
Director de Migraciones: “Tenemos presupuesto para comprar pasajes para dos mil expulsiones”
Hay más de 28 mil órdenes de expulsión administrativa de extranjeros pendientes. Según Luis Thayer, el principal desafío radica en detectar y detener a las personas sujetas a expulsión.
El director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Luis Thayer, reveló que el organismo cuenta con un presupuesto suficiente para concretar hasta dos mil expulsiones de extranjeros, tanto judiciales como administrativas, durante el presente año.
A la fecha, hay más de 28 mil órdenes de expulsión administrativa de extranjeros pendientes. El dato lo informó la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá (PPD), durante su comparecencia en la comisión investigadora sobre inteligencia y crimen organizado de la Cámara de Diputadas y Diputados.
“Chile tiene acumuladas 28.000 órdenes de expulsión, que no es de este Gobierno, es acumulado por la historia de la historia”, puntualizó la ministra Tohá.
En conversación con la radio Cooperativa, Thayer destacó el incremento en los recursos asignados a las policías y al Sermig para llevar a cabo estas acciones, subrayando que “tenemos presupuesto para comprar pasajes para dos mil expulsiones“, lo que permitiría materializar las órdenes emitidas por los jueces competentes. Eso sí, el director enfatizó que la Policía de Investigaciones (PDI) jugará un rol crucial en la detención de estas personas destinadas a ser expulsadas.
Según Thayer, el proceso de concretar estas expulsiones enfrenta diversos desafíos logísticos. Thayer mencionó que la principal dificultad radica en “detectar y detener a las personas, saber dónde están y que las policías puedan detenerlas para iniciar los procesos de materialización”.
El director del Sernamig también abordó la necesidad de establecer mecanismos más efectivos para controlar a las personas sujetas a expulsiones administrativas. “Consideramos inaceptable que una persona que tiene una expulsión dictada no se presente ante la autoridad”, declaró. En este sentido, confirmó que se está trabajando en una propuesta legislativa para obligar a estas personas a cumplir con sus dictámenes de expulsión.