del país quedó afecta a la medida.
Además, según dijo Cordero, se hizo todo un trabajo de “limpieza” en los alrededores de la cárcel, especialmente en lo relativo al comercio clandestino y a los “peloteros”, sujetos que lanzan desde las afueras pelotas con comida, droga, teléfonos e incluso armas hacia los patios donde están los reos.
