Informe de Comisión para la Paz propone: cambiar sistema de compras y liberar uso de predios mapuche

Destrabar restricciones al uso de los terrenos mapuche –entre ellas, la venta y arriendo– y modificar el sistema de compra de predios de la Conadi para ser entregados a las comunidades. Estas son dos de las propuestas de la Comisión Presidencial para la Paz y Entendimiento, que persigue consolidar una solución de largo plazo al conflicto territorial indígena en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

La Comisión Presidencial para la Paz y Entendimiento ha trabajado durante casi dos años en la redacción de un documento con sus conclusiones, tras su creación el 21 de junio de 2023, el cual será presentado al jefe de Estado, Gabriel Boric, este martes en La Moneda, y que surgió luego de un compromiso transversal de 19 partidos con representación parlamentaria, con el objetivo de asesorar al Presidente en la búsqueda de una solución para el conflicto territorial mapuche.

Sin embargo, la instancia no logró alcanzar el respaldo unánime que se había propuesto para el texto, lo que ha generado controversia. El Mostrador accedió a dos de los puntos que se propondrán al Ejecutivo.

Según dos dirigentes políticos que conocieron el texto, el informe final presenta un capítulo con recomendaciones para modificar las limitaciones al uso y la propiedad de tierras indígenas.

“Hasta hoy existe una limitación a la venta, arriendo, permuta y uso como instrumentos de garantía bancaria de la tierra indígena. Esto va en contra de acuerdos que son realmente mandatorios en el concierto internacional, y lo que se propone es eliminar una serie de requisitos engorrosos para poder hacer alguna de estas actividades con los terrenos y se pueda hacer como un inmueble”, señala una fuente que participó de la Comisión.

De acuerdo con lo que explican quienes conocen el texto, en relación con las restricciones a los derechos sobre propiedad de terrenos señalan que existe, en la Ley Indígena, un mecanismo de “desafectación de tierras indígenas” que permite la venta; sin embargo, se sostiene que los funcionarios encargados no aplican este mecanismo, lo que limita la capacidad de las comunidades indígenas para decidir sobre sus tierras.

La Comisión propone simplificar los trámites para la desafectación de tierras, facilitando así el acceso al mercado. Explican que hoy los arriendos son posibles solamente por cinco años, lo que limita las posibilidades de sus utilización comercial.

Cambio al sistema de compras de terrenos del Estado

Otro de los puntos que propone la Comisión para la Paz es un cambio en el sistema de compra de tierras y entrega de estas por parte de la Conadi como indemnización, permitiendo a las comunidades mapuche adquirir no solo predios, sino también la adquisición de equipamiento e infraestructura o un monto en dinero que sea equivalente, con la idea de que las familias puedan desarrollar actividades productivas.

“Proponemos un cambio completo del sistema de compra, que en el fondo las personas puedan decidir por más de una alternativa: que se les entregue tierra o que puedan optar por comprar equipamiento, infraestructura, puedan comprar una vivienda, por ejemplo, en un sector turístico para generar recursos. Y una tercera alternativa, que también es posible, es que al cabo de seis años decida la comunidad, por un monto en dinero que sea proporcional a lo que se hubiera gastado esa familia en tierras. Esas son las alternativas”, detalla una fuente que participó en la redacción del documento.

En la Comisión explican que, entre las alternativas propuestas en torno a alquiler y venta de terrenos de propiedad de las comunidades mapuche, se incluye la posibilidad de “arrendar tierras por 25 años, lo que permitiría alianzas productivas que hasta el día de hoy” no se pueden hacer.

También se plantea que los miembros de comunidades puedan solicitar un terreno para uso individual o de una familia pequeña, para desarrollar actividades que no se alinean necesariamente con proyectos grupales.

“Una propuesta es que se permite que las personas, que si bien pertenecen a una comunidad sociológica y eso no va a cambiar, puedan pedir un terreno individual al interior de su comunidad y subdividirlo para poder desarrollar una actividad que no necesariamente es compatible con un proyecto grupal, que hoy día es obligatorio prácticamente y es muy difícil desarrollar actividad productiva a veces en condiciones de asociatividad”, señala uno de los redactores del texto final.