Ayer se llevaron a cabo los alegatos en el Tribunal Constitucional luego que Julio Ponce Lerou, controlador de SQM, abriera, a través de su sociedad Pampa, una arista en esta instancia para detener el ingreso de los chinos de Tianqi a la propiedad de la minera no metálica. Más allá de ese debate, que ampliamos en nuestra edición de hoy, en las últimas dos semanas algunas personas han defendido la llegada de los capitales chinos a la industria del litio.
No nos referimos a los ejecutivos de Tianqi o sus abogados que, mediante entrevistas y escritos, han defendido su posición, sino a terceros ajenos a la operación.
El 15 de octubre, el ex consejero del Banco Central, Enrique Marshall, hizo un llamado al principio de no discriminación, en torno a no ser absolutista con la llegada de capitales extranjeros al país, esto en carta a El Mercurio.
El fin de semana el debate se encendió, mediante columna, cuando el senador Felipe Kast criticó en el mismo matutino el arribo de Tianqi a la minera. “Tianqi no quiere operar en un mercado competitivo, y a través de esta operación aumenta su poder de mercado y su capacidad de distorsionar un sector de interés estratégico para Chile”, dijo, y añadió que Tianqi y Albemarle, y ahora Tianqi dentro de Soquimich, pueden llegar a controlar el 70% de la oferta mundial, y elevar artificialmente el precio del litio, algo similar a la estrategia de los países petroleros de la OPEP. «Esto puede ser positivo para las empresas del litio, pero será negativo para Chile y para el mundo entero, en tanto puede amenazar el desarrollo de la electromovilidad: la cantidad producida de litio, y por ende de baterías, será menor que la de un mercado competitivo, y su precio, mayor”, señaló.
Como, literalmente, las cartas estaban sobre la mesa, el domingo el ex subsecretario de Economía Tomás Flores, le contestó que “la FNE y nuestra institucionalidad a favor de la libre competencia chilena han dado sobradas pruebas de independencia, transparencia y capacidad técnica. Resultan contraproducentes opiniones basadas en hechos infundados”.
El último en subirse a la lluvia de opiniones fue el profesor de la Universidad Católica Gustavo Lagos, quien se sumó al debate señalando que las medidas propuestas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia son “insuficientes” para mermar la concentración de la industria.
