PAÍS
Foto: AgenciaUNO
El subsecretario defendió la iniciativa, subrayando su enfoque basado en arraigo laboral o familiar y desmintiendo que genere un “efecto llamado”. Sin embargo, la oposición, especialmente los republicanos, criticó la propuesta por considerarla irresponsable y perjudicial.
El presidente de la Comisión de Gobierno Interior, diputado Rubén Oyarzo (IND), anunció que citará a la instancia a la ministra del Interior, Carolina Tohá, junto al subsecretario del Interior, Luis Cordero, luego que éste último confirmara que el gobierno evalúa una “regularización acotada” de migrantes que se hayan empadronado y cumplan ciertos requisitos. Iniciativa sobre la que el legislador advirtió que “puede dar señales equivocadas” y que “puede ser incontrolable para nuestro país”.
Tras lo anunciado por la cartera, el parlamentario planteó que “el Gobierno tiene que explicar con total claridad los alcances de esta regularización que pretende entregar a migrantes que se encuentran en Chile en carácter de irregulares”.
El diputado Oyarzo manifestó que “debemos recordar que la crisis de seguridad está vinculada a la crisis migratoria. Y dar señales equivocadas respecto de esta materia podría incentivar que nuevamente tengamos una ola de migrantes a partir de enero del próximo año, y por la situación política de Venezuela, que puede ser incontrolable para nuestro país”.
Por este motivo, el parlamentario anunció que “he decidido citar a la Comisión de Gobierno de Interior de la Cámara de Diputados y Diputados -la próxima semana- a la ministra del Interior, Carolina Tohá, y al subsecretario del Interior, Luis Cordero”.
Finalmente, Oyarzo explicó que la cita busca que las autoridades “expliquen los alcances de esta regularización y cómo pretenden abordar la posible ola migratoria que se produzca en enero, cuando nuevamente las crisis políticas se vaya a reactivar en Venezuela”.
En el marco del evento ministerial del Proceso Cartagena +40, denominado “Adopción de la Declaración y Plan de Acción Chile 2024-2034”, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, abordó el plan del Ejecutivo para implementar una regularización acotada dirigida a migrantes en situación irregular que participaron en el proceso de empadronamiento. La medida busca establecer requisitos específicos como arraigo laboral o familiar para quienes puedan optar a este proceso.
Cordero subrayó que este enfoque se justifica por razones de seguridad y económicas. Según explicó, es esencial “saber dónde están esas personas y evitar su exclusión”, ya que los migrantes en situación irregular podrían estar en riesgo de caer en actividades delictivas, ya sea como víctimas o perpetradores. Además, destacó los impactos económicos positivos señalados en estudios del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, presentados en una conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) junto a líderes empresariales.
El subsecretario enfatizó que “hay razones económicas y hay razones de seguridad, pero particularmente en este caso de seguridad, para iniciar seriamente un estudio de un proceso de regularización acotada”.
Respecto al universo potencial de beneficiarios, Cordero aclaró que “el universo de personas empadronadas es de 182.000, lo que no significa que todas puedan ser objeto de regularización. Es necesario que se cumplan determinado tipo de requisitos”. También desmintió que este proceso pueda concretarse antes de fin de año, ya que el Ejecutivo apenas está iniciando estudios y evaluando mecanismos administrativos. Además, subrayó que cualquier regularización deberá contar con una ley específica, debido a la glosa presupuestaria vigente.
La propuesta generó críticas de diputados de Renovación Nacional, quienes la calificaron como un posible “perdonazo”. En respuesta, Cordero sostuvo que no existe evidencia de que los procesos de regularización generen un efecto llamado. “Invito a la lectura del informe del Banco Interamericano y del Banco Mundial. No hay evidencia en el mundo de que los procesos de regularización signifiquen efectos llamados”, afirmó. Asimismo, recordó que durante la administración del expresidente Sebastián Piñera se realizaron dos procesos de regularización que beneficiaron a más de 310.000 personas.
Cordero adelantó que el Ejecutivo informará sobre los avances del mecanismo en los próximos meses, dependiendo también de la resolución del Tribunal Constitucional respecto a la glosa presupuestaria.
En respuesta, diputados del Partido Republicano rechazaron de manera categórica la posibilidad de una regularización acotada para migrantes, propuesta que está siendo evaluada por el Ejecutivo y que apunta a quienes participaron en el proceso de empadronamiento.
José Carlos Meza, parlamentario republicano y miembro de la Comisión de Gobierno Interior, calificó la propuesta como “una falta de respeto” hacia los extranjeros que ingresaron al país cumpliendo la Ley. “La sola posibilidad de que el Gobierno intente regularizar a inmigrantes ilegales por tener arraigo familiar o laboral es inaceptable”, señaló. Meza recalcó además que citarán al subsecretario del Interior, Luis Cordero, para que explique la propuesta en la comisión.
“¿Cómo es posible que alguien tenga arraigo laboral si no tiene los papeles al día? ¿Cómo alguien que ingresó de manera ilegal puede estar trabajando? Eso implica incumplimientos tanto por parte del empleado como del empleador, y evidencia una omisión de la Dirección del Trabajo”, sostuvo Meza, reiterando que fiscalizarán cualquier acción destinada a regularizar la situación de personas en condición irregular.
Por su parte, según consignó Radio Biobío, el diputado republicano Renzo Trisotti, representante de la región de Tarapacá, calificó al Gobierno como “irresponsable” y acusó que su actuar fomenta la migración irregular. “El Gobierno ha demostrado ser no solo cómplice, sino también incentivador de esta situación. Es una nueva vuelta de carnero irresponsable”, dijo.
Luis Fernando Sánchez, jefe de la Bancada Republicana, fue más crítico aún, al calificar la propuesta como una “irresponsabilidad grosera” frente a las necesidades de los chilenos. “Hay familias chilenas que no encuentran un jardín infantil, que deben esperar meses por una atención de salud porque los centros están colapsados, en gran medida por extranjeros en las listas de espera. El Gobierno está dando la espalda a los más pobres del país, priorizando a extranjeros con situaciones de extrema precariedad”, declaró.
Sánchez concluyó con una dura crítica al Ejecutivo: “Esto es una cachetada en la cara a los más pobres de nuestro país. No entiendo cómo la izquierda puede seguir afirmando que está del lado del pueblo después de semejantes brutalidades”.
Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.
