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Foto: AgenciaUNO
La orden fue impugnada por el director de La Tercera, José Luis Santa María, quien argumentó una violación a la libertad de prensa. La Corte Suprema falló a favor del medio, al considerar que la resolución se dictó sin permitir que los periodistas se defendieran, vulnerando así el debido proceso.
El pasado 12 de julio, el Tribunal Oral de San Fernando aceptó la solicitud de la abogada María Francisca Barra, de la Defensoría de la Niñez, para despublicar dos artículos relacionados con el caso de Eduardo Macaya, empresario vitivinícola y padre del senador UDI Javier Macaya condenado por abuso sexual de menores. Los artículos, publicados por La Tercera y La Cuarta, fueron considerados como una violación al carácter reservado del proceso penal.
La decisión del tribunal, integrada por los magistrados Carlos Pérez, Felipe Cortés y Gricelda Valenzuela, ordenó a ambos medios de comunicación despublicar los artículos en un plazo de tres horas. Esta resolución fue respaldada por el Ministerio Público, el querellante particular y la defensa del acusado.
Ante esta medida, José Luis Santa María, director de La Tercera, presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, argumentando que la resolución violaba la libertad de prensa y carecía de mérito para justificar la orden de despublicación. Sin embargo, el tribunal de alzada rechazó el amparo, afirmando que la resolución no ponía en riesgo la libertad personal del director ni de los periodistas involucrados, y que su propósito era proteger la privacidad de las víctimas.
A pesar de este rechazo, los abogados de Copesa apelaron la decisión ante la Corte Suprema. Y, este martes 7 de agosto, el máximo tribunal acogió el recurso, revocando la orden de despublicación. De acuerdo al citado medio, la Corte Suprema consideró que la resolución del 12 de julio fue emitida sin permitir que los medios de comunicación presentaran sus argumentos, violando así el derecho al debido proceso.
El fallo de la Corte Suprema concluyó que la notificación a La Tercera y La Cuarta fue “defectuosa”, lo que impidió a ambos medios ejercer su derecho a ser escuchados. Por lo tanto, se dejó sin efecto tanto la orden de despublicación como la denuncia por desacato enviada a la Fiscalía de Rancagua.
