Exfiscal Marisa Navarrete y salida de Cooper: vimos prácticas “que no pueden ser toleradas”

La exfiscal Marisa Navarrete se refirió a la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de remover al fiscal Patricio Cooper del caso ProCultura, tras declararse ilegal la interceptación de conversaciones telefónicas.

Esta acción surgió luego de que se filtrara una conversación de la psiquiatra Josefina Huneeus con el Presidente Gabriel Boric. La Corte describió estas prácticas como propias de “tiempos pretéritos de la República”, donde las garantías fundamentales eran vulneradas.

Sobre este punto, Navarrete declaró en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler: “Estamos viendo una práctica que no puede ser tolerada por el sistema procesal penal. Hay prácticas del Ministerio Público que muchas veces son blindadas por jueces de garantía porque son más cercanos, le conocen la mano”.

Añadió que “esto es bien habitual”, explicando que “un fiscal espere que esté de turno un juez determinado porque le conoce la mano, porque es más duro o porque lo conoce. Esas prácticas no pueden ser permitidas en nuestra legislación. Es lo que está pasando”.

En relación con el desempeño de los jueces de garantía, criticó que no actuaron de manera adecuada en este caso: “El juez de garantía no hace su labor de garantía. Porque claro, pueden suceder y suceden a diario excesos en el ámbito de la persecución penal, pero precisamente nuestro Código Procesal Penal establece un filtro, cuál es el juez de garantía, y aquí el juez de garantía evidentemente no hizo su función”.

Navarrete también se refirió al comportamiento del fiscal Cooper tras darse cuenta del error en la interceptación: “Cuando se dan cuenta de que no era la persona que estaba utilizando este teléfono, sino que era un tercero, no inhiben, no se inhiben en su actuación ilegal, sino que lo que hacen es pedir que se mantenga, en el fondo es pedir que se mantenga una ilegalidad”.

La abogada penalista reflexionó sobre las irregularidades del sistema judicial: “Esto es algo que muchos defensores podrán estar de acuerdo conmigo y que yo, que fui fiscal, puedo constatarlo. Aquí lo que uno esperaría, tal vez, es que obviamente los fiscales no cometan excesos en las atribuciones que tienen, pero también esperaría que sean los jueces de garantía los que primeros hagan este filtro y no sea hoy día la Corte de Apelación y probablemente después en la Corte Suprema la que refrende una ilegalidad”.

Además, cuestionó la percepción de excesivo garantismo en el sistema judicial, afirmando que “basta con conocer nuestras altas tasas de prisión preventiva para sostener que aquello más bien es un eslogan”. Insistió en que “vivimos prácticas que no pueden ser toleradas por parte del sistema procesal penal y es una práctica que debiera ser detectada oportunamente por los jueces de garantía”.

Finalmente, destacó que este caso pone en evidencia un problema de fondo que afecta tanto a imputados anónimos como a testigos. “Cuando se intentó pinchar el teléfono del Presidente de la República, se actuó correctamente diciendo aquí no hay antecedentes para pensar que esta persona tiene participación en calidad de imputado y respecto de un delito que merezca pena de crimen para interceptar un teléfono”, cerró.