Contraloría cuestiona uso de fondos en disuelta asociación de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea

La Contraloría General de la República (CGR) informó sobre “múltiples irregularidades” financieras y administrativas al interior de la Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente (AMZO), tras una exhaustiva auditoría que abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2023, extendiéndose en algunos casos a otros periodos pertinentes según lo ameritaba la investigación.

El informe final N° 258, emitido este 6 de junio, pone bajo la lupa la gestión de los recursos públicos durante los años en que la AMZO fue presidida por Joaquín Lavín —entonces alcalde de Las Condes— y, posteriormente, por Daniela Peñaloza, quien asumió ese cargo en 2021.

También estuvieron implicados en su directorio Camila Merino, alcaldesa de Vitacura desde 2021, y Cristóbal Lira, alcalde de Lo Barnechea desde fines de 2019. Asimismo, se consideran eventos ocurridos bajo las gestiones de Raúl Torrealba y Felipe Guevara, exalcaldes de Vitacura y Lo Barnechea, respectivamente.

Proyectos inconclusos y millonarios desembolsos

Uno de los hallazgos más significativos señala que la AMZO desembolsó $1.348 millones para el proyecto de “Reurbanización de Av. Las Condes con autovía soterrada”, iniciativa que nunca fue finalizada, pese a estar en su fase final. La Contraloría advirtió que, hasta la fecha, no existen garantías de término o recuperación de los recursos invertidos.

Ante ello, instruyó a los municipios de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea a evaluar si es pertinente continuar con el proyecto, dándoles un plazo de 60 días hábiles para entregar dicha evaluación.

Contrataciones a honorarios sin respaldo documental

El informe también reveló que entre 2018 y 2021 se realizaron pagos por $170 millones a personas contratadas a honorarios sin que estas entregaran los informes que respaldaran sus funciones. A ello se suman otros $271 millones pagados a prestadores que sí entregaron reportes, pero cuya veracidad no pudo ser verificada por falta de antecedentes complementarios. Por esta razón, la Contraloría enviará los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, en conformidad con lo que estipula su ley orgánica.

Asesorías externas de dudosa pertinencia

Otro aspecto cuestionado fue la contratación de la empresa Ideograma SpA, por un monto de $69.235.847, para servicios de asesoría en comunicación estratégica y tendencias urbanas. Sin embargo, los contenidos de los informes entregados se alejaban de los objetivos y funciones de la asociación. Entre ellos, destacan documentos como “Instagram: Usos políticos y buenas prácticas” y “Facebook para ganar”, que contenían análisis sobre el uso de redes sociales en campañas políticas y ejemplos como el caso de Mauricio Macri en Argentina, además de menciones explícitas a Joaquín Lavín y el hashtag #lascondes.

Controles financieros débiles y cuentas mal administradas

La auditoría detectó también importantes deficiencias en la administración financiera de la asociación. Las conciliaciones bancarias no consignaban la fecha de su confección ni los responsables de su elaboración y aprobación, lo que compromete la transparencia y dificulta la detección de errores o actos ilícitos. A esto se suma la existencia de tres personas que mantenían autorización para operar cuentas bancarias de la AMZO sin que se informara a la Contraloría y que, al momento del informe, ya no tenían vínculos con la asociación ni con los municipios involucrados.

Disolución bajo la lupa

La AMZO, que hasta 2024 agrupaba a los municipios de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, se encuentra actualmente en proceso de disolución, proceso que fue aprobado por unanimidad el 27 de febrero de 2024. No obstante, la Contraloría ya había solicitado en septiembre del mismo año que la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) fiscalizara dicho procedimiento para verificar su apego a los estatutos vigentes. Ante la falta de respuesta, el requerimiento fue reiterado en diciembre, otorgándose un plazo adicional de 10 días hábiles.

Próximos pasos

Con este informe, la Contraloría busca no solo dejar constancia de las irregularidades detectadas, sino también abrir la puerta a eventuales responsabilidades administrativas, civiles y penales. La remisión del documento al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado deja entrever la gravedad de los hechos y la necesidad de esclarecer el destino de los recursos públicos involucrados.

Mientras tanto, los municipios aludidos deberán tomar medidas correctivas y pronunciarse sobre los proyectos inconclusos y contratos cuestionables, en un contexto de creciente exigencia ciudadana por una gestión municipal transparente y eficiente.