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Presidente Boric y fiscal Valencia se encuentran tras polémica por intervención en caso ProCultura PAÍS Crédito: Agencia Uno

Presidente Boric y fiscal Valencia se encuentran tras polémica por intervención en caso ProCultura

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En medio de la polémica por el intento de interceptar el celular de Miguel Crispi, el Presidente Boric reafirmó que “nadie está por sobre la ley” y expresó su confianza en las instituciones, mientras el fiscal nacional Ángel Valencia destacó la necesidad de reformas legales para evitar filtraciones.


Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Presidente Gabriel Boric abordó la controversia por la interceptación del celular de su exasesor, Miguel Crispi, durante la cuenta pública del Ministerio Público. Subrayó que “nadie está por sobre la ley” y aseguró que su gobierno colaborará con la justicia. Por su parte, el fiscal nacional Ángel Valencia planteó la urgencia de reformar el marco legal para prevenir filtraciones y proteger la confidencialidad en investigaciones penales. Pese a tensiones iniciales, el Ejecutivo y la Fiscalía buscaron mostrar gestos de distensión y respeto institucional.
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El Presidente Gabriel Boric protagonizó un tenso momento con el fiscal nacional Ángel Valencia y el fiscal Patricio Cooper durante la cuenta pública del Ministerio Público, marcada por la reciente polémica sobre el intento de intervenir su celular en el caso ProCultura.

Pese a la molestia inicial de La Moneda, el Mandatario evitó escalar el conflicto y destacó la importancia de permitir que las instituciones funcionen de manera independiente.

En su intervención, Boric declaró que “nadie en Chile está por sobre la ley” y reafirmó su confianza en la institucionalidad, enfatizando la disposición de su gobierno para colaborar con la justicia. Estas palabras buscaron dar por concluida la polémica, en medio de gestos de distensión entre el Ejecutivo y la Fiscalía, que incluyeron reuniones informales entre autoridades antes de la ceremonia.

“Las instituciones tienen que hacer su trabajo y tienen que hacerlo bien. Cuando esto sucede es natural que a veces se generen tensiones entre las instituciones. Siempre hay que volver a los principios de justicia. Yo como Presidente, tengo una profunda convicción en que hay que dejar que las instituciones funcionen y que nadie en Chile está por sobre la ley. Confío en la institucionalidad chilena. Yo personalmente, y todo el gobierno, siempre va a tener toda la disposición para colaborar con la justicia”, dijo.

La crisis se desató tras revelarse que el exasesor de Boric, Miguel Crispi, fue objeto de interceptaciones telefónicas desde noviembre por orden del fiscal Cooper, lo que alarmó a La Moneda sobre la posible afectación de temas de Estado. Aunque ministras clave como Aisén Etcheverry expresaron públicamente su molestia, finalmente se optó por un manejo institucional, liderado por los ministros de Justicia, Jaime Gajardo, y de Seguridad, Luis Cordero.

Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, no abordó directamente el tema de los pinchazos, pero dedicó parte de su discurso a las filtraciones en investigaciones, proponiendo reformas legales para reforzar la reserva de información en causas penales. Valencia destacó medidas implementadas por la Fiscalía para prevenir accesos indebidos y trazabilidad de los datos, pero advirtió sobre debilidades normativas que dificultan el control de las filtraciones.

“Hemos adoptado múltiples medidas en el ámbito informático con el objetivo de asegurar la trazabilidad interna de los archivos que contienen información de causas penales, para así resguardar el acceso a los sistemas y bases de datos institucionales”, especificó el persecutor nacional. Lo anterior, con el fin de “impedir el acceso indebido a los sistemas informáticos del Ministerio Público y prevenir posibles filtraciones”, señaló Valencia.

Más adelante volvió a referirse al tema de las filtraciones, reiterando que han tomado medidas, para lo que recordó que en octubre del año pasado “dictamos una instrucción general que imparte criterios de actuación en investigaciones penales complejas para el otorgamiento de copias, solicitud de diligencias y registro de información personal de interés investigativo”,

También planteó que “nuestro ordenamiento jurídico presenta una debilidad normativa significativa que dificulta, o derechamente imposibilita, asegurar una adecuada reserva de los antecedentes de investigación, lo que redunda en serias dificultades para controlar las filtraciones”. Según explicó, la ley obliga al Ministerio Público “en determinadas circunstancias a entregar copias de toda la investigación a personas que ni siquiera son víctimas del delito y que tampoco enfrentan sanciones en caso de revelar esa información reservada”.

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