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Foto: AgenciaUNO
A ley creación de Servicio de Auditoría Interna con alcance total: FFAA también serán fiscalizadas
La nueva institucionalidad, parte de la agenda de probidad, fiscalizará a todos los organismos del Estado, incluyendo a las Fuerzas Armadas y de Orden, en un contexto marcado por denuncias de corrupción y narcotráfico al interior de dichas instituciones.
En condiciones de ser promulgado como ley quedó el proyecto de ley que crea el Servicio de Auditoría Interna (SAI) del Gobierno. Esto, luego que el Senado aprobara el informe de la Comisión Mixta conformada para zanjar las discrepancias en la tramitación.
Con 30 votos a favor y una abstención, senadoras y senadores apoyaron que dicha instancia ejerza su accionar sobre todos los organismos del Estado, incluyendo a las Fuerzas Armadas y de Orden, dado que en su debate se había eliminado a este personal. Esto último, en medio de una preocupante infiltración del crimen organizado y casos de narcotráfico en instituciones armadas y de seguridad.
Ahora el texto que busca agregar valor y fortalecer los procesos de gestión de riesgos, de control interno y de gobernanza de los órganos de la Administración del Estado, vuelve a su Cámara de origen, la que lo remitirá al Ejecutivo para su promulgación.
En la Sala, la presidenta de la Comisión Mixta, la senadora Ximena Rincón (D), informó la propuesta originada en mensaje, indicando que forma parte de la agenda de probidad. “El proyecto fortalece el actual consejo de auditoría interna que está en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) transformándolo en un servicio legal y permanente (…). La controversia se generó porque se excluía de su ámbito de aplicación a las FF.AA. y de Orden”, aclaró.
La legisladora también apuntó a la necesidad de realizar el debido control preventivo, dado que “siempre es posible que alguna institución u organismo caiga en prácticas que atenten contra la probidad”. Siguiendo con los acuerdos, la congresista agregó que “también acordamos crear el cargo de Auditor Interno de Gobierno y que las instituciones excluidas de esta ley puedan suscribir convenios con el SAI”.
En el debate intervino la senadora Yasna Provoste (DC), quien aseguró que “hoy más que nunca es indispensable contar con este servicio, dados los casos de corrupción que se han conocido en las Fuerzas Armadas, en particular el tráfico de ketamina por parte de personal de la Fuerza Aérea”.
“Estos hechos indican que el Estado no puede estar debilitado y debe tener los debidos sistemas de control. Hablamos de un control preventivo que se realizará en todos los servicios públicos en el marco de la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico”, insistió.
Luego de la votación, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, agradeció la aprobación, aclarando que “el Servicio de Auditoría Interna complementará el que ya realiza la Contraloría. Lo que hacemos es darle un rango legal al programa presupuestario que ya existía en el ministerio, no se crea una nueva institucionalidad. La idea es detectar irregularidades en el Estado”.
Por crimen organizado en las FF.AA. oposición pide convocar al Cosena
El diputado por Antofagasta, José Miguel Castro (RN), junto a los parlamentarios Miguel Mellado (RN), Henry Leal (UDI), Joanna Pérez (Demócratas) y Cristian Labbé (Libertarios), solicitó formalmente al Presidente Gabriel Boric que convoque al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), ante los recientes y alarmantes antecedentes que vinculan a funcionarios de las Fuerzas Armadas y de órganos de la administración el Estado con organizaciones criminales transnacionales.
La solicitud, basada en lo dispuesto en el artículo 107 de la Constitución, surge tras las investigaciones que revelaron la participación de uniformados del Ejército y la Fuerza Aérea en el tráfico de drogas, hechos que –a juicio de los firmantes– constituyen una grave amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, los casos conocidos no se limitan exclusivamente al ámbito castrense. En los últimos meses se han publicado antecedentes sobre la participación de funcionarios de diversas reparticiones públicas en redes vinculadas al crimen organizado.
En junio recién pasado, se informó que cinco funcionarios públicos fueron detenidos en la ciudad de Chillán, Región de Ñuble, por detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Chillán, tras ser acusados de que en lugar de destruir la droga que recibían de instituciones policiales, la almacenaban y comercializaban ilegalmente.
El oficio remitido a La Moneda advierte que la infiltración de redes criminales en unidades militares ubicadas en zonas estratégicas representa un riesgo que exige una respuesta institucional de alto nivel, incluyendo una actualización del sistema de inteligencia y medidas urgentes de contrainteligencia.
Al respecto, el diputado Castro sostuvo: “Más allá de quién lidera la investigación, lo verdaderamente urgente es comprender que estamos frente a hechos que atentan directamente contra la seguridad del Estado. La infiltración del crimen organizado transnacional en las Fuerzas Armadas y en otros poderes del Estado, no es solo un problema policial, es una amenaza real para la seguridad nacional”.
Y agregó: “Por eso solicitamos que se convoque al Consejo de Seguridad Nacional, donde las máximas autoridades del país puedan evaluar y coordinar medidas para frenar un fenómeno que, de no abordarse con decisión, puede desestabilizar profundamente a Chile. Más allá de mi carácter de presidente, no me puedo inhibir de las facultades que me competen como parlamentario y representante de la Región de Antofagasta, que ha sido gravemente golpeada por el crimen organizado transnacional”.
