Cordero y la opacidad en nombramientos en el Poder Judicial: “Alguien tiene que ceder poder”

El ministro de Justicia comenzó el viernes temprano. Antes de las 8 de la mañana estaba en el programa Línea Uno de Diario Usach, luego a las 8:30 fue a La Moneda para participar del Concejo de Gabinete que se realiza periódicamente el primer viernes de cada mes y terminado el encuentro fue hasta la Corte Suprema para reunirse con el presidente del máximo tribunal y recibir la propuesta de reforma al Poder Judicial.

En la tarde, cerca de las 17 horas, recibió a El Mostrador en las dependencias del Ministerio de Justicia para abordar dicha reforma, la negativa al cierre del penal Punta Peuco, que generó críticas oficialistas, la ampliación de las cárceles a propósito del hacinamiento, la evolución del sistema penitenciario para delincuentes con un perfil delictual nunca antes visto y la negativa de la derecha al levantamiento del secreto bancario.

También te puede interesar:

Reforma al Poder Judicial

-¿Qué le pareció la reforma que le presentó el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco? 
-Hay tres ideas ahí que yo creo que son relevantes. La primera es que es un acuerdo del Pleno que, más allá de la coyuntura, lo que hace es también actualizar la posición de la Corte en materia de reforma al gobierno judicial. Hay varios mensajes en ese texto que yo creo que son relevantes. La Corte Suprema,  en el 2014, adoptó un acuerdo que costó décadas. Que la Corte asumiera la posibilidad de que es necesario separar el gobierno judicial de la gestión jurisdiccional y eso, en el fondo, es poner fin a un modelo de Corte Suprema de los 200 años que tiene la Corte. Es el nivel de envergadura para que uno pueda dimensionar que no es simplemente la contingencia de los nombramientos.

Creo que hay un mensaje, un aspecto explícito, y que el Gobierno, de hecho, ha venido promoviendo, que es sustraer a la Corte Suprema de todos los procesos de nombramiento, especialmente de los auxiliares de la Administración de Justicia y en concreto de notarios, conservadores y archiveros. Que es la propuesta que el Gobierno ha llevado en la reforma a los notarios. Y que esta vez, en este acuerdo, es muy muy explícito.

El tercer aspecto que me parece relevante es que la Corte también dice que la reforma al sistema de nombramientos es prioritaria. La Corte nunca había dicho que es prioritaria. Nunca había dicho que es urgente. Urgente y prioritaria. Y creo que yo destacaría ese aspecto del acuerdo de la Corte. Porque también nos impone a los colegisladores actuar en sintonía con eso. 

Todas esas características tan relevantes, más allá de la coyuntura que está asociada a las investigaciones que pudieran dar curso al acuerdo o actualizar la posición de la Corte de estos últimos 10 años, es porque al final del día no es sólo el cambio del sistema de nombramiento, es que detrás de eso hay en rigor una situación más profunda, y es qué tipo de Corte Suprema es la que debemos diseñar o proyectar hacia el futuro.

-De todas maneras la coyuntura ejerce cierta presión sobre la reforma…
-No hay reforma sin coyuntura, cualquiera sea ésta. Creo que si hay algo que los sistemas políticos son útiles, es que en ocasiones esas coyunturas las transforman en reformas virtuosas y esta es una coyuntura muy significativa para una reforma muy estructural y muy demandada.

-Hay amplios acuerdos sobre que el sistema de nombramientos y la reforma de la Corte Supremas es urgente y   necesaria, pero, ¿cuál es la conversación que falta?
-Sí, tenemos consenso. Y esto es una cosa que hay que insistir. No es sólo del sistema de nombramiento de jueces de la Corte Suprema, es en general de todo el sistema judicial. Ese yo creo que es el gran acuerdo trascendente. Después viene la pregunta, bueno, ¿y cómo lo hacemos? En el cómo lo hacemos, para tener un buen sistema de nombramiento que permita resolver, entonces, el problema, la pregunta es, bueno, ¿cuál es el problema?. En resumen: Cómo uno diseña un sistema de nombramiento donde lo relevante es el mérito y no el patrocinio y la opacidad.

El desafío es nombrar por mérito, entonces, si uno saca a la Corte Suprema y a las Cortes de Apelaciones, eso significa no participar en los procesos. ¿Qué órganos participan? Y eso abre otra pregunta. Y es que, para hacer un cambio al sistema de nombramiento virtuoso, alguien tiene que ceder. ¿Qué es lo que tiene que ceder? Poder.

Y si alguien tiene que ceder poder, significa cuánto disminuimos a la política el nivel de incidencia. Cuánto al rol del Ejecutivo, cuánto al rol del Congreso. Entonces, tenemos un Consejo que hace eso. Entonces ahí viene la pregunta, bueno, ¿y quiénes nombran ese Consejo?.

En general, uno debiera promover siempre, en las burocracias profesionales o en los sistemas institucionales, nombramientos por mérito. ¿Qué es lo relevante de esta discusión? Es que en el sistema de nombramiento se juega también la pregunta quién y cuánto cede y eso es, para ministro de Corte Suprema, para Corte de Apelaciones, para jueces, y eso supone el primer paso que dio el Poder Judicial.

También te puede interesar:

-¿Le parece bien que la Fiscalía le haya negado las copias de WhatsApp de las investigaciones penales al Comité de Ética de la Corte Suprema?
-Hoy día la ministra Melo dijo que era una de las alternativas predecibles en la respuesta, que yo comparto esa respuesta de la ministra Melo, pero este era uno de los antecedentes requeridos por la Comisión de Ética. La Comisión de Ética, recuerde que tiene por propósito emitir un informe al Pleno de la Corte y tiene otros medios de indagación que están vinculados a los informes, a las declaraciones y otros antecedentes que puedan estar disponibles. El Ministerio Público realiza una investigación cuyo eje central no es ni el reproche administrativo ni el reproche ético, sino si se ha cometido delito o no. Y luego, dependiendo del informe de la Comisión de Ética, la Corte decidirá si hay procedimientos disciplinarios o no, que es otra vía.

Pero yo por ahora creo que tal como dijo la ministra Melo, es un informe que se solicitó, eran unas alternativas predecibles en la respuesta del Ministerio Público y el Comité de Ética seguirá funcionando con los requerimientos de información con los cuales se forma convicción para su funcionamiento.

Punta Peuco

-Esta semana, usted y el Gobierno estuvieron al centro de la noticia por no cerrar el penal Punta Peuco ¿se trata de una discusión cerrada?
-Hay dos cosas que son distintas en el fondo. La primera es que hay una cosa que no nos tiene que extraviar, el Gobierno tiene una posición muy clara sobre avanzar en el término de los juicios en los cuales están involucrados delitos de lesa humanidad. Por eso ha insistido sobre el cierre de los casos que están pendientes de la Corte Suprema.

Segundo lugar, el Gobierno ha sido firme en la convicción que los delitos de lesa humanidad, los condenados por delitos de lesa humanidad, deben ingresar a recintos penales y deben cumplir sus penas efectivas. Por eso, la posición del gobierno es que los delitos de lesa humanidad no son susceptibles de indulto, no son susceptibles de rebajas de condena y por eso, nosotros nos opusimos al proyecto de ley presentado en el Senado que permitía que personas mayores de 70 años cumplieran en su casa, porque en opinión nuestra, en el caso de los delitos de lesa humanidad eso es improcedente. 

Lo que el Ejecutivo ha dicho, y nosotros no solo lo hemos dicho ahora, lo dijimos el año pasado, es que nosotros estamos en la obligación por la sobrepoblación que tenemos. Chile tiene todavía un sistema diseñado para 42.000 plazas que estamos ampliando y tenemos 56.000 personas privadas de libertad. Por lo tanto, la obligación nuestra es maximizar todos nuestros recintos penitenciarios. Entonces, ¿es posible cerrar físicamente hoy día un penal? La verdad es que no, ninguno.

-La diputada Lorena Frides (FA) se refirió a un cierre simbólico del penal. ¿Se acercaría más algo a eso?
-Lo que pasa es que los oficios que recibió el Ejecutivo estaban vinculados al cierre físico y nosotros hemos respondido en relación a eso. Ahora, para el Ejecutivo Punta Peuco es un penal como cualquier otro que tiene que ser administrado como tal, y nosotros estamos en la obligación de maximizar todos nuestros establecimientos penitenciarios dada la sobrepoblación.

-¿A qué se refiere cuando el Ejecutivo dice que Punta Peuco es un penal como cualquier otro? Teniendo en cuenta la carga simbólica y que tiene también condiciones distintas de hacinamiento, por ejemplo, que otros recintos penitenciarios.
Nosotros tenemos distintos tipos de penales por segregaciones y por lo tanto tiene su tratamiento en ese sentido y nosotros vamos a tratar Punta Peuco como un establecimiento penal.

-No como Cordillera…
-No, no, es que Cordillera era un recinto militar que tenía el cascarón de penal pero no era penal y además donde había muy pocas personas. Nosotros acá tenemos 135 personas.

-¿Y capacidad de cuántas?
-130 y ese número sigue aumentando. En Colina tenemos 180. Los números han estado aumentando de personas condenadas por lesa humanidad y ese número, en los casos que siguen pendientes, van a seguir aumentando. El objetivo central del Ejecutivo es que los condenados por crímenes de lesa humanidad deben cumplir sus penas efectivas en recintos penitenciarios y no son objeto de beneficio. Dicho eso, ese es el tratamiento que nosotros lo estamos haciendo en Punta Peuco y por eso nosotros respondimos un oficio que nos pedía dos cosas: Un cierre físico y hemos explicado por qué no. Lo segundo, si no, que se destinara a otro tipo de población pensando en las mujeres, y lo que pasa es que el Ejecutivo, en el caso de mujeres, tiene una posición muy clara, particularmente que es la solicitud en el caso de madres de menores de dos años y mujeres embarazadas.

La posición del Gobierno sobre este punto es impulsar y avanzar en el proyecto de ley de protección materno-infantil, que permita que las mujeres embarazadas y las madres de menores de dos años cumplan sus condenas fuera de la cárcel con mecanismos de control telemático porque el impacto que produce en los niños y en las madres embarazadas estar dentro de una cárcel es de impacto negativo infinitamente mayor que esa privación de libertad, además porque nosotros tenemos en el caso de mujeres una tasa de encarcelamiento extremadamente alta.

En el resto, ese establecimiento penal nosotros lo vamos a seguir trabajando como un establecimiento penal. Si podemos tener solución de agua para el desarrollo eso nos va a permitir rediseñar también, no solo esa zona, sino que también Punta Peuco, en términos de densificación. 

-¿Se sabe el cálculo de cuántas plazas se podrían abrir si se habilitan las 26 hectáreas colindantes a Punta Peuco? 
-Nosotros podríamos tener hasta 3.000 plazas. Ese es el nivel de impacto que tiene. Por eso cuando toda esa zona nosotros la vamos a tratar como un establecimiento penal más.

-¿Cuánto demora construir una cárcel?
-En Chile, hoy día, con el sistema que tenemos, desde la elección del terreno, pasando por el diseño, la construcción y la operación, pueden pasar entre 12 y 14 años. Es mucho tiempo ¿Qué plazos podemos optimizar? Los diseños. Todo esto a propósito del plan de concesiones que comenzó con el presidente Lagos en cárceles. Toda esa demora inicial, que llevó muchos años en el caso de algunos proyectos de diseño es cosa que hoy día ya está simplificada porque más o menos hemos ido estandarizando un tipo de diseño de cárcel. Eso explica que Calama, por ejemplo, y Copiapó, solo en esa etapa, en 8 o 10 años, que son dos cárceles que estamos licitando para su construcción. Una en este segundo semestre y otra en el primer semestre del próximo año.

Nosotros estamos pasando por un proceso muy crítico y por eso en los anuncios del Presidente están en densificar establecimientos penales que hoy día nosotros tenemos. Además de las cárceles nuevas, que ya están en el portfolio de obras públicas y que la ministra López también ya los ha anunciado, la ley que aprobamos el año pasado para tener excepciones urbanísticas en la construcción. Lo tercero, que en la actualidad nosotros estamos, a solicitud del Presidente, haciendo un análisis muy específico para un establecimiento adicional de máxima seguridad.

-El diputado Matías Ramírez (PC) comentó que este tipo de políticas como el no cierre de Punta Peuco “ponen en juego la sintonía” con las bases que le permitieron al Presidente llegar a La Moneda. ¿Cree que efectivamente hay una deuda? ¿Se incumple un compromiso en no cerrar Punta Peuco?
´Creo que el Gobierno ha dado una razón de gestión pública sobre ese punto y también ha dado un mensaje: Punta Peuco es un penal más, es tratado como un penal más y será tratado como un penal más. A mí me parece que el mensaje es súper claro. Lo que no le puedo aceptar al diputado Ramírez es que el tema más importante, que es una respuesta que ninguna administración desde el retorno a la democracia ha dado, lo hizo personal del Presidente de la República, es que esa discusión sea más importante que el Plan Nacional de Búsqueda.

Es la primera vez que el Estado de Chile tiene una política de Estado sobre este punto, que ha logrado un consenso transversal, donde están las agrupaciones de familiares incorporadas en la gobernanza del Plan donde se avanza conjuntamente con el Poder Judicial. O sea, esa es una manera de avanzar decididamente en Derechos Humanos. Esa es una manera de cumplir los compromisos. Otra manera de cumplir los compromisos es instar porque los juicios terminen y los responsables estén en una cárcel cumpliendo su condena. Por eso me parece que el diputado Ramírez tiene todo el derecho a discrepar, a cómo interpretar una decisión de gestión pública, pero creo que él no valora lo que es de verdad el cumplir un compromiso en materia de DD.HH.

Hacinamiento

-Sobre la política particular de reducir el hacinamiento en recintos penales. ¿Cómo se proyecta esa política?
-Tenemos dos aspectos que uno debería considerar. El primero, estamos en una situación de hacinamiento producto de un aumento explosivo de las personas privadas desde principios del 2022. Hay esencialmente tres razones que podrían explicar esto. La primera, la normalización del sistema de justicia penal post-pandemia. De hecho, es relativamente coherente en ese ámbito con los aumentos de de personas privadas de libertad en distintas partes del mundo. El problema es que Chile tiene una tasa de aumento que es infinitamente superior a lo que está pasando en otras partes. Lo segundo, son los efectos de las reformas legales que han ido aumentando penas, restringiendo beneficios y limitando las competencias del juez para efectos de tener rangos de discrecionalidad al otorgamiento de la prisión preventiva. Los efectos de legislación más estricta tienen una consecuencia. Por lo demás, muchos de los efectos tienen que ver con delitos más violentos. Pasamos de 41.000 personas privadas de libertad a 56.000 en 24 meses.

No hay sistema que sea capaz de predecir ese aumento en tan poco tiempo. Esto le puede pasar a cualquier administración en cualquier parte del mundo. Es un problema brutal. Eso impone un desafío y eso tiene un impacto. ¿En qué? En el aumento de la prisión preventiva. ¿Por qué la prisión preventiva es un problema? No es sólo porque usted tiene personas sin condena, además, el aumento de la prisión preventiva no es el aumento sólo en cantidad, sino que también los datos nos van mostrando es que el promedio de la prisión preventiva también está aumentando. Entonces, es un flujo que es más lento, entonces las plazas penitenciarias se van renovando poco y eso genera congestión en estos dos sentidos.

-¿Cómo se aborda esto?
-Hay tres maneras. Hoy día nosotros tenemos el número de personas privadas de libertad más alta que hemos tenido en la historia de Chile. El anterior fue el 2010. Que le ocurrió al primer año a la administración del presidente Piñera, una administración que además con el terremoto se cayeron varios penales, penales muy antiguos, y además tuvimos el incendio de San Miguel.  El Presidente Piñera envió dos proyectos de ley: el de indulto general y el que amplió los beneficios de la libertad condicional. Y los dos mensajes lo que dicen es, mire, estamos en una situación tan crítica que no hay otros medios para resolver la congestión, el hacinamiento carcelario que tenemos hoy día. Son dos mensajes que yo creo que es bueno volver a leer porque son son muy reveladores de no quisiéramos hacer esto, pero es la única alternativa que tenemos.

Después de esas leyes, se dictaron leyes que restringieron beneficios, lo que sabemos en el caso de indultos generales, es que las tasas de reincidencia son muy altas y además empezamos a modificar la ley de libertad condicional donde en un momento determinado, producto de las modificaciones del presidente Piñera, pudieron estar saliendo ocho mil personas en libertad condicional. Hoy día estamos en menos de mil o mil. Entonces, el efecto que eso produce es que, pese a que hemos construido nuevos penales, el aumento neto de plazas no ha sido muy sustantivo, porque esos nuevos penales en rigor sustituían a otros. Por eso hoy día nosotros estamos, ya no sólo cerrando penales, sino que yendo a rescatar penales antiguos para reparar y habilitar nuevas plazas en penales que probablemente estaban condenadas a ser cerradas.

Lo que hoy día pareciera que no es posible, no es posible el indulto general, la reforma a la libertad condicional ha ido en un sentido inverso. Por lo tanto, nos queda aumentar plazas, que es el proyecto de infraestructura que he estado trabajando, que el Presidente de la República anunció, que está financiado y que se está desarrollando, y necesitamos no más de excepción para poder construirlo rápido. Y también buscar mecanismos más eficaces a la prisión preventiva y que sean más creíbles que el arresto domiciliario. Estamos buscando una solución intermedia para presentarla al Congreso y poder tener una solución. En algún tipo de población penal esta situación es especialmente crítica, mujeres.

También te puede interesar:

-¿Hay proyectos para hacer cárceles de alta seguridad o más bien que estén preparadas para a un perfil de delincuentes de mayor peligrosidad?
-El país en materia de personas de alto compromiso criminal, que requieren estar sometidos a un sistema penitenciario más estricto, el país ha abordado esto con dos perspectivas. Uno, tener un establecimiento para eso, que de hecho construyó el 94, que es alta seguridad, que luego se amplió el 2000. Que se cerró el 2021 y se remodeló, y se abrió el 2023, que es la cárcel de máxima seguridad.

La otra estrategia que ocupó el Estado de Chile, con sus planes de infraestructura, es que en las cárceles nuevas que iba construyendo, iba teniendo módulos de alta y máxima seguridad. Sin embargo, el desafío que nosotros hoy día enfrentamos es por este aumento, pero en segundo lugar por el cambio de perfil. Es con una cárcel de máxima seguridad y con módulos de máxima seguridad repartidos. Cumplimos el objetivo y lo que el Presidente de la República nos ha pedido es que estudiemos tener una segunda cárcel de máxima seguridad.

La razón es muy simple. A esas organizaciones criminales, nosotros tenemos que mandarle el siguiente mensaje. Hoy día los que están vinculados a ese tipo de organizaciones mayoritariamente están enfrentando los juicios. De hecho, están en prisión preventiva, pero van a ser sujetos que van a ser condenados probablemente y por altas penas. Entonces el Presidente nos ha pedido no sólo pensar en una segunda cárcel de máxima seguridad que es lo que estamos trabajando hoy día, sino que en un sistema de máxima seguridad que supone un cambio también en Gendarmería. Esto no sólo se resuelve con tener otro establecimiento de máxima seguridad, sino con un perfil específico en la función penitenciaria con formación concreta y de dotación específica para eso.

-A propósito de los desórdenes que reveló El Mostrador en la cárcel de máxima seguridad…
-Ese incidente es lo que muestra, primero, en Chile no hay registro de que personas privadas de libertad utilicen la vandalización como un medio de forzar sus traslados.

-¿Cuál ha sido el medio que ocupa? 
-En general, las huelgas de hambre. Las personas privadas de libertad, en la historia del sistema penitenciario chileno, ha sido cuidar los espacios en los que están. Es cierto que la infraestructura penitenciaria se deteriora. Claro, usted tendrá personas que lo que sacan son los perfiles de la ventana o de la mesa para hacer herramientas o armas, pero personas privadas de libertad que vandalizan el establecimiento para hacerlo inhabitable y, así, forzar su traslado, nosotros no teníamos registro.

Entonces, Máxima Seguridad, cuando se remodeló, está lleno de tecnología, celdas individuales y eso pasó con un grupo de 18 personas.  La reacción del Gobierno y de la Gendarmería ha sido muy clara. No se negocia con delincuentes. En segundo lugar, lo que vino a continuación es que esas personas luego interpusieron recursos de amparo ante los jueces para decir que debían ser trasladados de ese lugar porque estaban en condiciones inhabitables. Gendarmería se opuso a eso señaló que nadie se puede beneficiar de su propio dolo. Si usted vandalizó para hacerlo inhabitable, no puede ocupar eso como un argumento para el traslado. El Estado de Chile no va a ceder.

Estas personas enfrentan juicios con condenas altísimas. De hecho, dada esa vandalización, no sólo están las querellas por las lesiones que pudieron haberle provocado a los funcionarios, por los destrozos, nosotros tomamos una decisión adicional y es que se hiciera una querella por ley de seguridad del Estado. ¿Por qué es tan importante esa querella? Primero, para decir, mire, vandalizar una cárcel es afectar un servicio esencial  que compromete el orden y la seguridad pública. Además, de aumentar las penas, la querella fue declarada admisible. Esta es la primera vez que hay una querella que busca eso. Ese mensaje está diseñado con el propósito de que a todo el mundo le quede muy claro que en las cárceles chilenas se está para cumplir la pena. Si usted quiere vandalizar, usted va a tener toda la fuerza de la ley encima  y por eso nosotros estamos trabajando el requerimiento que ha pedido el Presidente en un sistema de máxima seguridad, que no es sólo la construcción de una segunda cárcel de máxima seguridad, sino que de un sistema que suponga también un abordaje en gendarmería de un modo distinto. 

Secreto bancario

-Otra medida que ha impulsado el Gobierno para atacar el crimen organizado es buscar que se levante el secreto bancario. Desde la oposición han habido varios argumentos en contra de este, como que “el narco no hace transferencias bancarias” o que través de esto un funcionario público pueda saber la compra que hiciste en el supermercado” ¿Cómo evalúa eso argumentos? 
-Todas esas respuestas están construidas en la base de caricaturas y están construidas sobre la base de omitir la historia de lo que ha sido la pelea sobre el secreto bancario en Chile y omitir otra cosa: la situación del secreto bancario en Chile en comparación al resto del mundo. Entonces, me quiero hacer cargo de esas tres dimensiones porque esos argumentos son malos argumentos.

El primero es porque la oposición históricamente ha sido contraria al levantamiento del secreto bancario. Esto desde finales de los 90 en adelante. En eso la posición de la UDI y Renovación Nacional es muy consistente con su historia legislativa. Entonces, cuando el año 2004 estaba aprobándose la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia, venía una norma que permitía el lanzamiento del secreto bancario para que funcionara la inteligencia con autorización judicial y se declaró inconstitucional.

El año 2006 es el primer intento a propósito de la aprobación de la ley de la UAF, de la Unidad de Análisis Financiero, también con autorización judicial y también se declaró inconstitucional. Es cierto que hemos avanzado en algunos aspectos específicos del levantamiento del secreto bancario para investigaciones penales con autorización judicial o que puedan constituir delitos, pero el escenario que tenemos hoy día, en eso, la posición de la derecha siempre ha sido muy consistente, oponerse al levantamiento del secreto bancario.

El problema, sin embargo, con organizaciones criminales, es cierto que los narcos probablemente no tienen cuentas bancarias, se caracterizan no sólo porque constituyen actividades económicas y legales, sino que además funcionan en términos transnacionales con distintos giros. Las organizaciones criminales necesitan dos cosas para triunfar. La primera, tener capacidad de corromper funcionarios públicos, por eso uno tiene que ser tan drástico en los temas de corrupción, pero la segunda, para que prosperen necesitan inyectar en la economía formal los recursos de la economía ilícita.

También te puede interesar:

-Para limpiar el dinero…
-Porque si no, no tiene sentido. Entonces, quienes se ven afectados por las organizaciones criminales no es simplemente la violencia, que es la modo en la que actúan, no sólo la corrupción de los funcionarios, es que también terminan por degradar el funcionamiento de la economía y de la economía de mercado en particular. Entonces, si nosotros queremos combatir las organizaciones criminales, lo que tenemos que hacer no es sólo castigar la violencia, castigar a los funcionarios corruptos, sino que también evitar que los recursos que provienen de la economía ilícita se inyecten en la economía formal. Porque lo que hacen es que terminan por degradar esa economía y terminan por degradar la competencia en el mercado.

Entonces, ¿por qué es tan relevante el levantamiento del secreto bancario? Porque también nos interesa saber cuántos recursos se inyectan de la economía ilícita en la economía formal. ¿Y por qué? Todos los países a los cuales muchos admiran por el funcionamiento de su economía de mercado y sus economías competitivas se caracterizan por no tener un sistema tan rígido de secreto bancario. Por proteger el secreto o la reserva bancaria pero obviamente con reglas que permitan actuar oportunamente.

Un escenario de esas características necesita que las agencias gubernamentales o las agencias de la administración pública dedicada a la fiscalización de los mercados y de la economía tengan inteligencia, lo que se denomina inteligencia económica. Ese es el proyecto del ministro Marcel de Inteligencia Económica.

En todas las recomendaciones en materia de regulación financiera en el mundo, lo que hacen es permitir que esas agencias que están vinculadas a la fiscalización tengan inteligencia económica integrada que permitan, en hipótesis cualificadas,  sin que exista investigación penal, permitir el levantamiento del secreto bancario para actuar preventivamente y evitar esa inyección de recursos. Entonces, simplemente basta mirar las recomendaciones internacionales de las economías más competitivas, de las que algunos críticos son ampliamente admiradores.

Lo voy a decir en los siguientes términos. Los principales interesados en evitar que se inyecte economía en la economía recursos de la economía ilícita debieran ser el sector privado y la empresa. Una manera en que el sector privado puede contribuir a combatir el crimen organizado es anticiparse a que esos recursos se inyecten en la economía formal.

Aquí, en esto, interpelo al sector privado, no la oposición, porque esta es una manera en que el sector privado tiene que contribuir también a combatir las organizaciones criminales, evitando que se inyecten recursos ilícitos en la economía formal porque es una manera de proteger la competencia. Creo que es importante porque en algún sentido las organizaciones criminales ponen tensión a a la seguridad, a la democracia, pero también a la economía de mercado.