Investigación
La sentencia de la Corte estableció la participación de peritos en al menos 10 causas, todas ellas falladas a favor de empresas que pidieron los peritajes. No se estableció cohecho, pero se cuestionaron varias transferencias millonarias.
Tras casi un año del inicio de la investigación administrativa, el pasado 18 de octubre –como dio a conocer El Semanal de El Mostrador– la Corte de Apelaciones de Santiago sancionó al juez del Segundo Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana, Óscar Meriño, por el nombramiento irregular de peritos en diversas causas, suspendiéndolo del cargo por cuatro meses con goce de medio sueldo y desestimando las acusaciones por eventuales pagos recibidos en el ejercicio de sus funciones. Fuentes cercanas al caso comentaron que el fallo generó sorpresa en círculos legales, pues no logró esclarecer si los abogados eran parte de los arreglos o simples víctimas.
La sentencia se suma a otra indagatoria vigente en la Fiscalía Centro Norte por cohecho, a cargo del fiscal Jaime Retamal, y se extiende –además de Meriño– a otros tres funcionarios del organismo encargado de resolver las reclamos de contribuyentes respecto a resoluciones del Servicio de Impuestos Internos (SII). Ambas causas comenzaron a correr en paralelo al denominado caso Hermosilla, investigación que también tiene como una de sus aristas el pago de coimas a funcionarios públicos.
La investigación administrativa, dirigida por el fiscal Daniel Calvo, determinó que el juez participó del nombramiento irregular de peritos en al menos 10 causas, entre 2018 y 2021, mismo periodo en que el magistrado realizó una serie de “transacciones bancarias cuestionables” –que justificó como movimientos relacionados con el pago de arriendos de ocho departamentos en Colina–, además de otras transferencias por más de $18 millones a una sociedad que tenía con su madre y hermano, cuyos fondos no lograron ser justificados, al igual que otros traspasos a su hermano por $118 millones, así como a su expareja por $3,3 millones y a Cristián Contreras, su asistente en el tribunal, por $4,5 millones.
Si bien no existen pruebas materiales de traspasos al magistrado, pese a las manifiestas dudas planteadas en el fallo, la Unidad de Investigación de El Mostrador cruzó la información de los 10 casos donde se detectaron irregularidades en el nombramiento de peritos, con las sentencias definitivas en las mismas causas objetadas. El resultado, en todos los casos, es un rotundo “ha lugar”. O sea, en todas las causas donde el juez Meriño impuso a un perito, los fallos terminaron favoreciendo al contribuyente reclamante, sea total o parcialmente, generando una millonaria pérdida fiscal en la recaudación de impuestos.
Los casos en que se acreditó la designación a dedo de los peritos, donde el juez Meriño además fallaba la causa, muestran la relevancia adquirida por los informes al momento de las sentencias, pues todos los casos analizados resultaron favorables a las empresas reclamantes.
En un caso fallado el 8 de octubre de 2020, la empresa Amec Wheeler Internacional reclamó al tribunal respecto de una resolución del año 2017 de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del SII, buscando la devolución correspondiente por diversos errores en operaciones contables.
El fallo determinó, a partir del informe elaborado por la perito Pilar Gaete, que la empresa no debía pagar por Impuesto de Primera Categoría un total de $174.895.967. El abogado del SII que participó en la causa, Manuel Araya Zacarías, declaró en la investigación que consideró excesiva la designación del perito.
El abogado Sebastián Coloma, quien también declaró en la indagatoria, aseguró que el asistente de Meriño, Cristián Contreras, le recomendó trabajar con Pilar Gaete, “sugiriendo que debía tratarse de un perito que estuviera en la nómina de la Corte de Apelaciones”. Sobre Gaete, indicó que ella cobró 20 millones por dos causas y que volvió a contratarla para otros procesos tributarios.
En otra sentencia donde participó la misma perito, resuelta en diciembre de 2018, la empresa Maquinarias y Construcciones Cerro Alto logró dejar sin efecto una liquidación emitida por el SII Oriente, correspondiente al año tributario de 2016, por más de $979 millones, incluidos reajustes, intereses y multas.
El 4 de junio de 2018, en un fallo donde participó José García a través de un informe pericial, se dejaron sin efecto dos resoluciones exentas, de abril y mayo de 2018, emitidas por la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente del SII, decretando la devolución de $360.994.507 a la empresa Manquehue Servicios Ltda.
“Producto del informe se logró validar las partidas impugnadas por el ente fiscal y con ello la Renta Líquida Imponible declarada por la contribuyente para el año tributario 2017, como asimismo la solicitud de devolución efectuada en su Formulario Nº22”, asegura el fallo firmado por el juez Meriño.
La Sociedad Agrícola Productos Silvestres Limitada reclamó por cuatro liquidaciones del año 2017, argumentando una diferencia de impuestos con el SII Oriente, por concepto de pago de IVA que buscaba dejar sin efecto. El perito Sergio Castro emitió un informe asegurando que las operaciones cumplían “con los requisitos legales” y que no era pertinente la aplicación del impuesto. La resolución, tal como sugirió el informe, ordenó no realizar el pago de $78.309.426, correspondiente al monto total solicitado por la empresa.
Para un abogado tributario que conoce cómo funcionan estos litigios, pero que prefiere no identificarse, el problema radica en lo determinante que puede resultar un peritaje.
Y dice al respecto: “El informe de un perito es el análisis de la prueba rendida en el proceso y el juez puede considerar o no este resultado, que en ningún caso es vinculante, pero algunos jueces se basan en ellos en sus sentencias. Lo irregular es que los peritos nombrados por el juez incluso advierten que pueden hacer un informe favorable al demandante. Entonces, si alguien paga lo que le están pidiendo, tiene una posición ventajosa y ahí se pierde toda la objetividad del proceso”.
En otra sentencia, de junio de 2021, Universal McCann Servicios de Medios Limitada, interpuso un reclamo en contra de una resolución emitida por el SII Oriente, denegando una devolución solicitada por la empresa, que acusaba pérdidas tributarias para el año 2017. Tras el informe pericial elaborado por Pilar Gaete, el juez Óscar Meriño decretó devolverle a la firma la suma de $180 millones.
La empresa Alsacia, entonces operadora del Transantiago, realizó en diciembre de 2018 un reclamo por cuatro liquidaciones emitidas, en agosto de ese mismo año, por la Dirección de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos. El peritaje de Sergio Castro contribuyó a que Meriño permitiera modificar las liquidaciones solicitadas por el abogado de la empresa, Javier Olivares, aunque sin precisar el monto específico de la rebaja contemplada.
En enero de 2022, la empresa reclamante Inversiones RTB S.A., solicitó ante el Segundo Tribunal Tributario y Aduanero dejar sin efecto la liquidación Nº 382, emitida por el SII Oriente en mayo del año 2018. La resolución del juez Meriño, donde participó José García como perito –otro experto que aparecía en el listado del magistrado–, determinó dejar sin efecto la liquidación impugnada, evitando el pago por parte de la empresa de $67.157.906, más intereses y reajustes legales.
Otro reclamo realizado en el periodo corresponde a la empresa Héctor Espinoza y Cía. Limitada, interpuesto el 7 de enero de 2019, respecto del rechazo de la devolución solicitada en su Declaración de Impuesto a la Renta del año tributario 2017, lo que concluyó en una restitución favorable a la compañía por la suma de $95.478.084, tras un informe emitido por la perito Pilar Gaete.
En el proceso investigativo, la abogada del Servicio de Impuestos Internos, María Paz Quiroz, declaró que en dos audiencias donde se designaron peritos –José García y Pilar Gaete–, participantes en las causas “Héctor Espinoza y Cía” y “Manquehue”, el organismo fiscalizador se opuso a sus nombramientos por considerarlos innecesarios, señalando que “no estuvieron de acuerdo con los peritajes y que incluso uno de ellos no favorecía totalmente al contribuyente”.
Para el abogado Cristián Vargas, quien representó a la empresa “Héctor Espinoza y Cía” ante los tribunales, resulta “fundamental que los jueces ejerzan su facultad de solicitar informes periciales de manera imparcial y transparente, sin beneficiar a peritos con quienes tengan vínculos personales. Los peritos deben actuar objetivamente, y sería conveniente regular sus honorarios para evitar abusos. Un informe pericial es solo una pieza más de evidencia y no determina por sí solo la decisión judicial. Cualquier indicio de corrupción en la administración de justicia debe ser investigado y sancionado con firmeza”.
Dentro de los 10 casos mencionados en la sentencia en contra del juez Meriño, hay otros dos donde se designó un perito arbitrariamente, la empresa Promociones Work Service Limitada y la concesionaria Blanco y Negro, que luego fueron desechados por no llegar a un acuerdo en los honorarios, en el primer caso, y porque las partes repusieron una medida para mejor resolver, en el caso de la administradora del club Colo Colo. Ambas investigaciones, de igual forma, concluyeron con sentencias favorables a las señaladas firmas.
El Mostrador intentó comunicarse con las demás empresas mencionadas en este reportaje, a través de sus abogados patrocinantes en las causas, pero, salvo la respuesta del abogado Vargas, hasta el cierre de esta edición no obtuvimos contestación.
