Por qué pelean los herederos

Heredar, para la mayoría, puede ser una bendición. Para otros, el comienzo del fin de la unión familiar. Por egos, por la preferencia en vida del padre por un hijo o hija, porque privilegió a los hombres por sobre las mujeres y les dejó más acciones, porque el que manejó los negocios siente que tiene un mejor derecho. Incluso cuando el patrimonio se separa sin recurrir a juicios ni arbitrajes, a veces quedan heridas y hay hermanos que dejan de hablarse.

Si llegan a los tribunales, el asunto puede convertirse en una guerra civil fratricida. Buscan a los mejores litigantes, que parten por pedir la exhibición de documentos en contra de uno o más hermanos, para después demandar o ir a un arbitraje. Y tienen penalistas en caso de que suba la temperatura, para que les preparen informes sobre posibles acciones penales a seguir.

“En primer lugar, se trata de familias y, por lo tanto, de un grupo que tiene una dinámica histórica, emocional, en la que el afecto y el poder juegan un papel a lo largo de décadas. Cada uno de los hijos, incluso la madre, tiene una posición dentro del mundo interno del padre de manera que, a veces, no solo se trata de la cantidad de plata, sino de un objeto que era muy querido por el padre”, plantea el psiquiatra León Cohen, miembro de la Asociación Psicoanalítica de Santiago.

“He visto gente pelear con la misma intensidad por millones de dólares que por un cuadro. Es un tema de poder, del historial juntos, de problemas no solucionados y de terceros –maridos y señoras– que azuzan por detrás”, relata un abogado con gran experiencia en estas lides.

Hay situaciones extremas: las profundas diferencias entre el dueño de la Exportadora Aconex y su hijo y gerente general terminaron con la empresa quebrada en 2011.

Nueve años y más de 30 demandas y querellas cruzadas acumulan los hermanos Segundo y Jonás Gómez Pacheco, quienes junto a su padre, el empresario y exdiputado radical Jonás Gómez Gallo, forjaron una fortuna avaluada hoy en unos US$ 2.000 millones, que tiene como principal activo la Minera Carola –la más grande de la mediana minería en Chile (que le vende su producción a Codelco)–, unas 300 propiedades de Arica a Punta Arenas, otra docena en España y el 10% de la Clínica Las Condes. Lo que partió por una querella por lesiones de un hermano contra el otro y un arbitraje –el segundo árbitro está querellado por cohecho– para liquidar las sociedades matrices, se transformó en una batalla campal, sin luces de un acuerdo.

Cada vez son más las disputas entre herederos y con mayor notoriedad, ya sea porque entran asesores comunicacionales que hacen público el conflicto como una vía para forzar una solución para su cliente o porque algunos abogados sienten que es un plus aparecer en los medios.

Entran los abogados

Aunque los herederos se pongan de acuerdo en la visión, cuando la llevan al papel entran los abogados. Su tarea es estratégica: deben valorizar los bienes, las contingencias tributarias, convenir un pacto de accionistas. Y enfriar los ánimos.

En las divisiones “amistosas”, que nunca lo son tanto, los asesores legales cobran un monto fijo –entre dos mil y cinco mil UF– y un honorario contra éxito que se mueve, por lo general, entre un 2% y 5% de lo obtenido por su cliente.

Si hay demandas y querellas cobran a todo evento, gane o pierda la parte defendida, más un porcentaje que puede oscilar entre un 5% o 10% si su cliente gana.

“Se ejercen todas las acciones necesarias, pero la judicialización no pretende terminar en una sentencia. Muchas veces es una medida de presión para obtener un resultado más rápido”, explica un abogado con experiencia en estas lides.

Los estudios que participan en estos conflictos son GWJA, con sus socios Pedro Pablo Gutiérrez y Juan Francisco Asenjo; Claro & Cia., con José María y Cristóbal Eyzaguirre y Nicolás Luco; Jorge Bofill ,de Bofill Escobar Silva; Fernando Barros, de Barros & Errázuriz; Álvaro Ortúzar, de Ortúzar Vergara Boetsch; José Clemente Coz, de Coz Vial & Blavi, Clyde & Co (ex Grasty Quintana Majlis).

Aquí, algunos de los casos emblemáticos.

Ripley: hermana versus hermanos

Fue doloroso para los padres –Alberto Calderón Crispín y Patricia Volochinsky–, quienes intentaron detener a Verónica, su única hija, mediante WhatsApp y cartas, para que no siguiera adelante con la medida prejudicial que presentó en 2018 en contra de sus hermanos Andrés, Lázaro y Michel, por haber disminuido su participación en Ripley de un 13,25% a un 7,9%, tras un aumento de capital, mientras que la de cada uno de los hermanos aumentó a un 15,03%.

Los progenitores, según Capital, les plantearon que sus hermanos hicieron crecer la empresa y, por tanto, merecían una mayor participación. Verónica contrató al abogado Juan Pablo Hermosilla; sus hermanos, al litigante Pedro Pablo Gutiérrez (GWJA) y contactaron al penalista Jorge Bofill, por si el asunto escalaba.

Ella contó en el escrito que las mujeres debían hacerse cargo de la familia y, los hombres, de los negocios. Se hicieron públicos detalles de lado y lado como, por ejemplo, que Verónica no tenía casa propia después de regresar de Manhattan y que sus hermanos le dieron evasivas cuando consultó por su patrimonio.

Al cabo de tres meses, lograron una salida amistosa tras la mediación de Sergio Hidalgo, un exalto ejecutivo de Ripley y entonces director de varias filiales.

Pese al acuerdo de confidencialidad, DF publicó que ella recibiría un pago de US$ 20 millones y una participación directa del 7,37% de la compañía. El proceso demoró más de un año en materializarse, quedando Verónica con un 7,17% de Ripley, pero fuera del grupo controlador que integran sus tres hermanos.

Patriarcas Calderón a un arbitraje

Hubo un precedente entre los fundadores de Ripley. En 2010, Marcelo Calderón Crispín recurrió a un arbitraje en contra de su hermano Alberto.

Obligado a inyectar recursos a su endeudada empresa Johnson’s, Marcelo había vendido un 20% de Ripley a Álvaro Saieh, con lo cual bajó a un 12,5% de la propiedad. La operación preocupó a la rama de Alberto, ya que siempre había controlado Ripley con su hermano, por lo que tomó medidas. Logró, en la junta de accionistas, aumentar el número de directores en la multitienda de 9 a 11, incumpliendo –según su hermano Marcelo– el pacto de accionistas, al dejarlo sin representación en el directorio. Alberto había designado a 8 de los 11 representantes en la mesa.

Al año siguiente, en 2011, ingresaron dos directores de la rama de Marcelo: su hija Débora y Felipe Morandé, lo que en principio acercó a las partes, pero no fue definitivo, porque ese año Marcelo vendió el 86% de Johnson’s a Cencosud, competidor directo de Ripley, a través de Paris, y mantuvo un 14%.

Pasaron dos años hasta poner fin a las diferencias, lo que ocurrió cuando Marcelo vendió a Cencosud lo que le quedaba en Johnson’s. Alberto  fue asesorado por Cariola Díez Pérez-Cotapos; Marcelo, por la oficina Philippi (hoy PPU). En 2018, las tres hijas de Marcelo Calderón (fallecido en 2015) vendieron parte de sus acciones, quedando con un 7%.

Los Briones: uno por aquí, otro por allá

Fue una separación sin juicios ni arbitrajes, lo que no quiere decir que todos los hermanos sigan siendo amigos. En 2007, dos años después de la muerte del patriarca Hernán Briones Gorostiaga, se produjo la primera división: Felipe vendió su sexta parte de Invesa, el holding de los negocios familiares, a sus cuatro hermanos, y su madre recibió US$ 45 millones y quedó como dueña de la salmonera Yadrán.

Cinco años más tarde, vino la segunda. Anita y Loreto Briones Goich separaron aguas con sus hermanos Hernán y Pablo y su madre. Ellas abandonaron el holding Invesa, que tenía un gran activo –Indura, el mayor productor latinoamericano de gases industriales y medicinales– y otros dos más chicos. A cambio, recibieron efectivo y subieron su participación en Cementos Bío Bío, quedando con un 19,9%, mientras Hernán, Pablo y su madre bajaron de 45,45% a 26,4%.

Fue la fórmula para resolver diferentes visiones: las hermanas eran partidarias de aceptar ofertas y vender Indura; Hernán, no.

No pasó un año desde la salida de ellas de la propiedad de Indura –al abandonar el holding familiar– y el hermano mayor, que seguía en la propiedad junto a Pablo y la madre, aceptó una oferta por US$ 620 millones de Air Products por el 51,77% de Indura.

En 2015, salieron de Indura al ejercer la opción de venta por el 31% a Air Products, en un precio no revelado.

En Cementos Bío Bío hubo más movimientos: Hernán y Pablo subieron su participación al 39,5% en 2017, al comprar el 13% de la firma brasileña Votorantim. En 2020, las hermanas vendieron en US$45 millones su 19,7% a los peruanos del grupo Gloria, a los que se les pusieron ciertos límites para acceder a información estratégica.

Actualmente, Hernán y Pablo Briones controlan, en partes iguales, Cementos Bío Bío con un 43,88%. Su madre falleció en 2022.

La división de los siete Del Río

Familia extensa, de siete hermanos, la división no fue inmediatamente después de la muerte del padre José del Río Rondanelli, ocurrida en 2003. Pasaron casi seis años para que los Del Río Goudie separaran aguas y decidieran seguir juntos solo en Falabella, el corazón del patrimonio familiar.

Para hacer la partición usaron el mecanismo de intercambio de sobres, bastante común en el mundo de los negocios, en el que cada parte ofrece lo que cree que vale una empresa y gana la de mayor valor.

La rama compuesta por Juan Pablo, Felipe y Carolina hizo la mejor oferta por Derco. José Luis, el mayor, subió su participación del 50% al 70% en la pesquera y salmonera Friosur.

Ignacio, el séptimo, dueño San José Farms, productora y exportadora de paltas, cítricos y arándanos, con operaciones en seis países, no eligió ninguna alianza.

Como debían equilibrar el patrimonio con el que quedaba cada uno, porque no todo valía lo mismo, acordaron vender un 2,1% de Falabella, recaudaron cerca de US$ 237 millones y compensaron las diferencias.

En 2022, la rama de Juan Pablo, Felipe y Carolina vendió Derco –la mayor distribuidora automotriz multimarca de Latinoamérica– a la inglesa Inchcape, que pagó US$ 730 millones en efectivo más un 9,3% de Inchcape, lo que les dio derecho a sentar a Juan Pablo del Río en el directorio de esta.

Las Hites contra los Hites

Es otro caso en el que las hijas se sintieron marginadas, ya que en Niágara, la sociedad familiar que controla el 30,9% de Hites, Claudia y Mónica Hites Moscovich tenían cerca de 5% y sus hermanos el 95% restante. Ellas, además, no podían elegir directores en Niágara ni tampoco en la Inmobiliaria Nialem, propietaria de 75 mil m2 arrendables, la mayoría en el centro de Santiago.

En 2018 presentaron una demanda para solicitar la disolución de Niágara ante el árbitro Pedro García. Sus hermanos Jaime Hites Weber, nacido del primer matrimonio de Isaac Hites Averbuck, y Andrés Hites Moscovich (52), reaccionaron y pidieron otro arbitraje, que recayó también en García.

Ellas fueron asesoradas por Jorge Meneses, de Grasty, Quintana & Majlis (hoy Clyde & Co); ellos, por Pedro Pablo Gutiérrez y Juan Francisco Asenjo, de GWJA.

El problema venía desde 2009, cuando el padre decidió transferir en vida su participación en Niágara a sus cuatro hijos, pero aunque los porcentajes eran equitativos, se crearon dos series de acciones: la A, de los hermanos, que elegía a la totalidad del directorio, y la B, de las hermanas, sin derecho a representación. Y más importante aún, por distintos actos, como aumentos de capital, ellas vieron notablemente diluida su participación.

Fue una batalla sin cuartel: hubo siete demandas cruzadas en los tribunales más los arbitrajes en manos de García. Los hermanos solicitaron que sus hermanas fueran desalojadas de sus casas, alegando que las adquirieron por medio de préstamos que les entregó el patriarca de la familia, cuyos dineros –según ellos– no fueron restituidos. Ellas pidieron declarar la interdicción del padre, cuyas aptitudes físicas y cognitivas se habían deteriorado y estaba al cuidado de enfermeras.

Las hermanas y los hermanos dejaron de hablarse, lo que se mantiene hasta el día de hoy.

En julio de 2020, las partes acordaron poner fin a la disputa. Y el acuerdo, con cláusulas de confidencialidad, involucró una compensación económica a las hermanas, que en Niágara –la sociedad de la discordia– aumentaran su participación y que los cuatro hermanos fueran representados por directores profesionales.

Al igual que en Ripley, no fue el primer quiebre. En 2001, la pelea de los fundadores Alex e Isaac Hites Averbuck fue de tal envergadura que pusieron la cadena a la venta. La disputa fue por el entonces gerente general de Hites: Patricio Ulloa, quien alcanzó tanto poder que, en 1999, los embarcó en la creación del diario El Metropolitano, que los hizo perder US$ 8 millones, según Ulloa, aunque en la industria de medios el cálculo fue de US$ 14 millones.

Hubo una oferta por Hites por debajo del valor que esperaban, por lo que al final Alex e Issac siguieron con el negocio, aunque el vínculo fraternal nunca volvió a ser el mismo.

La otra rama de los Hites

Tras la muerte de Alex Hites Averbuck, el otro fundador, su hija Pamela se sintió muy perjudicada en 2021. En su testamento le dejó el 12,5% de sus bienes y un 62,5% a su hermano Marcos, ya que dispuso que la cuarta de mejoras y la cuarta de libre disposición fueran para su hijo como un “reconocimiento a su determinante contribución que hiciera a lo largo de los años para la formación e incremento de mi patrimonio”, según publicó DF MAS. Cuando falleció la madre, cada uno recibió un 12,5% más.

Pamela contrató al abogado Juan Pablo Hermosilla, quien pidió la exhibición de documentos y presentó una demanda por indemnización.

Pese a que los hermanos llegaron a un acuerdo en 2023, mediante el cual ella recibiría derechos en distintas sociedades por US$ 27,4 millones, el asunto no terminó ahí.

El año pasado Pamela contrató al litigante Jorge Munro, de Munro & Cia., y recurrió al árbitro Enrique Barros, como establecía una de las cláusulas en caso de controversias, para pedir la nulidad de la transacción. Marcos es defendido por Nicolás Luco, de Claro & Cia.

Ella alegó que el valor real de lo percibido por los derechos en las sociedades fue de US$ 4 millones, que hubo engaño, ya que no se hizo un due diligence y que, lejos de mejorar su situación, quedó con una deuda de unos $ 5 mil millones entre los honorarios del abogado Hermosilla, pagos del impuesto a la herencia y a su hermano.

Pamela fue demandada, en marzo de 2024, por su antiguo asesor Juan Pablo Hermosilla, por el no pago de honorarios que ascienden a $1.970 millones. Cuando él intentó cobrar, le planteó a su clienta que la gestión resultó tremendamente exitosa, que “el encargo fue tomado por nosotros con honorarios solo a resultado” y que el tiempo y trabajo “fue extenso y de alta intensidad”, según informó La Tercera.

Al responder la demanda, ella calificó la suma como “abusiva”, al no existir la adjudicación concreta de un solo bien. Y adjuntó un informe financiero del experto Fabián Ormeño, citado por DF MAS, que estimó que se le generó un daño patrimonial, dado que –según el acuerdo que ahora pide anular– debería pagarle $570 millones a su hermano Marcos, más $2.488 millones por impuesto a la herencia.

Pinochet Hiriart: Jacqueline contra Marco Antonio

El conflicto es entre Jacqueline –la menor de los cinco hijos y regalona de Augusto Pinochet– y Marco Antonio Pinochet Hiriart, contra quien ella se querelló por apropiación ilegítima de los arriendos de propiedades que son parte de la herencia dejada por el padre, publicó La Tercera.

Declarada admisible por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, la acción judicial relata que entre los bienes hay ocho propiedades –un departamento en Vitacura, la casa de Los Boldos en Santo Domingo, la parcela de El Melocotón en San José de Maipo, y casas en la playa– que no pueden venderse, debido a que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó la prohibición de celebrar actos y contratos, lo que fue acogido por el Vigésimo Primer Juzgado Civil de la capital, pero la Corte Suprema autorizó a la sucesión a ponerlos en arriendo.

“Luego del fallecimiento de su padre, su madre dio mandato de administración a su hermano Marco Antonio, mandato terminado por expresa disposición de la ley con fecha 16 de diciembre de 2021″, plantea la querella.

Jacqueline acusa en el escrito que “nunca se ha rendido cuenta de ninguna naturaleza” y que, a la muerte de Lucía Hiriart, el 16 de diciembre de 2021, se enteró de que varias de las casas habían sido arrendadas. “Nunca ella lo autorizó, mucho menos recibió dinero por ello” y, pese a sus esfuerzos por obtener documentos con información fidedigna, “estos siempre fueron rechazados, con insultos y descréditos de diversa naturaleza que, por lo general, apuntaban a la situación familiar de la querellante, sus relaciones interpersonales y el supuesto favoritismo del que se le acusaba sin existir razón alguna para ello”.

Apunta a que Marco Antonio se ha quedado de forma indebida con más de $160 millones solo por un inmueble, por lo que el perjuicio para ella y el resto de los hermanos podría ser aún mayor.

Asimismo, la querella dice que este le ha negado desde 2019 el acceso a la hacienda de Los  Boldos, donde está la capilla en la cual se encuentran los restos de sus padres, mediante amenazas y órdenes directas a los cuidadores, “coartando de forma arbitraria la posibilidad de visitar los restos mortales de sus padres”.

Santa Cruz: nietos acusan exclusión

Un caso de vaciamiento patrimonial alegan los cuatro nietos del fallecido empresario Jaime Santa Cruz López, socio de Lipigas, Pesquera Blumar, AD Retail (hoy ABC S.A., tras la fusión con La Polar) e Idea Inmobiliaria. Su madre, María Isabel Santa Cruz Negri, murió en 1997, cuando su hija mayor tenía 14 años y el menor, 4.

Acusan haber sido excluidos de la herencia que les correspondía por su madre y, asesorados por los abogados Pedro Pablo Gutiérrez y Juan Francisco Asenjo –de GWJA–, pidieron la exhibición de documentos contables. Aunque no hubo entrega de antecedentes, en 2022 presentaron una demanda en contra de 29 personas naturales y jurídicas por haber ejecutado operaciones que implicaron una disminución indebida de la herencia de su abuelo y solicitaron que no se considere una serie de actos mediante los cuales sus tíos Juan Pablo, Jaime, Andrés y Pola Santa Cruz Negri se hicieron del patrimonio del patriarca, fallecido en 2020.

Uno de los tíos, junto con informar a sus sobrinos Camila, Jacinta, Josefa y Francisco Roa Santa Cruz que en 2023 renunció a la administración de dos sociedades que manejaban sus bienes, les comunicó que “como familia hemos estado asumiendo una serie de gastos de vida de ustedes”, como contribuciones, patentes municipales e impuestos anuales, por lo que existía una cuenta por cobrar de $1.000 millones.

En respuesta, plantearon que “siempre han actuado como verdaderos prestamistas de sus sobrinos, hijos de su hermana cuya memoria, se suponía, respetaban”.

Asesorados por el abogado Santiago Montt Vicuña, socio de Montt Group, los tíos contestaron la demanda a fines de 2024: “El libelo constituye una clara e interesada tergiversación de los elementos y requisitos de este tipo de acción con el objeto de encubrir el no ejercicio de otras acciones que se encuentran largamente prescritas”.

Los nietos replicaron que su abuelo acumuló un gran patrimonio durante su vida, pero “falleció con bienes significativamente menores en comparación con los que poseía en su etapa productiva”. En el testamento solo había una cuenta por cobrar de Jaime Santa Cruz López en contra de sus cuatro hijos, que ellos tendrían que pagar, ya que le compraron al padre la sociedad Santegri, el holding de sus negocios, mientras él estaba vivo.

Durante los próximos 30 días las partes deberán presentar sus pruebas.

Los Posada de Transex: hermana reclama su parte

Una hija consideró que fue desheredada del patrimonio de su padre Francisco Posada Copano, fundador de la empresa de hormigones y cementos Transex. Alejada del patriarca, para evitar someterse a decisiones que consideró injustas, con el tiempo se fue a vivir a Hawái. Volvió temporalmente a Chile cuando enfermó su padre, quien murió el año pasado sin dejar testamento.

Defendida por José Clemente Coz, socio de Coz Vial & Blavi, Pamela Posada Alé calcula que podría recibir unos US$ 2 millones de una fortuna estimada en unos US$ 600 millones, sumando Transex, campos y sociedades inmobiliarias. Lo que habría ocurrido por el traspaso en vida de sociedades del padre a sus otros tres hijos –Francisco, gerente general de TX (morteros, premezclados y aditivos para la construcción); Macarena, gerenta general de Cementos Transex; y José Miguel, conocido como “Josito”, dueño del gimnasio Synchronicity–, quedando como únicos bienes a disponer dos casas, acciones y autos.

El abogado Coz solicitó la exhibición de documentos para demostrar donaciones encubiertas en favor de sus tres hijos y el tío Ricardo Posada Copano, socio de Transex, la designación de un partidor y un administrador del patrimonio mientras se hace la división, una “acción de indignidad para suceder” para que el juez declare que los tres hermanos no tienen derecho a heredar, y un inventario de los bienes del domicilio del padre.

Pamela relata en las acciones judiciales que, cuando murió el patriarca, fue contactada por Juan Eduardo Duhart Peña, abogado de sus hermanos, para iniciar los trámites de sucesión. “Mi representada fue informada que, en los hechos, había sido desheredada, que su padre había transferido prácticamente la totalidad de sus activos en vida a Francisco, Macarena y José Miguel (…). Tan deliberado y grosero fue este esfuerzo que el propio abogado señor Duhart se preocupó de recalcarle a doña Pamela que todas las transferencias de activos de valor se habían realizado hace más de diez años, por lo que ella no tenía manera legal de objetar o revertirlas”, plantea uno de los escritos del abogado Coz.