Defensor Nacional (s): hay que avanzar en una ley para menores infractores que no sea populista

El Defensor Nacional subrogante, Osvaldo Pizarro, se refirió a la crisis de seguridad que enfrenta el país, particularmente al debate sobre la participación de menores de edad en hechos delictuales y la propuesta de reducir la edad de responsabilidad penal. En ese sentido, Pizarro enfatizó la necesidad de evitar soluciones populistas que no resuelvan el problema de fondo y llamó a fundamentar cualquier cambio legislativo en evidencia concreta.

Según Pizarro, la participación de adolescentes en actos delictivos ha mostrado una disminución sostenida en los últimos años, aunque recientemente ha comenzado a repuntar. En 2016, el 8,1% de los ingresos al sistema judicial correspondía a menores infractores; esta cifra se redujo al 2,9% en 2021, un descenso significativo. No obstante, desde ese año la tendencia se ha revertido, alcanzando un 4,6% en 2024. Este aumento, señaló, está asociado a la participación de menores en bandas criminales organizadas, que los reclutan aprovechando su vulnerabilidad y la promesa de ingresos económicos rápidos.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Pizarro describió cómo estas bandas atraen a los jóvenes: “Una banda criminal que tiene un poder económico importante puede precisamente ser un elemento atractivo para un adolescente que quiere inmediatez en la solución de sus necesidades. Recibir dinero de manera rápida y fácil se convierte en una tentación”.

Respecto al sistema actual, Pizarro aclaró que “en Chile, los adolescentes son responsables penalmente desde los 14 años. Eso significa que, de los 14 a los 16 años, un adolescente puede ser condenado hasta cinco años de privación de libertad efectiva, y los adolescentes entre los 16 y los 17 años pueden ser condenados hasta 10 años de privación de libertad”.

También destacó la implementación de la Ley 21.527, diseñada para fortalecer el control de sanciones y programas de rehabilitación: “Esta modalidad o esta ley entró en vigor en 2023 en una primera etapa desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Coquimbo. En 2025 iniciamos desde la región del Maule hacia el sur y esperamos que esta implementación permita mejorar el funcionamiento del sistema de justicia adolescente”.

Sobre el debate para reducir la edad de responsabilidad penal, Pizarro afirmó: “Nuestro llamado siempre es a que cualquier modificación legal que se haga lo sea debidamente fundamentada, con estudios, con doctrina, con elementos desde el análisis cuantitativo y cualitativo que permitan afirmar que una modificación legal tenga un sustento y no sea una modificación populista”.

Añadió que las soluciones simplistas pueden ser contraproducentes: “Si hay algo que genera desazón en la ciudadanía es precisamente la promesa de una modificación legal que va a terminar con un fenómeno criminal, cuestión que nosotros siempre hemos sostenido que no es así”.

Finalmente, subrayó que el enfoque debe ser integral, combinando sanciones efectivas con programas que promuevan la reinserción: “Esperamos que esta implementación permita mejorar el funcionamiento del sistema, tanto en su línea de persecución como en las modificaciones asociadas a la rehabilitación”.