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SEA sube el tono y exige anular acuerdo en caso Dominga por inhabilidad del ministro Matus PAÍS

SEA sube el tono y exige anular acuerdo en caso Dominga por inhabilidad del ministro Matus

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Héctor Cossio López
Por : Héctor Cossio López Editor General de El Mostrador
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El SEA pidió anular el nombramiento del ministro Jean Pierre Matus en el caso Dominga, alegando inhabilidad por vínculos con un abogado de una de las partes. Acusa vicios que comprometen la imparcialidad del proceso en la Corte Suprema.


El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en representación del Comité de Ministros, presentó una solicitud de nulidad ante la Corte Suprema por la participación del ministro Jean Pierre Matus en el proceso de casación relacionado con el controvertido proyecto minero-portuario Dominga.

La petición formal, presentada por la abogada Tagrid Safatle Nadi, en nombre de la directora del SEA, Valentina Durán, acusa una grave infracción al debido proceso y solicita anular el acuerdo del 19 de mayo respecto de la admisibilidad de las casaciones, debido a que en dicho acuerdo no solo participó el ministro Matus sino que, además, quedó a cargo de la redacción del fallo, a pesar de encontrarse inhabilitado.

LEA AQUÍ EL RECURSO DE NULIDAD

Inhabilidad reconocida

El documento de nulidad detalla que el propio ministro Matus declaró una inhabilidad conforme al artículo 196 N°14 del Código de Procedimiento Civil (“haber el juez recibido de alguna de las partes un beneficio de importancia, que haga presumir empeñada su gratitud”) debido a su relación con el abogado Marcelo Castillo Sánchez. Este último ha representado al Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales Totoralillo, organización que ha sido parte activa en el proceso judicial vinculado al proyecto Dominga. Adicionalmente, este sindicado -se lee en el recurso- mantiene en la actualidad un “Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo Portuario, Humano, Productivo y Ambiental de Totoralillo Norte” con Andes Iron, dueña del proyecto Minera Dominga.

Aunque Castillo presentó una renuncia de patrocinio, el recurso de nulidad señala que esta no fue debidamente tramitada, por lo que sigue vigente, lo que fortalece la objeción planteada por el SEA. Además, el mismo abogado representa al sindicato en una querella criminal actualmente en curso contra la ministra de Medioambiente, Maisa Rojas y otras autoridades, quienes integraron el Comité de Ministros, que rechazó la calificación ambiental (RCA) de Dominga en enero de este año.

Controversia acumulada

La solicitud de nulidad llega pocos días después de que se conociera la recusación presentada por el SEA contra el ministro Matus. De acuerdo a lo que informaros en El Mostrador, el 20 de mayo, esta recusación buscaba impedir que el juez continuara interviniendo en las resoluciones del caso Dominga, dada su relación previa con el abogado Castillo.

La designación del ministro como redactor del fallo, pese a estar recusado y con una inhabilidad declarada, ha generado un fuerte cuestionamiento sobre la imparcialidad del proceso. La propia Corte Suprema había publicado oficialmente, en julio de 2024, la lista de inhabilidades del ministro, en la cual constaba expresamente su relación con Castillo.

Implicancias del caso

El caso Dominga ha sido uno de los más polarizadores en materia ambiental en los últimos años. La resolución de enero de 2025 que calificó desfavorablemente el proyecto fue celebrada por organizaciones ambientalistas, pero altamente rechazada por la titular del proyecto, Andes Iron SpA, debido a que su juicio, la resolución del comité contraviene lo resuelto por el Primer Tribunal Ambiental que falló en favor de Dominga.

La solicitud de nulidad no solo busca impedir que Matus redacte el fallo, sino también retrotraer la causa para que sea nuevamente revisada por una sala sin la participación del juez objetado.

El SEA argumenta que la imparcialidad del máximo tribunal se ha visto comprometida y que el vicio procesal solo puede ser corregido mediante la anulación completa del acuerdo del 19 de mayo.

La Corte Suprema deberá ahora resolver esta solicitud, mientras crece la presión pública y política en una causa que mantiene en vilo el futuro ambiental y económico de la región de Coquimbo.

 

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