Comisión para la Paz: expertos dudan que disminuya la violencia pero valoran Ley de Reparación

Expertos en violencia política y en materias mapuches difieren del impacto que las propuestas de la Comisión para la Paz y Entendimiento tengan sobre la acción de grupos radicales como la WAM, CAM, RMM, RML, entre otros. Advierten que en el corto plazo no se vislumbra que la violencia rural o actos de carácter terrorista se reduzcan en función de las recomendaciones del informe.

Según el diagnóstico del documento entregado al Presidente Boric, “la violencia rural o actos de carácter terrorista” y la situación de las víctimas en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, desde el primer atentado de la CAM en Lumaco en 1997, consolidaron la violencia, afectando severamente las condiciones de vida, los DD.HH., la economía y los sistemas productivos agrícolas.

Profesionales que por años han estudiado el fenómeno de la violencia rural y asuntos vinculados con la comunidad mapuche presentan posturas distintas sobre la eficacia de las sugerencias de la Comisión para contener las operaciones y ataques de grupos extremistas.

No obstante, coinciden en destacar entre las recomendaciones la presentación de una Ley de Reparación a Víctimas; también la creación de un organismo independiente, bajo el alero del Ministerio de Justicia, para identificar víctimas; y que se enlisten las formas de reparación a las mismas, incluyendo indemnizaciones, rehabilitación, medidas para evitar la repetición de la violencia; atención en salud mental; acceso a educación; y un presupuesto para establecer estos mecanismos.

“No se vislumbra que la violencia rural se reduzca”

Para el académico Pablo Franco, especialista en terrorismo y asesor de los abogados de víctimas del atentado terrorista en Madrid en 2004, es importante avanzar en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, así como en la mejora de su entorno socioeconómico; pero advierte que uno de los principales escollos será la implementación de las propuestas, lo que requiere un acuerdo político que garantice su continuidad independientemente del Gobierno de turno y un presupuesto que no se ha determinado.

“A largo plazo, el Informe de la Comisión permitirá avanzar en temas que se arrastran históricamente, como el reconocimiento de los pueblos originarios, la validación de las instituciones y el mejoramiento del entorno socioeconómico. En este sentido, es un éxito, puesto que el objetivo de este informe es proporcionar insumos al Presidente de la República para elaborar políticas públicas profundas de Estado”, dice Franco.

Y advierte que falta considerar las actividades y motivaciones de las organizaciones radicales en el diseño del plan presentado, para contener sus manifestaciones violentas.

“Otro elemento que se debe abordar, también mirando a largo plazo, es integrar a las organizaciones mapuche que utilizan la violencia como parte de su estrategia. Estas han manifestado de muchas formas el rechazo a la Comisión, por lo cual, a corto y mediano plazo, no se vislumbra que la violencia rural se reduzca en función de las conclusiones de la Comisión Presidencial para la Paz y Entendimiento”, señala Franco.

Incentivos negativos

El académico e investigador de la UDD, Jorge Cordero, evalúa que es difícil que en el corto plazo haya una correlación de fuerzas que haga disminuir la violencia o algo similar en las cuatro regiones.

“Me parece que las expectativas de la Comisión tampoco están puestas en esa mirada de corto plazo, sino más bien de largo plazo. Y en ese sentido sí me parece que las recomendaciones que entrega la Comisión, sobre todo en materia de tierras y el orden que establecen sobre el sistema que tenemos hoy, de alguna manera creo que permite aislar el discurso de las organizaciones radicales”, sostiene Cordero.

Y agrega: “Cuando tú tienes comunidades que están 20 años en un proceso de espera, cuando ven que las instituciones del Estado funcionan mal, cuando ven que otras comunidades han sido beneficiadas por aplicar instrumentos que no son los legítimos, y se saltan la fila, eso genera incentivos negativos y, particularmente, genera desconfianza. Y donde hay desconfianza institucional fuerte, este tipo de discursos extrainstitucionales que ofrecen vías desde posiciones radicales comienzan a hacer sentido. Entonces, me parece que al largo plazo logra entregar una oferta del Estado que es más razonable, que funciona bien, que evita estos incentivos negativos”.

Autodeterminación como argumento político

El historiador y académico de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica, Fernando Pairican, y autor de una decena de libros sobre asuntos mapuches, considera que los grupos radicalizados como la CAM, la WAM y RLM continuarán utilizando la autodeterminación como argumento político y, mientras ello no suceda, argumentarán el uso de la violencia como respuesta a la negativa del Estado ante eso.

“En la medida en que no se avance en el reconocimiento al derecho de la autodeterminación como una forma de ejercer la autonomía, y para ello es necesario una recomposición territorial y reformas políticas (…), organizaciones como la CAM, WAM o RML van a seguir teniendo un argumento político para mantener su desarrollo o su proyecto político, porque el proyecto mapuche es la autodeterminación y estas organizaciones buscan ese horizonte, y en ese horizonte ocuparon la violencia política en este escenario”, advierte el académico y autor de los libros Toqui, guerra y tradición y la La vía política mapuche.

Y agrega que la radicalización de estas organizaciones “en su forma de accionar”, es decir, de pasar de “una quema de camiones a incendiar casas de agricultores y luego enfrentamiento directo con la policía”, respondería “a las políticas de seguridad que el Estado ha generado y que ha ido radicalizando. También a la juventud y a la militancia mapuche en ese escenario, y ahí yo creo que la Comisión viene a intentar generar un espacio de diálogo y de acercamiento en ese ámbito”.