Congreso dividido y sin mayorías: la búsqueda del Gobierno para abrir el debate sobre aborto legal

Después que el Presidente Gabriel Boric anunciara en su tercera Cuenta Pública el ingreso del proyecto de ley para legalizar el aborto, el mundo político entró en un intenso debate respecto a lo prioritario de la iniciativa en el contexto actual y la viabilidad de su tramitación en el Congreso. El Gobierno reiteró su convicción de que es necesario una discusión democrática sobre los derechos sexuales y reproductivos, comprometiendo enviar el proyecto al Parlamento durante el segundo semestre de 2024. 

Sin embargo, debido a las dificultades en la aplicación de la ley de aborto en tres causales, La Moneda tuvo que reformar el reglamento de este cuerpo legal, con el fin de garantizar esta prestación. Proceso que frenó el ingreso del proyecto de aborto legal, a la espera de que Contraloría tome razón de las modificaciones. 

Así lo explicó a El Mostrador la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, quien señaló que aquellos cambios que eventualmente la Contraloría General de la República determine que no se pueden abordar en el reglamento de las tres causales, serían incluidos en el proyecto de aborto legal.

“Tal como ya hemos explicado, esto tiene dos etapas muy importantes. La primera fue presentar a Contraloría una propuesta de modificaciones al Reglamento de Objeción de Conciencia para mejorar la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales, luego de un diálogo amplio con organizaciones sociales de mujeres. Actualmente, estamos en iteración con la Contraloría General de la República (CGR) y, una vez exista toma de razón, se presentará el proyecto de ley para legalizar el aborto, de forma que aquellas materias que eventualmente la CGR determine que no se pueden abordar en el reglamento, sean incluidas en el proyecto. Estas modificaciones al reglamento fueron ingresadas en mayo, pero la Contraloría tiene sus tiempos y es un organismo autónomo”, dijo Orellana. 

Por otra parte, la secretaria de Estado indicó que, desde el mes de septiembre, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género convocó a diálogos participativos en 16 regiones, para nutrir la iniciativa de aborto legal. “Asimismo, hemos sostenido rondas de conversación con parlamentarias, parlamentarios y también con partidos”, agregó. 

Lo cierto es que los ánimos en el Congreso están divididos. Mientras que sectores oficialistas están expectantes al ingreso de la iniciativa que cumple con una de las promesas de campaña de la administración del Presidente Boric, desde la oposición consideran que el debate sobre aborto legal carece de urgencia y responde más bien a un guiño a su sector en año electoral. 

Opiniones en el Congreso 

En diciembre pasado, una vez que el Gobierno confirmó la postergación del proyecto de aborto sin causales, la ministra Antonia Orellana al mismo tiempo valoró el diálogo con parlamentarias en torno a la iniciativa y sus diferentes aspectos. Esto con el objetivo de identificar el “máximo viable”, es decir, “cuánto concita el mayor apoyo dentro de los sectores que están a favor dentro del Congreso”.

Uno de los temas del trabajo prelegislativo ha sido el de los plazos para la despenalización. “Lo que hemos estado mirando es la legislación de países como Alemania. Eso es en torno a las 14 semanas, pero está en debate”, afirmó Orellana.

No obstante, son varios sectores en el Parlamento los que se resisten a la idea de abrir la discusión, por lo que el Ejecutivo ha reiterado la necesidad de impulsar un debate democrático sobre algo clausurado mediante un decreto con fuerza de ley de 1989, al final de la dictadura.

La diputada del Partido Socialista y presidenta de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, Ana María Bravo, dijo a El Mostrador que “nunca es tarde para iniciar un debate sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”. 

“El proyecto de aborto legal responde a una demanda histórica y también a un tema de salud pública, por eso es importante que lo discutamos desde sus distintas miradas, pero tomando en cuenta que en nuestro país se realizan abortos de forma clandestina y lamentablemente esto afecta en su mayoría a mujeres de menos recursos. Chile ha demostrado estar preparado para el diálogo, y debemos enfrentar esto con esa madurez y pensando en el bienestar de todas. No podemos criminalizar un derecho como la posibilidad de interrumpir un embarazo”, afirmó. 

En esa misma línea, la diputada del Frente Amplio y también integrante de la comisión, Carolina Tello, calificó el ingreso del proyecto como un “paso fundamental”. 

“Este es un compromiso del Gobierno con la justicia reproductiva y con garantizar que ninguna mujer sea criminalizada por tomar decisiones sobre su vida y su salud. Sabemos que el debate en el Congreso será intenso, pero esperamos que prime la mirada de derechos y de salud pública. Trabajaremos para que esta discusión se dé con responsabilidad y perspectiva de género”, declaró Tello. 

Por otro lado, desde la oposición no comparten la necesidad de avanzar en esta tramitación. Así lo señaló la diputada de Renovación Nacional, Carla Morales, quien dijo que “es importante tener en cuenta que no es una prioridad para la mayoría de la ciudadanía. En este último año de Gobierno, las urgencias en materia de mujeres deberían enfocarse en la reducción de la violencia”.

“Debemos centrar nuestros esfuerzos en brindar apoyo y protección a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, en lugar de promover la legalización del aborto, que no resolverá las problemáticas de fondo que tienen hoy día las mujeres en nuestro país”, enfatizó. 

La senadora de RN e integrante de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, Paulina Núñez, indicó que el proyecto “no cuenta con apoyo ni votos en el Congreso, el Gobierno lo sabe y, por tanto, es un saludo a la bandera, un guiño a parte de su electorado en año de elecciones”. 

Asimismo, la diputada UDI Flor Weisse dijo que “independiente de que nunca nos cerraremos a discutir ningún tema, estoy convencida de que no hay que innovar más allá en la materia. Cuesta entender que en medio de una de las crisis económicas y de seguridad más graves del último tiempo, las actuales autoridades insistan con una agenda absolutamente ideológica, alejada de la realidad y de las urgencias sociales”.

Último año de Gobierno y prioridades en la agenda 

Otra de la preguntas en torno al proyecto de ley que busca la despenalización del aborto sin causales es si logrará iniciar su tramitación en un Parlamento dividido y en medio de un año electoral. 

Para la investigadora de Flacso y académica de la Universidad Católica Silva Henríquez, Lucía Miranda, “es difícil que cierre esta administración con la aprobación de la ley”, teniendo en cuenta que el oficialismo no tiene mayoría en el Congreso. 

Miranda también advirtió sobre las críticas del movimiento feminista a la gestión del Ejecutivo, particularmente luego del manejo del caso Monsalve. 

“No obstante, y visto lo que pasa en la región, hoy día Chile es casi un paraíso, lo que no quita seguir luchando por evitar retrocesos en los derechos ya conquistados. (…) El movimiento feminista enfrenta múltiples desafíos en un contexto global adverso que busca instaurar lógicas ultraconservadoras. Espero que este 8M la convocatoria sea especialmente masiva para cuidar lo conquistado y desafiar a las candidaturas presidenciales a que avancen por más”, advirtió. 

Por su parte, desde el Gobierno destacan varios avances que se han materializado, por ejemplo, con la implementación de la llamada “ley papito corazón”, que ha permitido órdenes de pago por más de 1 billón 380 mil millones de pesos; la Ley Antonia y el reconocimiento del suicidio femicida; la Ley de Reparación para víctimas de femicidios y sus familias, entre otros temas

“Para este año tenemos varias prioridades que vienen a consolidar estos avances. Una de ellas es seguir avanzando en la implementación de la Ley de Pago Efectivo, de la mano de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Poder Judicial y el sistema bancario. Otra prioridad es la implementación de la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que tiene importantes disposiciones que ya están operando, por ejemplo, en cuanto a la respuesta de los organismos del Estado frente a las denuncias, la supervigilancia de las medidas cautelares y su revisión”, puntualizó la ministra Orellana.