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El cambalache entre la Fundación Allende y Serviu: obras de arte por una casona
La Fundación Salvador Allende saldó la deuda de una propiedad con el Serviu mediante el “trueque” de 93 obras de arte. Los trabajos nunca fueron entregados al Serviu y la Contraloría detectó irregularidades, aunque declaró el caso prescrito. Hoy, tras siete años, dicho caso vuelve a encenderse.
- Una transacción inusual saldó una millonaria deuda: La Fundación Salvador Allende (FSA) saldó una importante deuda con el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) Metropolitano, generada por la compra del Palacio Heiremans, mediante un “trueque” o “dación en pago” que consistió en la entrega de 93 obras de arte, tal como lo informó el jueves El Mostrador. Aunque la figura de “dación en pago” está permitida, fuentes consultadas coinciden en que no existen precedentes de una operación similar que involucre obras de arte en materia de vivienda.
- La deuda por la casona se arrastró por ocho años: La FSA adquirió el Palacio Heiremans en 2004 por 27.493 UF (equivalente a unos 464 millones de pesos de la época) y acordó pagarlo en 10 cuotas anuales. Sin embargo, la última cuota pagada por la fundación fue en diciembre de 2007, manteniendo la deuda impaga durante ocho años, lo que resultó en un monto acumulado de alrededor de 556 millones de pesos al momento del acuerdo con las obras de arte. Pese a una cláusula que facultaba al Serviu a pedir la resolución del contrato o su cumplimiento forzado, esta nunca se ejecutó.
- Las obras de arte nunca fueron entregadas físicamente al Serviu: A pesar de que las 93 obras de arte, donadas a la FSA en 2012 por el Museo Afro Brasil, fueron legalmente entregadas al Serviu como parte del pago, nunca abandonaron físicamente la Fundación Salvador Allende. El Serviu ratificó que las obras fueron puestas en depósito en la misma fundación con el fin de resguardarlas, dado que no tienen las dependencias adecuadas para su mantención o curaduría, y actualmente están realizando gestiones para su recepción física por una institución cultural.
- Se detectaron irregularidades en la tasación y el procedimiento de venta: Las obras fueron valoradas en US$826,000 por curadores de la FSA y en US$806,000 por el Museo de Bellas Artes, pero ambas tasaciones se realizaron a partir de fotografías y sin la entrega de certificados de autenticidad o donación, documentos considerados fundamentales en este tipo de transacciones por expertos en arte. Además, la Contraloría General de la República señaló que la aprobación de la venta directa del inmueble se hizo sin un decreto supremo firmado por el Ministerio de Hacienda, lo cual es requerido por ley para la venta directa sin subasta o propuesta pública.
- La Contraloría declaró el caso prescrito, pero nuevas vías jurídicas se abren: Aunque la Contraloría detectó irregularidades y declaró el caso prescrito en 2018 en el ámbito administrativo, abogados expertos en litigios inmobiliarios sugieren que la situación podría constituir un “vicio de nulidad de derecho público”. Este tipo de acción no tiene plazo de prescripción, lo que permitiría que el caso sea ejercido actualmente y podría llevar a la nulidad de la enajenación realizada.
- Contexto de negociaciones y financiamiento estatal: Fuentes consultadas indican que se buscaron soluciones “alternativas” para la deuda, ya que entrar en un litigio con la Fundación Allende no era “deseable” en aquel momento. La Fundación Salvador Allende y la Fundación Arte y Solidaridad (que administra el Museo de la Solidaridad), ambas ligadas a la familia del expresidente, reciben aportes del Estado a través de convenios, sumando $758.353.000 en subvenciones este año. Adicionalmente, la FSA cobra un arriendo al Museo de la Solidaridad por el inmueble en cuestión, que este año subió a 5 millones mensuales.
