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Foto: AgenciaUNO
Juez árbitro e hijo de ministro de la Corte Suprema zafa de causa por cohecho y prevaricación
Fiscalía cerró la investigación por cohecho y prevaricación contra el juez Manuel Valderrama Escobar, defendido por el actual fiscal nacional Ángel Valencia. La causa también beneficia a Juan Cristi, representado por el exfiscal Manuel Guerra. Valderrama si será formalizado por delitos tributarios.
En una resolución que pone término a una compleja investigación judicial con múltiples ramificaciones, el Ministerio Público resolvió no perseverar en la investigación penal por los delitos de cohecho y prevaricación judicial en contra del juez árbitro Manuel Valderrama Escobar, hijo del ministro de la Corte Suprema del mismo nombre.
Según informó Ciper, la decisión también favorece a Juan Cristi, representante legal de la Minera Santa Laura, empresa que resultó beneficiada en una cuestionada partición de herencia.
De acuerdo al citado medio, pese al cierre de la indagatoria por corrupción, el fiscal Felipe Sepúlveda, jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, comunicó a las partes que Valderrama será formalizado por delito tributario, por no declarar ante el SII ingresos que superan los $229 millones, derivados de su actuación como juez partidor.
La resolución del Ministerio Público pone fin a una compleja causa que involucró a influyentes abogados y exfiscales, entre ellos el actual fiscal nacional Ángel Valencia, quien fue parte de la defensa de Valderrama. El caso estuvo marcado por maniobras legales para cambiar al fiscal a cargo, acusaciones cruzadas de conflictos de interés y múltiples antecedentes financieros no registrados en el expediente judicial.
Origen de la causa: la herencia Padilla
El caso comenzó en agosto de 2015, cuando Pamela Padilla Arellano cedió a la Minera Santa Laura Limitada sus derechos en una comunidad hereditaria, formada junto a sus hermanos Pablo, Rubén, Carolina y Eliana. La minera, representada por Juan Cristi, interpuso una demanda solicitando la liquidación de la comunidad hereditaria y la designación de un juez árbitro.
Las propiedades en disputa incluían:
- Un predio en Camino Lonquén, San Bernardo.
- Un departamento en Quinta Normal.
El 25° Juzgado Civil de Santiago designó como juez árbitro al abogado Manuel Valderrama Escobar el 12 de noviembre de 2015. En enero de 2016 se fijaron las bases arbitrales. El primer remate, suspendido por impugnaciones, fue seguido por una nueva subasta realizada el 29 de marzo de 2017, en condiciones que levantaron fuertes cuestionamientos: ese día, los hermanos Padilla estaban detenidos tras un altercado en la oficina del juez y no pudieron asistir.
Ese mismo día, Minera Santa Laura se adjudicó los inmuebles por UF 86.767, equivalentes a $2.296 millones. Meses después, el laudo arbitral fue anulado por el Pleno de la Corte de Apelaciones, y las nuevas subastas realizadas en 2019 alcanzaron los $3.821 millones, más de $1.500 millones por sobre lo obtenido en el proceso anterior.
Pagos al juez Valderrama
Durante la investigación, el primer fiscal a cargo de la investigación, Marcelo Carrasco, detectó pagos que no fueron registrados en el expediente judicial:
- $10 millones entregados el 23 de diciembre de 2015, antes del primer comparendo.
- $19 millones el 31 de marzo de 2016, antes de la fijación de las bases de remate.
- $15 millones el 7 de febrero de 2017, antes de la reanudación del juicio arbitral.
Los pagos sumaban $44 millones y fueron depositados en cuentas personales del juez en los bancos Santander y Security. Posteriormente, el 8 de abril de 2016, Valderrama emitió una boleta de honorarios por $32,2 millones, dirigida a la minera. Dicha boleta tampoco fue incorporada al expediente.
Las investigaciones revelaron también que el día del remate, el 29 de marzo de 2017, Valderrama ya había enviado a una notaría dos escrituras de partición antes de que la subasta se realizara. Además, el pago del saldo del precio se habría hecho el 30 de marzo, un día después del remate, aunque el acta arbitral dice que se pagó el mismo día.
El juez mantuvo el dinero en su cuenta durante casi cuatro meses, hasta que el 25 de julio de 2017 transfirió $2.043 millones al juzgado. La diferencia entre lo recibido y lo transferido, sumada a los intereses obtenidos, suma $36 millones, diferencia que no fue explicada ni registrada como adelanto de honorarios.
Maniobras para cambiar al fiscal a cargo
La investigación inicial estuvo a cargo del fiscal de la Fiscalía Centro Norte, Marcelo Carrasco. En junio de 2024, los abogados de Valderrama solicitaron la inhabilitación del fiscal regional Xavier Armendáriz, superior de Carrasco. Lo mismo hizo Manuel Guerra, exfiscal regional y actual defensor de Cristi, alegando un conflicto de interés de Armendáriz por haber trabajado en 2015 con uno de los abogados de la minera.
El fiscal nacional Ángel Valencia, al haber sido defensor de Valderrama, se inhabilitó, y la decisión fue tomada por el fiscal nacional subrogante, Héctor Barros, quien trasladó la causa a la Fiscalía Oriente, argumentando razones de objetividad y buen servicio.
La jefa de la Fiscalía Oriente, Lorena Parra, designó como nuevo fiscal a Felipe Sepúlveda, quien actualmente investiga el caso Hermosilla —donde se indagan coimas a funcionarios del SII y la CMF— . Sepúlveda decidió no formalizar por corrupción, considerando que se requería un estudio más detallado de los antecedentes. A un año de su nombramiento, comunicó la decisión de no perseverar en los cargos de cohecho y prevaricación.
Vínculos entre fiscales y defensas
El exfiscal Manuel Guerra, quien representa a Cristi, declaró ante el Ministerio Público en el marco del caso Hermosilla que mantiene una relación de confianza con Felipe Sepúlveda, y que incluso recibió de él información confidencial sobre la investigación al exalcalde Raúl Torrealba.
La causa de Valderrama fue una de las primeras en quedar bajo supervisión de Sepúlveda tras el traspaso de la investigación a la Fiscalía Oriente. También participaron en la defensa del juez Juan Carlos Manríquez, Luis Masferrer (exdirector de la ANI) y Samuel Donoso, todos abogados de alto perfil.
Arista tributaria: la única acusación vigente
La única imputación vigente contra Valderrama es por delito tributario, según el artículo 97 N°4 del Código Tributario. El Ministerio Público sostiene que el juez no declaró al SII los $229 millones recibidos como honorarios en 2017, y omitió estos ingresos en su Formulario N°22 del año tributario 2018.
El perjuicio fiscal fue estimado en $118.545.696, sin incluir recargos ni multas. La Fiscalía evalúa ofrecer una suspensión condicional del procedimiento a cambio del pago de los tributos adeudados.
Felipe Sepúlveda no entregó declaraciones a Ciper sobre los motivos específicos que llevaron a cerrar la investigación penal. La resolución significa el cierre de una de las causas más sensibles para el Ministerio Público en el último tiempo, tanto por los hechos imputados como por los vínculos entre los intervinientes y el alto mando fiscal.
