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Elaborada por El Mostrador con imágenes de Agencia UNO
“Lo que primó fue el derecho”: defensa del fiscal Cooper celebra fallo unánime de la Suprema
Matías Insunza, abogado del fiscal regional de Coquimbo, valoró la contundencia de la resolución del máximo tribunal, que rechazó por unanimidad la solicitud impulsada por diputados oficialistas tras el allanamiento al domicilio de Karol Cariola.
La decisión fue categórica. Este lunes, el pleno de la Corte Suprema rechazó por unanimidad la solicitud de remoción del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, presentada por un grupo de parlamentarios oficialistas a raíz de su actuación en la causa conocida como “caso Sierra Bella”. Y este martes 29 de julio, el abogado defensor del persecutor, Matías Insunza, valoró -en diálogo con El Mostrador- la señal institucional enviada por el máximo tribunal: “Lo que aquí primó fue el derecho”.
“Un tribunal como la Corte Suprema, que es por excelencia el encargado de aplicar el derecho, desestimó por la unanimidad de sus 16 miembros presentes esta solicitud, porque jurídicamente no procedía. La prueba presentada por los requirentes fue completamente escasa e insuficiente. Por el contrario, la prueba ofrecida por nosotros como defensa fue contundente y demostró que los hechos no ocurrieron como se planteaba en el requerimiento”, comentó el abogado.
La audiencia clave se celebró el 28 de julio. Durante casi una hora, los ministros que conforman el Pleno escucharon los alegatos de ambas partes. Mientras la abogada Karinna Fernández, en representación de los diputados del Partido Comunista y el Frente Amplio, acusaba a Cooper de negligencia al ordenar una incautación de dispositivos a la diputada Karol Cariola (PC) el mismo día en que ella daba a luz, la defensa rebatía punto por punto las acusaciones, cuestionando la solidez del requerimiento.
“Estamos todos conformes porque la verdad es que el requerimiento tenía una prueba de muy poco peso. Eran solamente dos testimonios (El senador Tomás de Rementería, pareja de Cariola, y la exalcaldesa Irací Hassler) y un documento”, destacó Insunza. Consultado por los detalles de la decisión de la Corte Suprema, que serán publicados “en los próximos días”, el abogado sostuvo que la unanimidad de los ministros “da cuenta de la contundencia de nuestra presentación, no sólo del lunes, sino durante todas las audiencias del juicio”.
Matías Insunza apuntó directamente a una motivación política de los requirentes, y subrayó que el caso constituye un precedente sobre los límites de la fiscalización parlamentaria frente al actuar judicial. “Aquí, finalmente, 10 diputados optaron por salir a defender a una parlamentaria que fue objeto de una orden judicial dictada por un tribunal de la República. Como no pueden cuestionar fallos directamente por mandato del artículo 76 de la Constitución, lo hicieron de forma oblicua, atacando al fiscal que ejecutó la resolución”, acusó.
El defensor del fiscal Cooper también resaltó que los mismos parlamentarios, antes de presentar el requerimiento ante la Corte Suprema, habían intentado anular la diligencia de incautación, pero se desistieron de esa acción. “Ni siquiera ellos en sede judicial habían peleado esto. Aun así, fueron a pedir la remoción de un fiscal. Es francamente una petición temeraria”, sentenció.
En conversación con El Mostrador, Insunza relató que fue él mismo quien le comunicó el resultado a Cooper apenas salió el veredicto. “Lo llamé de inmediato. Después hablamos con más calma en la tarde. Estaba tranquilo, satisfecho con el resultado”, contó.
Desde su entorno, ya el lunes temprano se transmitía confianza en que el fiscal saldría airoso. Cooper siguió la audiencia desde Coquimbo, convencido de que había actuado dentro de la legalidad y respaldado por una trayectoria de 25 años en el Ministerio Público. La decisión de la Suprema, además, lo confirma: no hubo sumario en su contra, ni tampoco reproche judicial previo a la solicitud de remoción.
La resolución, cuya sentencia íntegra se conocerá en los próximos días, marcaría el cierre de una fallida ofensiva del oficialismo. Tal como ocurrió en los anteriores casos de los fiscales Emiliano Arias, Marcela Cartagena y Xavier Armendáriz, la Corte Suprema volvió a cerrar filas ante intentos de remoción impulsados desde el Congreso. Hasta ahora, solo una fiscal ha sido efectivamente destituida: Esmirna Vidal, en 2005, en el marco del caso Lavandero.
