Subsecretario Salas: “Hemos corregido la distorsión causada por la corrupción de la Ley Longueira”

A días de la votación en la Cámara de Diputados del proyecto de fraccionamiento de la pesca que salió de la Comisión Mixta, el subsecretario de Pesca, Julio Salas, defiende el proyecto de ley que redefine la distribución de captura de 23 pesquerías, con especial énfasis en la redistribución de la sardina y la anchoveta en el Norte Grande. 

Para Salas, la corrección distributiva de esos recursos (sardina y anchoveta) constituye el corazón del proyecto, ya que corrige la principal distorsión de la llamada “Ley Longueira”, que benefició injustificadamente al sector industrial, en particular a la empresa Corpesca, mediante actos de corrupción ya acreditados judicialmente. La nueva legislación, apunta el subsecretario, revierte esta lógica con un cambio radical: las cuotas pasarán de estar en un 85% en manos del sector industrial a un 85% a favor de los pescadores artesanales.

Aunque en las últimas semanas la atención se ha concentrado en la controversia por la merluza, el subsecretario advierte que ese debate no puede opacar el corazón del proyecto, que busca reparar una distribución histórica injusta y avanzar hacia un modelo más equitativo, transparente y sustentable. Además, destaca que la reforma implica un traspaso neto de recursos desde la industria a los pescadores artesanales del orden de USD 160 millones, lo que ha despertado resistencias y anticipado estrategias judicialización por parte de ciertos actores industriales.

—Subsecretario, ¿cómo llega el Ejecutivo el próximo martes a la Cámara de Diputados, donde se votará el proyecto de fraccionamiento de pesca que salió de la Comisión Mixta? Hasta ahora, los trámites han pasado con amplias mayorías, pero en las últimas semanas ha llovido incluso fuego amigo por uno de los recursos pesqueros.

—Primero, hay que entender que este es un proyecto complejo, porque toca intereses muy concretos. Se trata de un proyecto que lo que hace es definir la distribución que le va a corresponder al sector artesanal y al sector industrial en 23 recursos pesqueros. Nosotros esperamos repetir en la votación en el Congreso las amplias mayorías que hemos tenido en la tramitación global del proyecto. En primer trámite, este proyecto se aprobó con 111 votos a favor; en segundo trámite (Senado), se aprobó con 40 votos a favor y uno en contra, y en tercer trámite (Cámara), se aprobó con 136 votos a favor. El informe de la Mixta, en muchas de esas votaciones, tuvo unanimidad, y en algunas tuvo mayoría. La más baja fue de siete votos a favor y uno en contra.

Pero más importante aún es señalar que lo que se vota el próximo martes es el proyecto en su conjunto. Lo que va a llegar de la Mixta es un informe que incluye cinco normas y el pronunciamiento respecto de tres pesquerías muy sustantivas: la sardina, la anchoveta y la merluza.

—¿La importancia del pronunciamiento sobre estos recursos tiene que ver también con que se logra una mejor distribución, precisamente en aquellas pesquerías que se vieron comprometidas con actos de corrupción que dieron origen a la Ley Longueira?

—Correcto. Y en esto hay que ser muy claro. Sin lugar a dudas, lo más importante de la Ley de Fraccionamiento es la redistribución de la sardina y la anchoveta en el norte grande, que fue la distribución afectada por la corrupción y el cohecho de los parlamentarios Marta Isasi y Jaime Orpis, lo que significó el crecimiento completamente injustificado de una sola empresa: Corpesca.

La distribución que se generó entonces no tiene ninguna justificación. Estaba asignado más del 80% al sector industrial y ahora hay una distribución inversa. La sardina y la anchoveta tenían alrededor de un 85% asignado al sector industrial y un 15% al sector artesanal. Ahora, el sector artesanal va a partir con un 55% de asignación, hasta llegar a un 85%. ¿Por qué? Porque este recurso se encuentra dentro de la zona exclusiva de la pesca artesanal, la llamada ARPA, y por lo tanto tiene que ser mayoritariamente entregado a los artesanales. Por eso es una distribución justa.

—De la distribución de las 23 pesquerías que favorece al sector artesanal, ¿la sardina y la anchoveta son el corazón del proyecto?

—Cabe recordar que en cada una de las 23 pesquerías se corrigió inequidad, y en todas ellas se aumentó la cuota de captura de la pesca artesanal. Pero, por el nivel de desigualdad que había en los recursos del norte grande, podríamos decir que la distribución de la sardina y la anchoveta es el corazón del corazón del proyecto, porque lo que se quiere modificar está relacionado directamente con la mala distribución y la corrupción que generó la ley.

—Y si ese es el corazón, que es donde se invierte la mayor desigualdad que existía entre la pesca industrial y la artesanal, ¿por qué la controversia que ha provocado ruido estas últimas semanas se concentró en la merluza?

—Nosotros entendemos que quienes están preocupados de desarrollar la actividad pesquera de la merluza, particularmente en el sector artesanal, puedan haber tenido expectativas mayores.

En el caso de la merluza, tenemos coincidencia respecto de cuál es el fraccionamiento al que se aspira a llegar y que establece la norma: 50% artesanal, 50% industrial. Donde tenemos una diferencia es en cómo vamos a llegar a ese porcentaje establecido en la norma. En este caso, hay una gradualidad a partir del 45% artesanal. Lo que observamos es que, efectivamente, hay una diferencia, pero esa diferencia es de magnitud, y creemos que procedimentalmente podemos resolverla para que finalmente tengamos una pesquería más sana que permita llegar a la distribución del 50% que aspira el sector artesanal.

—En la merluza estamos hablando de una corrección del 5%, pero como mencionó hace un momento, en el caso de los recursos del norte la diferencia a favor de la pesca artesanal es del 70%. Al sumar y restar, la controversia parece estar concentrada en donde hay menor impacto…

—Al pescador artesanal que tiene la expectativa de crecer más, le da lo mismo lo que pasa en las otras pesquerías porque él desarrolla esa, y eso está bien, es evidente que sea así. Ahora, si lo vemos en un orden de magnitud global, efectivamente son números menores, que rondan entre los 3.000 millones y 1.700 millones, y eso se explica por la magnitud del recurso. Antes estaban distribuidos 60–40, y ahora parte en 45% para llegar al 50–50%.

Entonces, claro, pueden sentir que en el recurso, en una región, se podrían haber alcanzado mejores números, pero la verdad es que en la suma y la resta, el crecimiento de la pesca artesanal es tremendamente significativo.

—Aun siendo comparativamente menor el impacto en la merluza, ¿existe preocupación de que la controversia sobre este recurso pueda sobredimensionarse en la Cámara hasta afectar el corazón del proyecto?

—Es una preocupación que efectivamente tenemos como Ejecutivo, en el sentido de que, a veces, cuando nos concentramos en un árbol no vemos el bosque. Y en este caso hay que tomar distancia, ver qué significa este proyecto en términos de transparencia y distribución equitativa, ver que efectivamente cumplimos con un compromiso. ¿Y cuál es este? Que no hay ninguna actividad en que el sector artesanal desarrolle efectivamente actividad pesquera en que no se esté produciendo un crecimiento del sector. Y el crecimiento se está generando en función —o en proporción— al nivel de inequidad que existía en la actual distribución.

Por supuesto, en algunos casos, la expectativa de cada uno de los actores siempre puede ser mayor, pero es muy importante que tengamos a la vista que aquí todo el sector artesanal crece, y las correcciones a los problemas de transparencia en la asignación, que fueron asociadas a la Ley Longueira, a mi juicio, están debidamente abordadas, especialmente con lo que va a votar la Comisión Mixta el día martes.

—Precisamente en términos de transparencia, ¿en qué se diferencia la actual discusión de la que se generó en la “Ley Longueira”?

—Yo creo que lo más significativo, sin duda, ha sido la transparencia en la conversación. Por primera vez hemos podido discutir recurso a recurso y territorio a territorio cuál es la distribución que se requiere. En la Ley Longueira lo que ocurrió fue que existieron mesas de trabajo fuera del Parlamento, donde no había cámaras de televisión, ni tampoco ningún tipo de registro de esas conversaciones preliminares. Finalmente se generaba un acuerdo, y ese acuerdo se visaba en la discusión parlamentaria, sin discutir las características de pesquería a pesquería y de territorio a territorio. Lo que se hacía era comprar un paquete —por decirlo así— en la discusión parlamentaria, y fue lo que terminó con el cohecho de doña Marta Isasi y del senador Orpis.

En este caso, lo que ha ocurrido es que uno puede ver el registro de todo el debate legislativo: las expectativas con que llegaron los actores que estuvieron presentes, que plantearon sus puntos de vista, y también los planteamientos que registraron los parlamentarios. A mí me parece que, desde el punto de vista de la contabilidad ciudadana, eso es muy importante, no solo para el rol del Ejecutivo, sino porque se puede visualizar qué puntos de vista defendió cada uno de los parlamentarios respecto de las expectativas que habían planteado los actores.

—Si tomamos el proyecto desde los grandes números, ¿de qué orden de magnitud estamos hablando? ¿A cuánto asciende la diferencia de la distribución que favorece a los pescadores artesanales?

—Aquí quiero tomar palabras del propio gremio industrial. La Sociedad Nacional de Pesca estima que la redistribución de recursos desde el sector industrial al sector artesanal asciende a USD 160 millones. Yo no voy a cuestionar ese número. Esa es la envergadura de este traspaso neto de recursos desde el sector industrial al sector artesanal. Estos 160 millones se dividen en 23 recursos pesqueros distintos, en territorios distintos. Ahora, la verdad es que de esa cantidad de millones, USD 50 millones se explican por la distribución de la sardina y la anchoveta, otros 50 millones por la distribución del jurel, y el resto se distribuye entre las 23 pesquerías restantes. Entonces, es muy importante visualizar dónde está el foco de la distribución: donde estaba la inequidad más radical.

—¿Será por este volumen de dinero en juego que cierto sector de la industria ha anticipado que buscará revisar la constitucionalidad del proyecto enviándolo al TC?

—Yo creo que, a lo largo de la conversación, hemos observado que esto es una discusión de intereses muy ruda. Efectivamente, lo que hay en juego es el acceso a recursos, y por lo tanto, no tengo dudas de que el actor de la industria va a hacer el esfuerzo por tratar de buscar una interpretación que le permita defender su punto inicial. Quiero enfatizar esto porque, a veces, la ciudadanía no necesariamente lo entiende. Cuando decimos que hay una distribución iniquitativa, queremos decir que, al momento de asignar los recursos cada año, desde que se aprobó la Ley Longueira en 2013, la autoridad obligatoriamente tenía que asignar las cuotas de recursos en función de esa distribución iniquitativa.

Es decir, cada año se registraban estos $150.000 millones o $160.000 millones de crecimiento del sector industrial en función de una distribución que no tenía que ver con la equidad que estamos definiendo hoy. Entonces, obviamente, eso justifica que el actor de la industria busque argumentos para su cuestionamiento. Sin embargo, creemos que es muy robusta la argumentación del Ejecutivo en esta materia y nos entrega mucha solidez un informe en derecho que hizo el profesor Gonzalo García, exmiembro del Tribunal Constitucional, que entrega todos los argumentos para explicar por qué esta es una norma totalmente constitucional.

—De lograr votaciones exitosas en ambas cámaras, ¿estamos hablando de una redistribución de recursos tan significativa como la del royalty minero?

—Yo ese tipo de afirmaciones prefiero que las plantee el ministro de Economía. Pero efectivamente esta es una redistribución neta de recursos que, a mi juicio, debiera calificar dentro del top 3 de las redistribuciones que vamos a realizar durante la actual administración. No estoy diciendo que esto signifique el top 3 de las normas legislativas del Ejecutivo, porque hay otras muy importantes, como por ejemplo la reforma previsional, que probablemente es la más emblemática dentro del Ejecutivo. Pero, desde el punto de vista de la redistribución neta de recursos de un actor a otro, me parece que sí califica en esa envergadura.