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Poder Judicial
Magistrados de Familia acusan a los ministros de denostarlos, perseguirlos y llenarlos de sumarios, en una inédita denuncia que formularon ante la Corte Suprema. Investigación administrativa se derivó a Copiapó, pero los ministros de ese tribunal se inhabilitaron.
Una situación que distintos abogados califican a lo menos como “inédita” o muy poco frecuente en el mundo de los tribunales chilenos es la que se vive en el Juzgado de Familia de Antofagasta, donde el comité de jueces del tribunal interpuso el año pasado, ante la Corte Suprema, una denuncia por maltrato laboral en contra de sus superiores inmediatos, es decir, los ministros que componen la Corte de Apelaciones de esa capital regional y “muy especialmente, en contra de los ministros Sra. Pavlic y Sr. Opazo” –según indica el escrito de 27 páginas al que tuvo acceso El Mostrador–, en referencia a Jasna Pavlic y Juan Opazo.
Los denunciantes son los jueces Mae Valdebenito Fuentes, Jorge Saavedra Bentjerodt, Leslie Figueroa Jaque, Daniela Julia Montrone, Evelyn Montenegro Urrutia, Francisca Parra Urrutia, Paul Contreras Saavedra, Ximena Boglio Quintana, Mariela Rojas Saa y Andrea Cuello Hidalgo, quienes acusan a los ministros de Antofagasta de “un actuar sesgado, poco objetivo” y de haber emprendido una “suerte de campaña de desprestigio que ha rayado en maltrato causando directo perjuicio al normal funcionamiento del tribunal, la salud de los reclamantes y provocando una situación compleja en cuanto al clima laboral”, pues –según los jueces de Familia– temen ser objeto de “persecuciones o revanchas”.
En el documento los magistrados recuerdan que anteriormente hubo problemas en dicho tribunal, pero que estos se zanjaron en 2016 con la salida de la administradora de aquel entonces. Posterior a ello –relatan–, como efecto de la pandemia, “el encierro, angustia y soledad en muchos casos fue calando en la salud de los miembros de nuestro tribunal”.
A lo anterior se sumó –agregan– un aumento exponencial de la carga de trabajo (de 19.898 ingresos en 2019 a 26.141 en 2023 y 129.209 escritos versus 223.726, en los mismos años), frente a lo cual señalan que, pese a ello, dicho juzgado “ha sido históricamente mirado como menos relevante que otras judicaturas de la zona, al punto que incluso estando bajo dotación mínima la Corte ha negado apoyo de jueces o funcionarios”.
Según los denunciantes, muchos de ellos trabajan desde las 7 de la mañana hasta las 23:00 horas, pero frente a ello aseguran que se les ha tildado varias veces como el tribunal “peor evaluado de Chile”, debido a la cantidad de reclamos que se han presentado ante la Corte de Apelaciones, los que ellos dicen que obedecen a causas como la distancia de algunos tribunales con dicha Corte y otros motivos.
Ante ello, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta designó como ministra en visita extraordinaria a la magistrada Pavlic. Sin embargo –dicen los jueces de primera instancia–, “se abren sumarios que creemos arbitrarios y desde octubre se ha agudizado al existir una constante intervención a través de instrucciones de funcionamiento injustificadas y, en cualquier caso, excesivas, que han causado una merma relevante en la tranquilidad, estabilidad emocional de nuestros funcionarios y nosotros mismos”.
Frente a lo anterior, insisten en que todo raya “en la persecución, el maltrato y el abuso”, basados en lo que “sospechamos son comunicaciones informales que llevan al Pleno a no escuchar los datos y antecedentes objetivos, tomando decisiones contrarias a su deber de protección y respeto de sus subordinados, creemos fundadamente que han participado en ello los ministros Sra. Pavlic y Sr. Opazo, con a lo menos la tácita aquiescencia del resto del Tribunal Pleno”.
Según indican, existe un informe de agosto del año pasado que da cuenta de los altos niveles de estrés que existen en el juzgado, y aseguran que “no podemos realizar nuestras labores en paz porque al estar constantemente cuestionados, menospreciados, tenemos el fundado temor que en algún sumario o reclamo podamos ser objeto de sanciones arbitrarias”.
Del mismo modo, afirman que en marzo de 2023 “se nos instruyó expresamente no tomar licencias médicas y que debemos personalmente firmar nuestras actas y sentencias, aunque no estemos en funciones (incluidas licencias médicas)”. El reclamo asegura que uno de los ministros, Óscar Clavería, dijo que “si no tienen todos los dedos quebrados, entonces pueden hacer clic para firmar” (en referencia a la autentificación electrónica de los documentos judiciales).
Según ellos, la sobrecarga de trabajo y las licencias médicas son una problemática nacional en los Juzgados de Familia, pese a lo cual argumentan sentir “una constante desconfianza de parte de los ministros, como si existiera una presunción de mala fe o negligencia en nuestro actuar y en nuestro desempeño, incluso en el funcionamiento del tribunal, que vemos reflejada en requerimientos de informe, visita extraordinaria, resoluciones de sala, apertura de sumarios que son una constante y superan con creces los estándares para considerarse acoso”.
Todo ello –agregan–, les genera “sentimientos de impotencia, pena, rabia, frustración y desesperanza”.
El último episodio de esta guerrilla civil se vivió entre marzo y abril pasado, cuando los jueces de Familia pidieron la inhabilidad de la ministra Aída Osses Herrera, actual presidenta de la Corte de Apelaciones de Copiapó, quien fue designada el 11 de marzo por la Corte Suprema para encabezar el sumario administrativo que se inició a raíz de la denuncia. Como es evidente, al estar impugnados todos los ministros de la Corte de Antofagasta, se decidió que fuera una de sus pares de Atacama quien investigara.
Sin embargo, los magistrados de Familia reatacaron, asegurando que Osses y el Pleno de Copiapó debían inhabilitarse, debido a que Jasna Pavlic se desempeñó por 23 años en esa jurisdicción. Lo mismo pidieron respecto del magistrado de Antofagasta Dinko Franulic, que hasta 2010 fue ministro del mismo tribunal de alzada, y de su par Jaime Rojas, cuya pareja –según el documento– es Marcela Araya, ministra de la Corte de Copiapó.
Ante ello, el 5 de abril de este año, la Corte copiapina se inhabilitó por completo, dado que la ministra Osses aceptó la petición inicial, sumándose a ella la jueza Marcela Araya, dada su relación con Rojas, mientras que el ministro Carlos Meneses también se inhabilitó, debido a que es amigo de Jasna Pavlic.
Como se trata de una Corte de solo cuatro integrantes, el único que podría haber asumido la investigación, al no tener causal de inhabilidad, es Pablo Krumm de Almozara. Sin embargo, de asumir este, la Corte solo tendría un ministro habilitado, “lo que le impide conformar el quorum mínimo para el funcionamiento del Tribunal Pleno”.
Ante ello, los antecedentes fueron remitidos a la Corte de Apelaciones de La Serena, “a fin de que conozca y emita pronunciamiento sobre la aceptación de inhabilidad de la ministra instructora y asimismo respecto de la inhabilidad peticionada del Tribunal Pleno”.
El Mostrador consultó a la Corte Suprema acerca de si habría algún pronunciamiento sobre la inédita situación, pero desde la unidad de comunicaciones del máximo tribunal del país respondieron que no, dado que es una causa aún en tramitación.
Lea la petición de inhabilidad
Lea la resolución de la Corte de Copiapó
